Cinco detenidos y quince investigados por el tráfico de más de 41.000 toneladas de basura plástica

La Guardia Civil, dentro de la operación “Finoplast”, ha logrado desarticular una organización criminal especializada en la importación, almacenamiento, transporte y exportación irregular de residuos plásticos hacia diversos países fuera de la Unión Europea. Como resultado de la operación, cinco personas han sido arrestadas y otras quince están siendo investigadas por su presunta implicación en el tráfico ilegal de más de 41.000 toneladas de este tipo de residuos, tanto a nivel nacional como internacional.

La investigación se puso en marcha a finales de 2022, tras localizarse un vertedero no autorizado en una antigua fábrica de ladrillos en la comarca del Bierzo, en León. En este emplazamiento se acumulaban miles de toneladas de desechos plásticos sin las autorizaciones medioambientales exigidas por ley, lo que alertó al Equipo de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

Los agentes constataron que la mayor parte de estos residuos correspondían a materiales plásticos utilizados en el sector agrícola, procedentes de Francia y Portugal. Para su traslado a España, la organización aprovechaba los trayectos de retorno de camiones portugueses de gran capacidad, que descargaban los residuos en instalaciones ilegales situadas en localidades como La Bañeza (León) y Alberic (Valencia), además del propio vertedero en El Bierzo. En total, se calcula que más de 18.800 toneladas fueron transportadas irregularmente desde ambos países hasta territorio español.

Una parte significativa de estos residuos quedaba abandonada en dichos puntos clandestinos, mientras que el resto se exportaba a otros países de forma ilegal. Para burlar los controles aduaneros, los implicados manipulaban la documentación medioambiental o etiquetaban falsamente los residuos como material reciclable. Las investigaciones han permitido detectar al menos 22.785 toneladas enviadas a destinos como India, Vietnam, Turquía, Malasia, Tailandia, Reino Unido, Emiratos Árabes, Brasil, Marruecos, entre otros.

Durante la operación, el Seprona descubrió que la organización contaba con la colaboración de empresas del sector del reciclaje en la provincia de Almería. Estas compañías ayudaban a preparar los envíos en contenedores donde se camuflaban los residuos con una técnica conocida como “la tapadera”, que consiste en colocar balas de plástico limpio en la parte frontal del contenedor para ocultar el contenido real. Esta estrategia dificultaba la detección durante inspecciones visuales rutinarias.

En la Comunidad Valenciana se tomaron muestras de 16 tipos de residuos almacenados, de los cuales 15 contenían sustancias tóxicas, según los análisis realizados por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Barcelona.

En total, la Guardia Civil ha registrado cuatro empresas que actuaban como sedes de 16 sociedades distintas, inspeccionado otras cuatro más y efectuado entradas en dos viviendas particulares. Además, en colaboración con autoridades autonómicas, se han intervenido varios miles de toneladas de residuos en ubicaciones clandestinas.

La operación ha contado con el respaldo del programa europeo “Copernicus”, que proporcionó tecnología para la medición y cartografía de los residuos acumulados de manera ilegal. La Oficina de Gestión y Recuperación de Activos también participa en el análisis patrimonial de los implicados, colaborando con entidades de países como Alemania, Suiza y Reino Unido.

La investigación, coordinada por el Juzgado de Instrucción nº1 de Ponferrada y la Fiscalía de Medio Ambiente de la misma localidad, ha resultado en el ingreso en prisión provisional del supuesto cabecilla del grupo. La autoridad judicial ha emitido un total de 21 órdenes europeas de investigación, permitiendo a la Guardia Civil llevar a cabo actuaciones en España y colaborar de forma simultánea con las fuerzas de seguridad de Francia y Portugal, así como con organismos europeos como Eurojust y Europol.

En esta compleja operación también han intervenido otras unidades de la Guardia Civil, como el Servicio Cinológico, la Unidad de Seguridad Ciudadana, el Servicio de Información de la Comandancia de León y distintas secciones del Seprona en Valencia, Almería y Tenerife. La colaboración de organismos medioambientales nacionales y autonómicos, como el Ministerio para la Transición Ecológica y la Junta de Castilla y León, ha sido clave para el desarrollo de los informes técnicos que han sustentado las actuaciones judiciales.