
Sumar quiere que el Congreso inste al Gobierno a autorizar el uso de los ahorros municipales para la “compra masiva” de vivienda construida para el parque público. Los de Yolanda Díaz incluyen esta medida en el marco de su proposición no de ley “por una segunda descentralización del Estado para garantizar el derecho a la vivienda”, que se debatirá y votará el próximo miércoles en la Comisión de Política Territorial del Congreso.
La iniciativa sin rango de ley, impulsada por Compromís, del grupo plurinacional de Sumar, insta además al Ejecutivo a elaborar un nuevo proyecto de Ley de Bases de Régimen Local que permita una “segunda descentralización y la mejora de los servicios públicos”. También, a presentar “de forma urgente” una propuesta que derogue la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
En su exposición de motivos, Compromís recuerda la reforma del artículo 135 de la Constitución Española, en el marco de la gran recesión de 2009, para priorizar el principio de austeridad financiera. Más adelante, el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que condiciona el uso del superávit y de los remanentes de tesorería por parte de los ayuntamientos. Por otro lado, impulsó la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que supuso “un empobrecimiento de los servicios públicos, pérdida de capital humano en los ayuntamientos y un importante ataque a la autonomía local”.
La proposición no de ley subraya que, más de una década después de la implementación de dichas normas restrictivas, y a pesar de las diferentes crisis provocadas por la pandemia o la guerra en Ucrania, “seguimos asumiendo los marcos austericidas”. Asimismo, frente a la pulsión recentralizadora, auspiciada por la extrema derecha, Sumar urge a defender una “segunda descentralización del Estado que apueste por el municipalismo y por la proximidad a la ciudadanía para atender mejor las necesidades sociales y mejorar la respuesta de los servicios públicos”.
Los ayuntamientos, con las manos atadas
Para ello, la formación valenciana llama a impulsar una nueva Ley de Bases de Régimen Local y una legislación en materia de Haciendas locales que facilite recursos al nuevo marco competencial local, aboliendo así “toda la arquitectura Montoro [por el exministro de Hacienda popular Cristóbal Montoro]”.
Por otro lado, esta formación destaca la necesidad de alcanzar tanto un nuevo pacto de financiación local como un acuerdo de financiación autonómica, que permita que las entidades locales desarrollen “de forma eficiente y eficaz su nuevo papel”. También, pone el foco en el hecho de que “los ahorros de las arcas municipales duplican la deuda pública municipal, que a pesar de la pandemia, está a niveles más bajos desde 2004, un 1,5% del PIB”, añade la iniciativa.
Para Sumar, los ayuntamientos “no pueden continuar siendo castigados cuando disponen de fondos para poder implementar mejor sus funciones y mejorar la vida de la gente, para asumir marcos austericidas que no han funcionado”. Esta situación coincide en un momento en que la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de los españoles.
En este sentido, además de pedir la intervención regulatoria, instan a “ampliar fuertemente el parque público de vivienda”, una medida que, a priori, suscita mayor consenso en el Congreso. Por ello, “es fundamental que los ayuntamientos puedan disponer del dinero ahorrado, así como de una mejora financiación local, para la compra masiva de casas en todos los municipios, particularmente y de forma urgente aquellos afectados por la DANA”, señala la medida de la formación valenciana.
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