La alcaldesa de un pueblo francés se niega a casar a una mujer con una persona migrante en situación irregular: “Solicito a la policía que se lleve al novio a la frontera”

La controversia en torno a un matrimonio en Bourg-lès-Valence, un pueblo en la región provenzal de Drôme, en el sudeste de Francia, ha captado la atención nacional en el país vecino, donde la oposición a la inmigración ha impulsado a la extrema derecha en las últimas elecciones europeas. La alcaldesa Marlène Mourier ha decidido no oficiar la boda entre una mujer francesa y un hombre tunecino en situación irregular, que estaba programada para este sábado. Mourier ha argumentado que se trata de un “matrimonio de conveniencia” y “manifiestamente insincero”. En declaraciones a la televisión local CNews, de hecho, ha señalado que, si se presentan en el Ayuntamiento, tomará medidas: “Solicito la presencia de las fuerzas del orden para llevar inmediatamente al novio a la frontera”.

El caso ha generado un debate sobre los matrimonios en los que uno de los contrayentes se encuentra en situación irregular. Esto llevó a la alcaldesa a sospechar de las verdaderas intenciones detrás de la unión. Mourier afirmó que el hombre había confesado en una entrevista previa que su intención era casarse “por los papeles”. Sin embargo, la fiscalía, tras una investigación policial, no encontró pruebas suficientes para demostrar la insinceridad del matrimonio, lo que impide legalmente oponerse a la celebración del mismo. Por ello, el fiscal ha ordenado que el matrimonio se lleve a cabo, citando la “libertad de casarse, reconocida como una libertad constitucional fundamental”.

Incluso el presidente Emmanuel Macron se ha pronunciado sobre el tema, calificando la situación como “absurda” debido a las limitaciones del Derecho actual, pero oponiéndose al enlace. Macron expresó su deseo de que el Parlamento examine una propuesta de ley para prohibir el matrimonio de extranjeros en situación irregular. Según el presidente, el Derecho solo permite a un alcalde oponerse a un matrimonio si hay sospecha de que es simulado, pero no ofrece protección suficiente para los alcaldes en estos casos.

El futuro matrimonio, por su parte, ha criticado en los medios franceses que la alcaldesa les haya “estropeado” el que debía ser un día de felicidad. Y niega rotundamente que se trate de un matrimonio de conveniencia. “Estamos en la situación de dos personas que se aman, tenemos muchos proyectos, estamos súper felices”, declaró la futura esposa a la agencia AFP, defendiendo la legitimidad de su relación.

La alcaldesa Mourier ha manifestado su disposición a enfrentar las consecuencias legales de su decisión. “No ha habido una investigación policial” o fue “mal realizada”, ha asegurado. “El fiscal me dijo que si no los casaba, sería procesada judicialmente, ¡que proceda!”, exclamó. Podría enfrentar hasta cinco años de prisión e inhabilitación. “Iremos a explicarnos ante los tribunales, debe permitir liberar la palabra de otros alcaldes”, concluyó Mourier, sugiriendo que su caso podría abrir un debate más amplio sobre la autonomía de los alcaldes en estos asuntos.

El caso de Bourg-lès-Valence no es aislado. En Béziers, otra localidad francesa, el alcalde Robert Ménard también enfrenta un juicio por negarse a casar a un argelino que tiene una sentencia de expulsión y debería abandonar el territorio francés.