Cuando los centros para menores migrantes se convierten en hogar y una oportunidad de futuro: “Cambió mi vida. Había paz”

Cuando Lucía salió de su país, Nigeria, rumbo a España en 2009 apenas tenía 7 años. En su caso, a diferencia de muchos menores migrantes no acompañados que se lanzan al mar en un cayuco en busca de un futuro mejor, llegó en avión junto a su hermano para rencontrarse con su padre, quien residía en Madrid y había solicitado la reagrupación familiar. Sin embargo, la vida de Lucía tampoco fue fácil. Después de sufrir maltrato psicológico y físico por parte de su progenitor durante años, la Justicia le retiró la tutela, por lo que la joven entró en el sistema de protección de menores.

Lucía, que prefiere no revelar su verdadero nombre, estuvo desde los 15 años y hasta los 18 en uno de los centros de acogida de la ONG Accem donde, además de menores migrantes no acompañados, también llegan jóvenes que han sufrido maltrato, abandono o negligencia en sus cuidados por parte de su familia biológica. Para Lucía el centro de acogida de Guadalajara se convirtió en el hogar que nunca había tenido, pues fue allí donde por primera vez recibió protección y ayuda después de unos años “muy complicados en casa”.

“Todo cambió cuando llegué al centro, mi manera de ser, de expresarme, y también a nivel académico. Allí había paz y había amor, porque se notaba la dedicación de los educadores“, cuenta a Infobae España la joven, cuyo padre “ni siquiera la dejaba asistir a competiciones deportivas”. Ahora tiene 22 años y confía en poder estudiar el próximo curso el grado superior de Integración Social para poder brindar a otras personas en riesgo de exclusión social ese mismo apoyo que ella recibió.

En el centro de Accem Lucía se dio cuenta de que “su vida podía cambiar a mejor”. Hasta que llegó a España no sabía qué suponía “pertenecer a una minoría” y sentirse diferente, relata, por lo que su paso por el colegio y el instituto no fue un camino sencillo. Por eso no quiere ni imaginar cómo debe sentirse un menor migrante que ha decidido subirse solo a una embarcación precaria con el objetivo de alcanzar en España nuevas oportunidades “sin conocer el idioma, sin conocer a nadie”. “Tiene que ser horrible. Todos necesitamos a alguien que nos ayude, que nos pueda orientar y eso lo pueden proporcionar los centros como en el que estuve”, reflexiona.

Y es que muchos de los menores migrantes que llegan sin su familia a España huyen de contextos de violencia, pobreza extrema o abuso, y en este tipo de centros no solo se les ofrece alojamiento y alimentación, sino atención sanitaria y acceso a educación, algo que muchos de ellos no han tenido durante su trayecto migratorio, si bien no siempre se logra que estén del todo protegidos o que sus necesidades biológicas, afectivas y sociales se vean cubiertas. La falta de medios y la saturación de los servicios, sobre todo en los últimos años tras un aumento de las llegadas, dificultan la labor de los trabajadores, que no pueden ofrecer una atención de calidad.

Pese a los problemas, el objetivo de este tipo de dispositivos, explica Víctor Paz, coordinador de centros de menores de Accem en Castilla-La Macha y director del hogar en Guadalajara, es proporcionar a estos jóvenes un entorno seguro y herramientas para una mejor integración social. “Nosotros cumplimos una función de dotarles de estabilidad. Por un lado, a nivel emocional y, por otro, que les permita cubrir sus necesidades básicas en el día a día. Les acompañamos en un desarrollo y crecimiento personal en los distintos ámbitos de su vida como el formativo, porque muchas veces no han podido tenerlo en sus familias de origen”.

Para ello, agrega, cuentan con educadores y recursos, tanto internos como externos, ya que a estos últimos se les deriva cuando es necesario “paliar problemáticas concretas”. “Sin estos recursos, muchas veces estarían en situaciones emocionalmente muy difíciles, porque han sufrido un daño psicológico grande que no les permitiría desarrollarse en otros ámbitos. Nosotros les aportamos esa estabilidad y esa posibilidad de labrarse un futuro mejor”, señala Paz.

Una vez consiguen esa estabilidad emocional y logran terminar una formación, muchos de estos menores migrantes “empiezan a trabajar y a construir redes sociales”.

De ahí la importancia, señalan en Accem, de que la reforma de la Ley de Extranjería que obliga a las comunidades autónomas a participar en el reparto de menores migrantes no acompañados “se implemente cuanto antes”, pues permitiría aliviar la situación de colapso que viven en zonas tensionadas como Canarias o Ceuta.

“Es urgente que se llegue a un acuerdo por parte del Gobierno central y de todas las comunidades autónomas para implementar ese pacto, porque el problema real y la situación de los menores en Canarias es insostenible. No existen las condiciones para que haya una acogida digna en la que se pongan en el centro los problemas, las necesidades que tienen estos niños”, debido a la saturación de los servicios, explica la ONG, que advierte que estos menores “son doblemente vulnerables, porque son personas migrantes que deben enfrentarse a un proceso migratorio muy duro, haciendo uso de vías irregulares por falta de vías legales y seguras en las que se juegan la vida, y lo hacen siendo niños y niñas”.

Cabe recordar que el Gobierno, que aprobó en marzo la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería en Consejo de Ministros, se reunió el pasado 5 de mayo con las comunidades autónomas para debatir la distribución de los menores migrantes, pero no llegaron a un acuerdo. “Ante la ausencia de propuestas” de las regiones presididas por el PP, el Ejecutivo decidió seguir adelante con su plan y dar un plazo de 10 días a las regiones -hasta el 15 de mayo- para que aporten toda la información sobre el número de menores acogidos en la actualidad.

“Ese pacto debe contar con el mayor consenso político y administrativo posible, porque lo fundamental aquí es que estos niños, niñas y adolescentes puedan ser atendidos en diferentes comunidades autónomas con unas condiciones de acogida que ahora mismo no se pueden dar en Canarias. Además, es una forma también de fomentar la solidaridad interterritorial con las comunidades autónomas”, concluye la ONG.