España vs. Suiza, dos formas opuestas de entender la política: el país alpino tiene 246 políticos asalariados y nuestro país más de 90.000

En un momento en el que la desconfianza hacia la clase política crece en buena parte de Europa, comparar cómo distintos países estructuran su sistema democrático permite entender mejor las causas del desencanto ciudadano. Dos casos extremos ilustran esta contraposición con claridad: España y Suiza. Mientras el país alpino ha apostado por una política austera, cercana y de fuerte implicación ciudadana, el modelo español se ha consolidado sobre una estructura profesionalizada, con escasa participación directa y una clase política que ha convertido la representación en una ocupación casi vitalicia. La comparación entre ambos sistemas evidencia no solo dos formas de ejercer el poder, sino también dos maneras muy distintas de entender la relación entre ciudadanos y representantes.

Uno de los elementos más llamativos del modelo suizo es la baja cantidad de políticos asalariados: tan solo 246 a nivel federal, frente a los más de 90.000 cargos públicos remunerados que existen en España, entre políticos, asesores y personal vinculado a partidos e instituciones. En Suiza, salvo los miembros del Consejo Federal (el Ejecutivo), los cargos electos no perciben un sueldo mensual. En su lugar, reciben dietas por asistencia y compensaciones por su tiempo, que no alcanzan cifras que permitan vivir exclusivamente de la política.

La política en Suiza se considera una tarea ciudadana temporal. La mayoría de los representantes compagina su labor política con sus profesiones habituales, y es habitual que retornen a ellas tras finalizar su mandato. Esto contribuye a reducir el peso de la estructura partidista y favorece un vínculo más directo entre los representantes y la sociedad civil. La ausencia de una carrera política como tal evita la acumulación de privilegios y la creación de burbujas institucionales.

En el lado opuesto, España presenta un sistema político altamente profesionalizado. Los cargos electos suelen mantener trayectorias largas dentro de las instituciones, con salarios por encima de la media nacional y equipos de asesores designados en muchos casos por afinidad política. Según datos recientes del Ministerio de Hacienda, el crecimiento del personal vinculado al aparato político-administrativo ha sido constante, incluso en contextos de contención presupuestaria. Este fenómeno ha reforzado la percepción de que la política, más que un servicio público, se ha convertido en una salida laboral segura y estable.

Las diferencias entre ambos países no se limitan al número de políticos o a su modo de trabajo. También se reflejan en la manera en que el ciudadano participa en las decisiones del Estado. Suiza es considerada uno de los modelos más avanzados de democracia directa del mundo. Cuatro veces al año, la ciudadanía suiza vota iniciativas populares, reformas constitucionales, leyes concretas y decisiones presupuestarias tanto a nivel federal como cantonal y municipal. El resultado es una clase política sometida a una fiscalización continua por parte del electorado.

Este sistema se apoya en tres mecanismos clave: el referéndum obligatorio, el referéndum facultativo y la iniciativa popular. Cualquier reforma estructural, cambio constitucional o decisión relevante debe pasar por las urnas. La implicación del votante no se limita a elegir representantes: actúa también como legislador, auditor y garante del sistema.

En contraste, España funciona bajo un modelo de democracia representativa en el que el papel del ciudadano se restringe, en la práctica, a votar cada cuatro años. Aunque la Constitución contempla el referéndum, su uso es anecdótico. El grueso de las decisiones políticas se adopta dentro de los partidos, y el sistema de listas cerradas refuerza el poder de las cúpulas, restando autonomía al votante. Esta estructura ha favorecido la consolidación de una élite política poco expuesta al control ciudadano directo.

La consecuencia es una desconexión entre representantes y representados, con un sistema blindado ante las presiones sociales y alejado de las dinámicas participativas que caracterizan al modelo suizo. La comparación entre ambos países ilustra no solo una diferencia de cifras, sino dos culturas políticas profundamente divergentes.