El Ejecutivo da más margen a las privadas para que se adapten a la nueva ley que evitará “chiringuitos” y declara la guerra a Ayuso: “El Gobierno de España le va a hacer frente”

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha dado más margen a los centros privados y a los que imparten más del 80% de sus enseñanzas de forma virtual para que se adapten a la nueva ley de creación y reconocimiento de universidades que el Ejecutivo pretende aprobar en junio. Esta nueva norma busca aumentar la calidad de los centros universitarios y frenar “los chiringuitos”, tal como insiste el Ejecutivo. La ministra, Diana Morant, ha señalado que las universidades “tendrán que ponerse las pilas” para poder impartir una enseñanza de calidad y ha reiterado que “nadie tiene que sentirse amenazado” con la nueva ley.

Estas declaraciones guardan relación con la oposición directa del PP. Los gobiernos de Madrid y Extremadura, así como otras comunidades y algunas de las universidades afectadas, ven inseguridad jurídica y creen que el decreto “va contra la Constitución”, según ha denunciado el consejero madrileño Emilio Viciana. En este sentido, la ministra ha avisado este lunes al Ejecutivo madrileño de Isabel Díaz Ayuso de que, al igual que ella ha presentado alegaciones contra el decreto que pone freno a las universidades privadas, el Gobierno “también va a hacer frente” a su ley autonómica de universidades.

Según un nuevo borrador del decreto al que ha tenido acceso EFE y que este lunes analiza el Pleno del Consejo de Universidades que preside la ministra Diana Morant, los plazos para adaptarse a los nuevos requisitos académicos, financieros y de investigación que contempla la norma se han ampliado. En este sentido, los nuevos centros tendrán que superar los 4.500 alumnos en un plazo de seis años, en vez de cinco, desde el inicio de la actividad.

También las universidades y centros que, en la fecha de entrada en vigor del decreto, cuenten con su correspondiente autorización dispondrán de hasta tres años para adaptarse a las nuevas condiciones, mientras que aquellas universidades cuya actividad hubiera comenzado durante los tres años anteriores a la entrada en vigor dispondrán de un plazo de cinco años. En el caso de que aún no tengan autorización, dispondrán de hasta cinco años, en vez de los tres propuestos inicialmente.

No obstante, el nuevo texto mantiene la exigencia de que los expedientes en proceso que aún no han recibido el informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) deban recibir una evaluación positiva de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o de la agencia de calidad autonómica para poder abrir el centro.

El nuevo borrador también acota el tiempo que tienen las agencias de calidad autonómicas y el Ministerio para poder emitir sus informes: en el caso de las primeras -que serían vinculantes- se establece un plazo máximo de un año y en el caso del Gobierno seis meses.

Las universidades que imparten más del 80% de su enseñanza ‘online’ y que están ya activas no estarán sujetas al control de las Cortes Generales para evaluar sus titulaciones oficiales o para recibir acreditaciones institucionales, seguirán dependiendo de las agencias de calidad de la comunidad en la que tienen su sede o en caso de no tener dependerán de la ANECA. Serán los nuevos centros virtuales los que deberán recibir el visto bueno del Parlamento. Este tipo de universidades dispondrán de cuatro años para adaptarse a los nuevos criterios.

*Noticia elaborada con información de EFE