El campo andaluz se levanta contra la construcción de megaplantas solares que provocaría la tala de miles de olivos: “Sería la muerte de la zona”

Un mar de olivos se extiende por un vasto territorio. El verde oscuro predomina en un horizonte en el que no se ve el final. El aceite de oliva, el oro líquido de la región, es el sustento de miles de familias que dedican su sudor a la tierra. Estamos en Andalucía, la comunidad autónoma española con más horas de sol al año, lo que ha provocado que grandes empresas dedicadas a la construcción de proyectos fotovoltaicos posen sus ojos en ella.

La creciente preocupación por la transición hacia la energía verde ha ocasionado que se empiece a mirar hacia un futuro en el que predominen los molinos de viento, las turbinas mareomotrices o las placas fotovoltaicas. Sin embargo, estas estructuras deben situarse en localizaciones estratégicas, lo que puede suponer un perjuicio para la población que se asienta en su área de influencia, la flora y la fauna, los cultivos o el paisaje.

El impacto visual y paisajístico ya está comenzando a ser protagonista en Jaén, donde se augura que el “mar de placas” se impondrá al de los olivos. Solo en la provincia jiennense, famosa por el aceite de sus centenares y centenarios árboles, hay proyectadas 25 megaplantas solares que se situarán donde ahora todo es verde.

De estas, ocho afectan al territorio en el que se ubican los municipios de Lopera, Arjona y Marmolejo, donde muchos de los propietarios han denunciado que se han realizado expropiaciones y talas de olivos. Desde la Plataforma de la Campiña Norte contra las megaplantas fotovoltaicas, que reúne a agricultores damnificados y personas de otros puntos de España, señalan que solamente en la comarca de la Campiña Norte serían arrasadas hasta 1.000 hectáreas de tierra productiva, lo que supone perder 100.000 olivos. Al repetirse esta situación en otros lugares de Jaén e incluso de Andalucía, la cifra se multiplicaría, provocando un gran perjuicio en la zona.

Rafael Alcalá, portavoz de la Plataforma de la Campiña Norte, ha matizado a Infobae España que la iniciativa se centra principalmente en luchar contra los dos proyectos que se situarían en Lopera y los dos de Arjona. “Los cuatro de Marmolejo no los contamos porque tanto sus vecinos como su ayuntamiento han recibido con brazos abiertos las plantas”, recalca.

Tal y como señala Alcalá, las empresas encargadas de los proyectos, Greenalia Solar Power y FRV Arroyadas, “no quieren expropiar, lo que quieren es arrendar”. De esta manera, les ofrecen este proceso a los agricultores de las tierras en las que se quieren instalar las placas, mientras que la expropiación “es la amenaza” si el acuerdo no es fructífero: “Hay un par de agricultores que no soportaron la presión y sí han arrendado; otros son propietarios de muchas hectáreas y no tienen apenas apego a la tierra”.

Como los proyectos tienen menos de 50 megavatios —el límite para que la declaración de impacto ambiental pase a realizarse por el Gobierno de España y no por la comunidad autónoma—, el encargado de valorarlos es la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y no el Ministerio de Transición Ecológica, lo que supone “menos trámites” y plazos más cortos. “Qué casualidad que de los ocho proyectos que se presentan, exceptuando uno que tiene 32 megavatios, todos son de 49,9″, destaca Alcalá.

No solamente eso, sino que desde la Plataforma señalan que se produce una “fragmentación de los proyectos en pequeñas empresas diferentes”: “Pero es que, si tú te vas al terreno y miras dónde está un proyecto y dónde está el otro, resulta que se encuentran a menos de un metro de distancia”.

Desde la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, consultada por este medio, señalan que “la comunidad autónoma tramita en función de la ley eléctrica estatal” y que “la Administración autonómica no promueve ni construye plantas fotovoltaicas, sino que su función es evaluar si los proyectos cumplen la normativa vigente y tramitar los de hasta 50 megavatios de potencia”.

Además, explican que están obligados a “tramitar las solicitudes de Declaración de Utilidad Pública (la que permite las expropiaciones de los terrenos) cuando no hay acuerdo entre promotor y propietario”, y añaden que “del total de las plantas renovables construidas en Andalucía, solo el 0,88% la ha requerido y, de ese porcentaje, la mitad corresponde a servidumbres de paso”. Por tanto, solamente se habrían necesitado expropiar, según estas declaraciones, menos del 1% de los terrenos.

La Plataforma niega este dato, que define como “engañoso” en una carta enviada al consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pachecho Monterreal. Señalan que los porcentajes ofrecidos no reflejan aquellos “propietarios que firman arrendamiento para no perder sus tierras”: “Eso no es un acuerdo, es una coacción”.

La Plataforma de la Campiña Norte, así como otros movimientos como SOS Rural, han llevado a cabo una serie de protestas para intentar frenar las expropiaciones y la tala de olivos, que han sido cultivados durante generaciones. Con tractoradas, movilizaciones y difusión a través de medios de comunicación (empezando por los locales hasta dar el salto a nivel nacional), se agrupan bajo lemas como “Renovables sí, pero no así”, destacando que la transición a la energía verde debe hacerse sin perjuicio del campo que les da el sustento.

El próximo martes 13 de noviembre, ambas asociaciones visitarán la zona cero de la tala de olivos en Lopera, donde se reunirán con los damnificados. Además, el miércoles 14 SOS Rural entregará en la sede del Parlamento de Andalucía más de 25.000 firmas recogidas para salvar los olivos centenarios, que ven amenazados por la instalación de las placas solares.

Su lucha contra este conflicto que afecta a cientos de agricultores les ha llevado a interponer una denuncia por posibles delitos contra la flora y la fauna y prevaricación ambiental. Esta se dirige contra las empresas promotoras de los proyectos, Greenalia Solar Power y FRV Arroyadas, y las delegaciones provinciales de Economía y de Medio Ambiente de Jaén, y ha sido admitida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Andújar, que ha abierto diligencias.

El olivar sobre el que ahora se han proyectado las placas fotovoltaicas estaba hace unos meses propuesto para ser declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO, una cuestión que sorprende mucho a Rafael Alcalá: “Casi coincide la caída de la iniciativa con la llegada de las plantas fotovoltaicas, que ya estaban proyectadas desde hace muchos años. Estas empresas llevaban tiempo dando vueltas por la zona”. Sin embargo, comenzaron a surgir oposiciones a la candidatura, ya que en “poblaciones importantes donde gobernaba cierto partido” se argumentaron aspectos como que “no te iban a dejar usar tus tierras, lo que fue asustando a los agricultores”. Ahora asegura que se están arrancando olivos que hace unos meses estaban propuestos para ser Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO: “Nos queda claro cada vez más que los intereses políticos vinculados a los lobbies energéticos están muy, muy relacionados. Aquí hay que acusar siempre directamente: pues, en este caso, al PP”.

La recolección de la aceituna es un sector clave para la economía de la región, por lo que Alcalá señala que la construcción de estas megaplantas solares “supondría la muerte de la zona”. La gran cantidad de proyectos que hay ideados por toda Andalucía son una amenaza para el modo de vida al que están acostumbrados cientos de agricultores y que les da sustento: “Estamos hablando de cientos de proyectos por toda Andalucía, pero el nuestro es el único que está saltando a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque se han encontrado con resistencia. No hay ruido, no se oye nada porque nadie se queja”.

La tala de miles de olivos supone una seria pérdida económica de los cooperativistas, de los agricultores y de los jornaleros que trabajan cada año en la aceituna: “Lopera y sus vecinos dejarían de ingresar en torno a 3.200.000 euros”, señala Alcalá a partir de los datos recogidos por peritajes y estimaciones de la cooperativa local.

Además, estos olivares centenarios han sido trabajados durante años, por lo que su desaparición es un problema para el arraigo de las nuevas generaciones en su propia tierra: “Los agricultores que ya tienen cierta edad y están cerca de la jubilación saldrían adelante con ello, pero sus hijos tendrán que buscarse la vida de otra manera”.

Los promotores del proyecto señalaban que las placas se encargarían de aportar esos puestos de trabajo, una cuestión que Alcalá niega: “Lo que no dicen es que esos miles de puestos de trabajo lo dan en China, porque ninguna de las placas que vienen aquí se fabrican en España. Luego, la construcción aquí dura solo tres meses”.

A la pérdida económica se suma la de la tradición, pues estos árboles centenarios se han convertido en símbolo de Andalucía y de su paisaje, que sufriría una modificación radical si la tala de olivos que hay proyectada se lleva a cabo. Choca así el avance descontrolado hacia las energías renovables y la lucha de los agricultores de proteger sus tierras y su modo de vida. “Sin olivos desaparecerá Jaén”, señala en su carta la Plataforma de la Campiña Norte: es su patrimonio cultural y natural, su historia, su tierra y sus raíces, es el relato de toda una vida dedicada al campo que ahora se ve amenazada por lo que señalan como un conjunto de intereses políticos y económicos en torno a la energía verde.