Kent Edwards lleva 10 años viendo cómo su negocio se desmorona lentamente. Durante casi cuatro décadas, este empresario de Houston se ha dedicado a dirigir Motocars Limited, un taller especializado en restauración de coches clásicos y de lujo, ubicado en Hempstead Road. En su mejor momento, las instalaciones estaban llenas de vehículos esperando su turno para ser reparados o restaurados. Sin embargo, a día de hoy, el espacio está vacío prácticamente siempre. ¿El motivo? Unas obras en la carretera frente a su local que parece que va a durar eternamente.
“Para mí, esta pesadilla se remonta a 2015″, ha relatado Edwards en declaraciones al medio estadounidense MoneyWise, al explicar la situación que lo ha llevado a presentar una demanda contra el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT). El empresario busca una compensación económica por los daños sufridos a lo largo de una década de interrupciones y obstáculos provocados por los retrasos en las obras.
“Ni venderlo ni alquilarlo. No puedo hacer nada con él”
Además, Motorcars Limited no es el único afectado. Edwards también poseía un local comercial al otro lado de la calle, que tuvo que vender cuando sus inquilinos comenzaron a marcharse, incapaces de sostener sus negocios en una zona casi inaccesible para los clientes. “No puedo venderlo. No puedo alquilarlo. No puedo hacer nada con él”, se ha lamentado sobre su taller.
La denuncia presentada es por lo que en Estados Unidos se conoce como condena inversa, una figura legal que permite reclamar al Estado compensaciones por el uso o impacto sobre propiedades privadas sin que haya habido una expropiación formal. En este caso, el impacto económico es evidente, según Edwards: no solo ha perdido clientela, sino también oportunidades de rentabilizar o vender su propiedad.
Mientras tanto, el Departamento de Transporte de Texas también afronta sus propios costes. Según información difundida por KHOU y recogida por el medio citado, cuando una obra se retrasa, el Estado puede aplicar penalizaciones económicas a las empresas contratistas responsables.
En el tramo de Hempstead Road, estas penalizaciones ascienden a 1,7 millones de dólares. Sin embargo, los informes muestran que TxDOT frecuentemente revierte estos cargos, y devuelve el dinero a los mismos contratistas. En los últimos tres años, el Estado ha cobrado 88 millones de dólares por daños y perjuicios derivados de retrasos, pero ha devuelto 39 millones. Esto ha hecho que, en algunos casos, haya anulado prácticamente el coste real para las constructoras.
“Si no hay consecuencias por los retrasos, seguirán produciéndose”
Desde organizaciones civiles como Public Citizen, el problema es evidente. “Debería haber consecuencias”, ha señalado Adrian Shelley, representante del grupo, en declaraciones a KHOU. “Si no hay consecuencias por los retrasos, seguirán produciéndose, ¿no? Así de sencillo”, ha matizado.
Por su parte, el director ejecutivo de TxDOT, Marc Williams, asegura que su departamento exige responsabilidades a los contratistas y que los reembolsos están justificados cuando las empresas presentan causas legítimas, como condiciones meteorológicas adversas. “Trabajamos muy duro para que esos contratistas rindan cuentas”, ha afirmado, añadiendo que “queremos que los proyectos se hagan bien, que se hagan a tiempo, pero también somos justos”.
No obstante, para Kent Edwards, esa supuesta equidad no se traslada a los pequeños empresarios. “No me parece aceptable en absoluto”, ha expresado. Y es que, en otras ciudades de Texas se han puesto en marcha programas para mitigar los efectos de las obras públicas en el comercio local.
El Ayuntamiento de San Antonio, por ejemplo, ha destinado 1,4 millones de dólares a ayudas para cubrir gastos operativos y publicitarios de negocios ubicados en zonas en construcción. Estos fondos buscan mantener a flote a los emprendedores mientras se completa la infraestructura.
Además, organizaciones como la Small Business Anti-Displacement Network proporcionan herramientas para que los empresarios gestionen mejor este tipo de crisis. Ofrecen asesoramiento para acceder a créditos, incentivos fiscales y mecanismos legales de protección para los locales comerciales frente a desplazamientos forzados o cierres derivados de obras.
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