Los otros 300 campos de concentración que no investiga la Fiscalía y que recluyeron a los españoles durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura

El pasado lunes, la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática anunciaba la apertura por primera vez de diligencias de investigación para esclarecer “las responsabilidades pertinentes y la existencia de una posible estrategia” entre la dictadura de Francisco Franco y el régimen nazi. El objetivo es esclarecer el papel de ambas dictaduras en el traslado de miles de españoles, que permanecían en el exilio en Francia tras la Guerra Civil, a diferentes campos de exterminio.

Según detalla un comunicado de prensa, la fiscal de sala solicitó al fiscal general liderar esta investigación “tras tomar conocimiento” del expediente para la inscripción de la defunción de los 4.435 españoles asesinados. La mayoría habían sido llevados a los campos de concentración de Mauthausen, en Austria, y Gusen, en Alemania, donde “fueron sometidos a trabajos forzados, tortura, desaparición y asesinato”. Se investigarán sus vidas y sus muertes en el suelo de la Alemania nazi como víctimas de ambas dictaduras. Sin embargo, las vivencias de los españoles que estuvieron en los más de 300 campos de concentración que se establecieron en España durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura franquista seguirán sumidas en el olvido.

En Los campos de concentración de Franco (2019), el periodista Carlos Hernández desempolva esta parte del pasado olvidado, tras una investigación que le llevó a estimar que fueron entre 700.000 y un millón de personas las que estuvieron recluidas en estos recintos. En conversación con Infobae España, explica que “la historia de las víctimas del franquismo ha quedado aún más olvidada que las víctimas del nazismo”, aunque en el caso de esta investigación que ahora abre la Fiscalía, los verdugos fueron los dos regímenes.

“Toda la represión franquista quedó amparada por ese manto de silencio que impuso la Transición. Y ahí hay que meter, evidentemente, los campos de concentración franquistas”, detalla el periodista que denuncia que, a pesar de haber 300 campos identificados y documentados, solo haya una quincena de placas informativas o de homenaje a los prisioneros.

Andalucía fue la región que albergó más de estos campos, con un total de 52, seguida de la Comunidad Valenciana con 41, Castilla-La Mancha con 38, Castilla y León con 24, Aragón con 18, Extremadura con 17, Madrid con 16, Cataluña con 14, Asturias con 12, Galicia y Murcia con 11, Cantabria con 10, Euskadi con 9, Baleares con 7, Canarias con 5, Navarra con 4, La Rioja con 2 y Ceuta, junto a las antiguas colonias españolas en el norte de África, con 5.

A pesar de estar repartidos por todo el territorio nacional, la mayoría de los españoles desconocen esta realidad que queda fuera de los libros de historia con los que se estudia en las aulas. Muchos se sorprenderían al saber que viven cerca de donde se situaban estos espacios de represión. “Han sido algunos ayuntamientos, algunas comunidades autónomas, especialmente el País Vasco, Cataluña y Navarra, las que se han preocupado de identificar algunos de estos lugares junto con otros sitios de represión. Pero en el resto del país, prácticamente ninguno”, denuncia.

Para Hernández, uno de los casos más paradigmáticos es el del campo del Rayo Vallecano en Madrid: se levanta en el mismo lugar donde existía un campo de concentración que se instaló en el estadio del Puente de Vallecas. Allí hay una placa, pero no la pusieron el Ayuntamiento ni el club. “La colocó un grupo de aficionados del Rayo por iniciativa propia, sin autorización ni siquiera del club”, cuenta.

Esta situación, asegura, se extiende a todo el país: “Tenemos colegios donde estudian nuestros hijos, estadios donde asistimos a conciertos, a partidos de fútbol, plazas de toros, donde hay todo tipo de eventos, monasterios, monumentos, conventos que visitamos, incluso hoteles de lujo como el Parador de San Marcos en León o el Parador de Lerma, en la provincia de Burgos, que fueron campos de concentración. Allí llevamos a nuestros hijos, nos alojamos y divertimos sin saber lo que ocurrió”.

Para el periodista, que ha basado buena parte de su carrera en dar a conocer la historia de los españoles deportados a los campos nazis y que hace diez años publicó Los últimos españoles de Mauthausen, la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía es una muy buena noticia que “llega tarde, pero mejor tarde que nunca”.

Su investigación no es un hilo del que tirar, es una pieza ya hilvanada. En más de 500 páginas recopila pruebas de la implicación “directa e indirecta” de Franco en la deportación y muerte los españoles en los campos de concentración nazi. “Contamos con numerosa documentación que demuestra que Franco tuvo no sólo conocimiento de que Hitler iba a deportar a esos españoles a los campos nazis, sino que los deportó precisamente porque él se lo pidió”, explica.

“La mayoría de los prisioneros que acabaron en los campos nazis estaban en campos para prisioneros de guerra, porque habían sido capturados junto al ejército francés cuando las tropas de Hitler invadieron Francia en mayo y junio de 1940. Allí, dentro de un orden, no estaban maltratados. Fue a raíz de las conversaciones entre el régimen franquista y la cúpula del Tercer Reich, especialmente en una visita de Ramón Serrano Suñer, mano derecha de Franco, ministro de la Gobernación y de Asuntos Exteriores, a Berlín en septiembre de 1940, cuando el Reich ordena a la Gestapo identificar a los prisioneros españoles, para subirlos a trenes de ganado y enviarlos a Mauthausen para ser eliminados”, detalla. Y matiza que “es una de las pruebas más evidentes, pero no la única”. Solo queda seguir tejiendo.