El recorte del subsidio para mayores de 52 años aceleró la reinserción laboral, pero con un coste: salarios más bajos

En julio de 2012, el Gobierno liderado por Mariano Rajoy aprobó una modificación que pasó casi desapercibida en comparación con la mediática reforma laboral de febrero del mismo año: el incremento de la edad mínima para acceder al subsidio para mayores desempleados de 52 a 55 años. Esta medida, introducida sin previo aviso, tuvo un impacto directo sobre unos 52.000 trabajadores que se vieron excluidos de este apoyo económico, cifrado entonces en 430 euros mensuales de duración indefinida para personas sin rentas y mayores de 52 años que hubieran agotado la prestación por desempleo.

Un estudio llevado a cabo por los economistas Gerard Domènech Arumí y Silvia Vannutelli, elaborado a partir de datos administrativos de la Seguridad Social, expone los efectos de esta reforma a través de casos ficticios como el de Juan, un trabajador que, tras perder su empleo en 2010 con 50 años, confiaba en acceder al subsidio al agotar su prestación contributiva. Con la nueva normativa, y tras cumplir 52 años, Juan se encontró con que ya no cumplía los requisitos. Apenas le restaban 15 días de paro cuando se enteró de la reforma, y su trayectoria cambió de forma abrupta: en lugar de contar con una ayuda estable hasta la jubilación, debió enfrentarse a un mercado laboral extremadamente deteriorado, sin red de seguridad a largo plazo.

El estudio, compartido en el blog Nada es gratis, confronta la situación de trabajadores como Juan con la de personas de características similares que sí conservaron el derecho al subsidio por haber cumplido ya los 55 años, como es el caso ficticio de David. La metodología aplicada, basada en un modelo de diferencias en diferencias, ha permitido a los investigadores medir el impacto de la reforma como si se tratara de un experimento natural, aislando así el efecto del cambio normativo de las fluctuaciones económicas generales.

Los resultados indican que los trabajadores que se quedaron fuera del subsidio accedieron al mercado laboral con mayor rapidez: 150 días antes en promedio que aquellos que mantuvieron el acceso a la ayuda. El recorte, en este sentido, tuvo éxito al reducir la duración del desempleo. Sin embargo, esta reincorporación al empleo se produjo a costa de aceptar salarios más bajos, según muestran los datos analizados.

Una parte significativa de los afectados por la reforma no volvió al empleo, sino que recurrió a otras formas de asistencia, como la renta activa de inserción o prestaciones por invalidez. Este fenómeno, conocido como program subsitution (sustitución de programas) en la literatura, ha sido documentado en otros países europeos como Austria y Finlandia. En el caso español, fue especialmente común entre los trabajadores más cercanos a los 55 años, que tendieron a “salir” del mercado laboral sin reincorporarse a puestos de trabajo.

El Ejecutivo calculó inicialmente que la medida generaría un ahorro aproximado de 600 millones de euros, lo que equivalía al 12% del ajuste fiscal que Bruselas exigía a España en ese momento. El cálculo contemplaba el coste evitado por no abonar el subsidio indefinido y las cotizaciones asociadas a él. No obstante, este ahorro tuvo efectos secundarios. Al suspender el pago de cotizaciones para jubilación, se produjo un déficit en el sistema de Seguridad Social, basado en un modelo de reparto (pay-as-you-go). El resultado final, según las estimaciones del estudio, fue un ahorro real de solo 140 millones de euros.

Aunque el recorte impulsó la reinserción laboral en términos cuantitativos, la calidad del empleo resultó deteriorada. Los trabajadores afectados aceptaron ofertas con condiciones más precarias y remuneraciones inferiores. Este desenlace era previsible, considerando el contexto de una tasa de paro del 26% y la limitada formación de muchos afectados, lo que reducía sus posibilidades de acceso a empleos estables y bien remunerados.

Ausencia de políticas activas complementarias

Los autores del estudio concluyen que el impacto de la reforma habría sido distinto si se hubiera acompañado de políticas activas de empleo orientadas a los colectivos más vulnerables: trabajadores de baja cualificación y mayores de 50 años. La falta de medidas formativas o de reciclaje profesional limitó las opciones de los desempleados, que se vieron forzados a elegir entre un empleo mal pagado o la permanencia en una espiral de subsidios temporales.

En medio de la peor crisis laboral de la España democrática, el recorte al subsidio para mayores desempleados consiguió reducir la duración del paro y aliviar parcialmente las cuentas públicas. Pero también empujó a decenas de miles de personas a aceptar empleos de menor calidad o a depender de otros mecanismos de asistencia. Como muestra el caso de Juan, la reforma transformó radicalmente el itinerario de vida de muchos trabajadores que, sin aviso ni alternativa, tuvieron que reconfigurar sus expectativas laborales y vitales. La decisión gubernamental tuvo un impacto profundo no solo en los indicadores macroeconómicos, sino en las trayectorias personales de quienes quedaron al margen de un sistema de protección social históricamente frágil.