Nace sin un brazo por la receta de un medicamento prohibido a su madre: el Estado deberá pagarle un millón de euros y una renta vitalicia bimestral

La talidomida es un fármaco que fue sintetizado por primera vez en 1953. En su momento, la farmacéutica suiza responsable de su creación (CIBA) la cedió, al no conseguir los resultados deseados, al laboratorio alemán Chemie Grünenthal, que la desarrolló como un sedante no barbitúrico y empezó a comercializar con ella en octubre de 1957 bajo el nombre de Contergan.

La farmacéutica lanzó una intensa campaña publicitaria de este medicamento, promocionándolo como un fármaco seguro, no adictivo, libre de efectos secundarios, y recomendada para amplia gama de trastornos, desde la ansiedad hasta la irritabilidad infantil pasando por el alivio de náuseas, especialmente en personas embarazadas, lo que aumentó su popularidad.

Esta campaña consolidó su éxito comercial: alrededor del 1959, en Alemania había ya un millón de consumidores regulares. Llegó a exportarse a más de 40 países bajo nombres distintos, mientras que en otros, como en los Estados Unidos, Francia, o la Unión Soviética, no fue autorizado debido a la aparición de neuropatías periféricas (un conjunto de síntomas causado por el daño a los nervios que se encuentran fuera del cerebro y la médula espinal). No fue así en España: se vendió dentro de preparados combinados como Imidan o Notosediv.

De acuerdo con el portal web especializado Pediatría Integral, en aquella época la legislación alemana no exigía controles estatales estrictos para la aprobación de medicamentos. De hecho, es a raíz de la situación que se dio por la comercialización de este fármaco (que no tenía los suficientes estudios preclínicos) que cambiaron las normas en el país: a finales de los años cincuenta, comenzaron a aparecer los efectos secundarios. Pediatras alemanes comenzaron a observar un incremento inusual de malformaciones congénitas, especialmente en extremidades, sin tener muy claro en un principio cuál era la causa. Uno de los primeros en alertar sobre la gravedad del asunto y sugerir un origen exógeno (es decir, por influencia externa) fue el profesor Hans Rudolf Wiedemann, a través de un artículo que publicó en septiembre de 1961 que marcó el primer aviso público sobre lo que acabaría por conocerse como el “síndrome de talidomida”.

Su advertencia impulsó al pediatra Widukind Lenz y a Claus Knapp a iniciar una investigación retrospectiva con el fin de hallar la causa de las malformaciones. Así fue como, a través de entrevistas a las familias afectadas, detectaron el patrón: las madres que habían dado a luz a los niños con malformaciones - conocidas como focomelia y caracterizadas por el acortamiento de extremidades y anomalías en los órganos internos, genitales, oídos y corazón - habían consumido talidomida durante el embarazo. Ambos expertos denunciaron esta realidad a través de una carta publicada ese mismo año 1961 en la que describían la capacidad teratógena (la habilidad de un agente para causar malformaciones congénitas en el desarrollo embrionario o fetal) del fármaco en la revista médica británica Lancet, lo que llevó a la retirada inmediata del fármaco del mercado alemán por parte de Grünenthal y progresivamente en todo el mundo. España fue, de hecho, de los últimos países en prohibirla oficialmente, en enero de 1963.

No pudo frenar las consecuencias: durante esos años se detectó un aumento progresivo en los casos de malformaciones congénitas que no se limitaban a la afectación de las extremidades, sino que también se asociaban a diferentes alteraciones cardíacas, renales, digestivas, oftálmicas y auditivas, con una mortalidad del 40% durante el primer año de vida. A pesar de que se desconoce la cifra exacta de nacimientos afectados por el síndrome de la talidomida, se estima que más de 10.000 niños nacieron con malformaciones relacionadas con la talidomida en todo el mundo.

Así lo estableció el pasado jueves 1 de mayo el Tribunal de Apelación de Turín, que ordenó al Ministerio de Sanidad el pago de un millón de euros a un ciudadano de Alessandria. Según informan desde el medio italiano Il Fatto Quotidiano, el hombre de 58 años pidió una indemnización en 2017 debido a su focomelia unilateral, una anomalía genética que le llevó a nacer sin el brazo izquierdo. El hombre nació en 1967, cuando los antieméticos basados en la talidomida llevaban cinco años prohibidos en Italia. A pesar de esto, a su madre le recetaron Contergan para las náuseas y vómitos provocados por su embarazo. Realmente, muchos médicos continuaron recetando este medicamento a pesar de estar prohibido, y muchas farmacias siguieron vendiéndolo como medicamento sin receta o como preparación galénica (proceso que convierte un principio activo en un fármaco listo para su uso) durante varios años.

Desde el año 2007, el Estado italiano reconoce un subsidio mensual a las víctimas de la talidomida nacidas entre 1959 y 1965, derecho que más adelante se extendió a todas aquellas personas que “presenten malformaciones compatibles con el síndrome de la talidomida”, independientemente de si nacieron más tarde. Fue entonces cuando la mujer, de 58 años en ese momento, demandó al ministerio tras la negativa de la comisión médico-hospitalaria que, a pesar de reconocer la correlación entre la focomelia de su hijo y el consumo de talidomida durante su embarazo, se negó a ponerlo por escrito sin la prescripción médica (recetada 60 años antes) que demostrase que la mujer había tomado el medicamento durante el período de gestación.

En 2023, iniciaron debido a esto acciones legales para obtener también los atrasos acumulados de la indemnización bimestral desde el año 2008. Los jueces fallaron en contra del Ministerio de Sanidad, tanto en primera como en segunda instancia, reconociendo los resultados de las pruebas genéticas a los que se sometió el hombre: tanto el test Array (una herramienta de diagnóstico que permite estudiar el genoma completo de los pacientes, detectando duplicaciones o ausencias de material genético en regiones muy pequeñas de los cromosomas) como la secuenciación genómica descartaron factualmente el origen hereditario de la malformación, en contra de la sugerencia de los expertos del Ministerio de que el hecho de que el brazo izquierdo del hombre no se hubiese desarrollado se debía a una enfermedad genética todavía desconocida. Debido a esto, el hombre afectado por la focomelia unilateral ha visto reconocido su derecho a recibir el subsidio, incluyendo todo lo acumulado desde el año 2008: un total de un millón de euros a los que se suma una renta vitalicia de más de 1.900 euros bimestrales.