Los primeros brotes verdes de la ley de vivienda: más pisos sociales y bajada del alquiler en las zonas tensionadas

La Ley por el Derecho a la Vivienda celebra su segundo cumpleaños sin conseguir el objetivo para el que se aprobó: garantizar el derecho de los ciudadanos a una casa digna. Una meta muy ambiciosa y aún muy lejana. No obstante, se empiezan a vislumbrar los primeros brotes verdes generados por un aumento de la construcción de viviendas públicas a precio asequible y una bajada del alquiler en algunas ciudades declaradas como zonas tensionadas que solicitaron topar el precio de las rentas, entre ellas Barcelona.

Tras dos años de su entrada en vigor, la ley de vivienda se enfrenta contra un muro de hormigón armado difícil de derivar: la escasa oferta de casas en el mercado que dispara los precios y encarece los alquileres. El precio de la vivienda usada cerró abril con una subida del 12% interanual, marcando así un nuevo récord histórico al situar el metro cuadrado en los 2.350 euros, según datos de idealista, mientras que el alquiler el mismo mes remontó un 10% respecto al año anterior hasta pagarse a 14,3 euros el metro cuadrado. Subidas que hacen imposible a muchos ciudadanos el acceso a una vivienda digna.

Para frenar la escalada de las rentas, la ley de vivienda posibilita topar el precio del alquiler en zonas con un mercado residencial tensionado. Para ello, las comunidades autónomas tienen que solicitar la declaración de zonas tensionadas y la mayoría no lo han hecho. La primera que lo hizo y que ha experimentado los beneficios de esta medida ha sido Cataluña. Según la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, los precios del alquiler en Barcelona han caído hasta un 6%, al contrario de lo que ocurre en Madrid, explicó Rodríguez, donde “se decide que no hay que regular y cada uno pone el precio que estima pese a que hay instrumentos para bajarlo beneficiando tanto al inquilino como al propietario”.

Además de topar el precio del alquiler para frenar su subida, el Gobierno se ha propuesto impulsar el parque público de vivienda a precio asequible a través de una nueva empresa pública de vivienda y del Perte para la industrialización de la vivienda, aprobado en el Consejo de Ministros de este martes.

La nueva empresa pública de vivienda se nutrirá de la transferencia de la propiedad o de la gestión de miles de inmuebles de varias sociedades estatales hacia la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes). Con esta iniciativa, el Ejecutivo pretende actuar de forma más activa en el mercado inmobiliario, participando directamente en la promoción, construcción, gestión y comercialización de vivienda pública para incrementar la oferta a precios más asequibles. Para ello, la ministra de Vivienda ha anunciado que en las “próximas semanas” se producirá una licitación de 1.600 viviendas de la empresa pública.

“Enfocar los esfuerzos en la necesidad de más vivienda pública es clave, ya que es donde reside realmente el problema de las subidas de precios”, reconoce María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa. A su juicio, construir más viviendas protegidas sería una de las medidas que ayudarían a sanear el parque, ya que en estos momentos España cuenta con menos del 3,5% de vivienda social. Matos reconoce que “incrementar esta oferta contribuiría significativamente a equilibrar el mercado y facilitaría el acceso a una casa a los colectivos más vulnerables”.

Otra de las bazas con que cuenta el Gobierno para solucionar el problema de la vivienda es el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) de Vivienda para la construcción industrializada. Está dotado con 1.300 millones de euros de inversión pública y el Ejecutivo estima que va a impulsar la producción de 15.000 viviendas industrializadas al año en la próxima década, una cifra que consideran “prudente, pero ambiciosa”.

Esta inversión para la construcción industrializada de vivienda busca promover la vivienda asequible, además de aumentar la construcción de vivienda industrializada y la mano de obra. El Perte forma parte de las 12 medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para mejorar la accesibilidad a la vivienda en España con las que también pretende incrementar la oferta de vivienda, reducir los costes, hacer el sector más sostenible y más eficiente, así como garantizar la seguridad de los trabajadores en la construcción.

Todas estas iniciativas van encaminadas a aumentar el parque de viviendas públicas para acabar con la escasa oferta que hay ahora en España. “La oferta de viviendas en venta sigue reduciéndose y ni la escasa obra nueva que se construye ni el producto que llega del ya casi inexistente mercado del alquiler son capaces de contener una demanda que no deja de crecer”, advierte Francisco Iñareta, portavoz de idealista. Reconoce que el apetito por comprar vivienda sigue siendo alto debido a la expectativa de que los precios no dejen de subir y a los altos alquileres motivados por la escasez de oferta.

Para paliar este problema, considera que hace falta que, “de manera urgente”, se legisle para facilitar y acortar los plazos del desarrollo de suelo y la promoción de nuevas viviendas, ya que “tenemos un importantísimo déficit de viviendas que se va agravando trimestre a trimestre y solo la creación de oferta puede poner fin a la escalada de los precios”.