
Aunque lo más habitual a la hora de hacer el testamento es elegir a los hijos como herederos del patrimonio que se haya acumulado a lo largo de los años, no existe ninguna ley que establezca esta elección como obligación. De hecho, muchas de las disputas que se crean tras el fallecimiento de una persona mayor y la liquidación de su herencia surgen por el descontento de los familiares por no haber recibido el patrimonio que sienten que les corresponde.
Es el caso de Lionel Cox, un jubilado australiano cuyo fallecimiento ha iniciado una batalla legal entre sus familiares y la enfermera que cobró 930.000 euros de su herencia tras haber atendido a sus necesidades en una residencia para personas mayores durante menos de un mes.
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El Tribunal Supremo de Australia ha fallado en contra de Abha Anuradha Kumar, que deberá devolver el más de medio millón de euros restantes de el patrimonio de Cox, que heredó íntegramente tras la muerte por neumonía del pensionista a los 92 años en agosto de 2015, según informa el medio People.
El abogado del primo de Cox, que denunció a la enfermera al considerar que el anciano no habría firmado el testamento estando en condiciones de tomar decisiones sobre el futuro de su patrimonio, aseguró que la receptora de la herencia se había decidido bajo “las circunstancias más sospechosas imaginables”.
Única beneficiaria tras 24 días de cuidados
Cox ingresó en julio de 2015 en Cambridge House, la residencia para personas mayores situada en Collingwood (Australia) que dirigía la ex enfermera. En los primeros tres días de la estancia del pensionista en estas instalaciones, Kumar descubrió que el anciano no contaba con descendencia o familiares de primer grado vivos y que no había redactado aún un testamento al no tener herederos claros, así como que Cox tenía en su propiedad una vivienda en el estado australiano de Victoria.
Poco después, varios medios locales reportan de que Kumar obtuvo un documento tipo de testamento y convenció a dos trabajadores del centro para actuar como testigos en su firma, evitando informar de que ella misma figuraba como ejecutora testamentaria y única beneficiaria.
El día de la muerte de Cox, que llegó menos de un mes después de su entrada a la residencia, Kumar no se encontrada trabajando en las instalaciones, pero solicitó a una empleada que localizase las llaves del inmueble en Victoria del fallecido antes de se retirase su cuerpo. Tras esto, se le asignó como informante de la muerte y se le concedió la gestión de su testamento.
Deberá devolver 510.000 euros
Tras las reclamaciones de los familiares y una citación de revocación por parte del Tribunal Supremo en agosto de 2021, la jueza Melissa Daly retiró a la enfermera el derecho de gestión del patrimonio y producto de la venta de la propiedad inmobiliaria de Cox en noviembre de ese mismo año, alegando que el testamento redactado no se alineaba con los deseos del fallecido.
En 2019, una investigación de la Junta de Enfermería y Obstetricia desveló una serie de malas prácticas profesionales por parte de Kumar que le costaron ser vetada para ejercer como enfermera.
El patrimonio de Cox estaba inicialmente valorado en unos 930.000 euros, aunque este importe disminuyó significativamente al destinarse parte de este a los gastos administrativos y legales vinculados al proceso judicial. Por lo tanto, la ex enfermera se verá obligada a devolver los cerca de 510.000 euros restantes a la familia tras el fallo de la jueza.
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