Un ayuntamiento recibe una carta de dimisión firmada por uno de sus concejales, pero el funcionario niega haberla escrito: ha sido excluido de todos los plenos

Una investigación grafológica ha determinado que la carta de dimisión atribuida a Julien Ruaro, concejal del municipio francés de Coin-lès-Cuvry, no fue escrita por él ni por ninguno de los miembros del consejo municipal. La misiva, recibida por la alcaldesa en enero de 2024, ha provocado la exclusión de Ruaro de la actividad institucional desde entonces.

Julien Ruaro, de 39 años, fue elegido concejal en 2020 tras concurrir como candidato en la única lista presentada en este municipio de unos 800 habitantes, situado a unos diez kilómetros de Metz, en el noreste de Francia. Desde el inicio de su mandato, manifestó desacuerdos con otros miembros del órgano municipal. En 2021, denunció ante la gendarmería posibles irregularidades relacionadas con un proyecto inmobiliario vinculado al primer teniente de alcalde, Régis Gauthier, notario de profesión.

El concejal ha expresado inquietud ante otros asuntos municipales, entre ellos un posible desvío de bienes públicos y decisiones relativas a la gestión de la vía pública. A lo largo de su mandato, ha actuado como representante de una posición crítica en el seno del consejo.

En enero de 2024, la alcaldesa Anne-Marie Linden-Guesdon recibió una carta supuestamente firmada por Ruaro, en la que se anunciaba su dimisión. La carta, compuesta por 44 líneas mecanografiadas y una firma realizada con bolígrafo azul, fue registrada por la alcaldía como un acto formal y aceptada sin contacto previo con el concejal.

Ruaro niega haber escrito o enviado dicha carta y presentó una denuncia por usurpación de identidad. Asimismo, remitió a la alcaldía una declaración jurada en la que afirmaba no haber dimitido. Sin embargo, la aceptación de la carta por parte de la alcaldesa ha tenido como consecuencia directa la exclusión de Ruaro de los debates municipales desde el mes de enero.

A raíz de esta situación, se solicitó un análisis grafológico del documento, incluyendo la comparación con muestras manuscritas del propio Ruaro y del resto de miembros del consejo. En sus conclusiones, el perito indicó que las anotaciones manuscritas, en particular las presentes en el bordereau de envío con acuse de recibo, no fueron realizadas por ninguno de los firmantes habituales ni por el concejal en cuestión. Según el informe, la autoría corresponde a una persona no identificada, externa al grupo analizado.

Pese a los resultados de la pericia, la alcaldesa ha mantenido su decisión de no reincorporar a Ruaro al consejo municipal. Amparándose en la normativa vigente, Linden-Guesdon sostiene que una vez recibida por el alcalde, una dimisión se considera irrevocable. Esta interpretación ha impedido cualquier vía administrativa para revertir el efecto de la carta.

El concejal ha intentado recurrir a la justicia para recuperar su puesto en el órgano municipal. Tras la presentación de dos recursos en el tribunal administrativo de Estrasburgo que fueron rechazados, ha sido convocado a una nueva audiencia en procedimiento de urgencia, prevista para el 13 de mayo. Esta solicitud tiene como objetivo suspender los efectos de la dimisión mientras se estudia el fondo del asunto.

Ruaro confía en que el tribunal acepte su petición de reincorporación temporal, lo que le permitiría asistir de nuevo a los plenos y participar en las decisiones del consejo hasta que se emita una resolución definitiva sobre la validez de la carta.