El Ejecutivo ha tomado las riendas de la gestión de la crisis energética en las ocho comunidades autónomas que han solicitado la intervención estatal ante el apagón eléctrico que las afecta: Comunidad de Madrid, Andalucía, Extremadura, Región de Murcia, La Rioja, Galicia, Castilla-La Mancha y Comunitat Valenciana. Así lo ha comunicado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una declaración tras presidir la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional, celebrada en el complejo de La Moncloa para tratar esta situación de emergencia.
Durante su intervención, Sánchez ha animado a otras comunidades que lo necesiten a solicitar la activación del nivel 3 de Emergencia Nacional, lo que permitiría al Estado asumir por completo la gestión de la crisis en sus territorios.
El precedente de la DANA en Valencia
La idea de activar el nivel 3 del plan de emergencia cobró fuerza a raíz del desastre causado por la DANA que golpeó con dureza a Valencia el pasado 29 de octubre de 2024. En aquel momento, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamó al Ejecutivo la declaración de “emergencia nacional” para que el Estado tomase el control, aunque desde la Generalitat Valenciana no se llegó a solicitar formalmente esa medida.
La activación de este nivel del plan está pensada para situaciones en las que los recursos de una administración autonómica resultan insuficientes, y entonces la coordinación y gestión pasa a depender del Ministerio del Interior. Es la primera vez en la historia de España que se pone en práctica esta herramienta, según ha informado el departamento encabezado por Fernando Grande-Marlaska.
¿Qué supone declarar una emergencia nacional?
La Ley 17/2015 contempla como emergencias de interés nacional aquellas que requieren la coordinación de varias administraciones por afectar a más de una comunidad autónoma, o aquellas cuyo impacto actual o potencial demanda una respuesta bajo una dirección única a nivel estatal.
La competencia para declarar una emergencia de este tipo recae en el titular del Ministerio del Interior. Esta declaración puede originarse tanto por iniciativa del propio ministerio como a petición de una comunidad autónoma. En caso de que Interior actúe por su cuenta, deberá informar a los territorios implicados sin que eso entorpezca la rapidez o eficacia de la respuesta.
Una vez declarada esta emergencia, el Ministerio del Interior asume el mando de la situación. Esto implica coordinar todas las actuaciones necesarias y gestionar los recursos disponibles —ya sean estatales, autonómicos o locales— en la zona afectada. Entre ellos se incluyen medios militares, cuerpos de seguridad o servicios sanitarios.
Además, si la gravedad del episodio lo requiere, el ministro podrá solicitar la colaboración de otras administraciones aunque estas no se vean directamente afectadas. La finalización de la emergencia será decidida por la Dirección del Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil, una vez superadas las causas que la motivaron.
Estructura del Plan Estatal General de Emergencias
El Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil (PLEGEP) define los protocolos para movilizar recursos y establecer el sistema de coordinación entre administraciones ante emergencias calificadas como de interés nacional. Establece también las fases operativas, que permiten identificar en qué momento debe intervenir cada órgano competente, según lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio.
La fase operativa 1 puede ser declarada por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias (DGPCE) cuando se prevé que los recursos ordinarios de la comunidad afectada, o apoyos puntuales de otras regiones, serán suficientes para afrontar la situación.
En cambio, se activa la fase 2 cuando se considera que la emergencia supera la capacidad de respuesta de las comunidades implicadas, y es necesario recurrir a medios extraordinarios del Estado para afrontarla adecuadamente.
La fase 3, correspondiente a la declaración de una emergencia de interés nacional, activa directamente la intervención del Ministerio del Interior, que asume la dirección de la gestión de todos los medios operativos disponibles en el ámbito afectado.
Pese a esta estructura estatal, cada comunidad cuenta con su propio plan territorial de emergencias, que establece el marco organizativo para la gestión de crisis en su territorio. Estos planes permiten tanto la coordinación con niveles inferiores como la integración en mecanismos de actuación de mayor escala.
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