Qué significa que una comunidad esté en nivel 2 de emergencia

Tres de las ocho comunidades autónomas que el lunes solicitaron que se activara el nivel 3 de emergencia de interés nacional tras el apagón masivo han formalizado este martes una petición para retroceder al nivel 2. Así lo ha comunicado el Ministerio del Interior, tras la primera reunión del Comité de Coordinación Extraordinario celebrada este martes. Se trata de la Región de Murcia, Castilla-La Mancha y Galicia, que han enviado solicitudes por escrito para modificar el grado de emergencia vigente en sus respectivos territorios.

Entre las comunidades restantes, Extremadura ha trasladado que dejará la decisión final en manos del Ejecutivo central. Por su parte, Madrid y la Comunidad Valenciana han expresado públicamente su intención de continuar bajo el nivel 3, mientras que La Rioja y Andalucía aún no han informado oficialmente sobre su posición.

Durante la reunión del Comité —en la que han participado el ministro Fernando Grande-Marlaska, representantes del Ministerio del Interior, altos mandos de Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza, Mossos d’Esquadra, Policía Foral de Navarra y la Unidad Militar de Emergencias (UME)— se ha valorado positivamente la evolución del apagón que motivó la activación del plan de emergencia. En un comunicado oficial, Red Eléctrica ha confirmado que el suministro eléctrico quedó prácticamente restablecido en la madrugada del martes y que, desde las 11:15, puede considerarse normalizado.

Asimismo, se ha informado de que las infraestructuras críticas han vuelto a operar con normalidad, salvo el servicio ferroviario, que continúa en proceso de recuperación. Además, las fuerzas y cuerpos de seguridad no han registrado ningún incidente de orden público vinculado a la emergencia desde que se produjeron los primeros cortes.

Está previsto que el Comité de Coordinación vuelva a reunirse a las 20:30 horas de este martes para seguir evaluando la evolución de la situación.

El Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil (PLEGEP), regulado por la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, establece distintas fases para hacer frente a situaciones críticas. El nivel 2 de emergencia se activa cuando los recursos ordinarios de una comunidad autónoma no bastan para gestionar la situación, pero no se considera necesario aún que el Estado asuma el control total. En esta fase, el Gobierno central interviene para proporcionar apoyo extraordinario —ya sea humano, técnico o logístico— sin desplazar la dirección autonómica de la gestión.

La decisión de activar el nivel 2 se toma cuando existe un riesgo real de que una situación no pueda ser contenida con los medios propios de la comunidad afectada, y se anticipa la necesidad de reforzarla con recursos estatales.

Por el contrario, el nivel 3 de emergencia implica que la crisis ha adquirido una magnitud tal que requiere una respuesta plenamente coordinada por el Gobierno de España. En este caso, el Ministerio del Interior asume la dirección de todas las operaciones, lo que incluye coordinar medios estatales, autonómicos y locales, además de poder requerir colaboración de administraciones que no estén directamente afectadas.

Es la primera vez en la historia reciente que se aplica este mecanismo, según ha confirmado el propio Ministerio del Interior, que subraya que la decisión responde a criterios técnicos y a la necesidad de garantizar una actuación unificada ante una emergencia multisectorial como un apagón masivo.

Aunque el Estado puede asumir el control total en los casos más graves, cada comunidad autónoma dispone de su propio plan territorial de emergencias. Estos planes establecen el marco para actuar a nivel regional y permitir, si fuera necesario, la integración con mecanismos de ámbito estatal.

La activación del nivel 2, por tanto, representa un punto intermedio: reconoce la gravedad de la situación pero no requiere todavía una dirección centralizada. La petición de rebajar a este nivel por parte de varias comunidades refleja una mejora sustancial del escenario, aunque la coordinación entre administraciones sigue siendo clave para evitar nuevos riesgos.