Sánchez desautoriza a Marlaska: la oposición y los socios del PSOE suman otro motivo contra el ministro más longevo al frente de Interior

Fernando Grande-Marlaska ha sumado un nuevo capítulo a su historial de polémicas. Su última acción ha puesto al Gobierno de coalición contra las cuerdas, desatando la peor crisis en el seno del Ejecutivo desde que revalidara en noviembre de 2023. El ministro del Interior más longevo al frente de esta cartera (desde junio de 2018) dio marcha atrás y formalizó la compra de 15 millones de balas a Israel, pero un día después de que saliera a la luz esta decisión, Moncloa le desautorizó y volvió a rescindir de manera “unilateral” dicho contrato.

“Los partidos del Gobierno de coalición progresista están firmemente comprometidos con la causa Palestina y la paz en oriente medio. Por esto, desde el 7 de octubre de 2023, España ni compra ni vende armamento a las empresas israelíes. Ni lo hará en el futuro. Los procesos de compra que siguen abiertos se iniciaron antes de dicha fecha y, los que sean armamento, no se van a ejecutar”, sostuvieron más tarde las dos almas del Gobierno, formado por PSOE y Sumar.

Aunque la sangre no llegó al río, tanto la derecha como los socios y aliados progresistas del PSOE han encontrado un nuevo filón para acorralar al titular del Interior, como ya ocurrió en la pasada legislatura por la gestión de la tragedia de la valla de Melilla en junio de 2022, cuando murieron al menos 23 inmigrantes al intentar entrar en España.

En el espacio del socio minoritario, aunque Movimiento Sumar, el partido de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, llama a pasar página tras ganarle el pulso a Marlaska, en IU persisten los recelos. “Obviamente, cuando a ti te rectifican, tú tienes que hacértelo mirar”, arremetió su coordinador federal, Antonio Maíllo, a pesar de dar por cerrada la crisis.

Además de la rendición de cuentas exigida por PNV y Podemos, ERC, EH Bildu y BNG también pidieron la comparecencia del ministro en el pleno del Congreso para “explicar la posición del Gobierno sobre la formalización de contratos para la compra de armamento al Estado de Israel, incumpliendo los compromisos adquiridos de finalizar toda transacción de material militar frente al ataque y genocidio contra el pueblo Palestino, así como las responsabilidades derivadas por estas actuaciones".

El PP tampoco perdió la oportunidad y pidió por enésima vez su dimisión. Tras ser desautorizado, los populares también solicitaron su comparecencia en la comisión del Interior, aunque en su caso es para explicar la rescisión del contrato de compra de munición para la Guardia Civil, “así como de la falta de munición para estos agentes y del coste económico derivado de dicho incumplimiento contractual, que deberán sufragar todos los españoles”.

De esta manera, Marlaska volverá a estar contra las cuerdas en sede parlamentaria, donde despierta animadversión a su izquierda y derecha. También suele estar en el foco de las críticas de los sindicatos policiales y guardias civiles. Este sentimiento también se palpa en la calle, ya que es el miembro del Gobierno peor valorado, según reflejan los sucesivos barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (3,74 puntos en el estudio de abril). Tras el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, Marlaska es el ministro que más veces se ha sometido al control oral de los grupos en la Cámara Baja.

Dentro del Consejo de Ministros, es el ministro que el que más reprobaciones del Congreso y el Senado tiene en su haber: acumula tres rapapolvos, los mismos que cosechó la exministra de Justicia y fiscal de Memoria Democrática, Dolores Delgado. Este procedimiento parlamentario contra miembros del Gobierno y titulares de órganos del Estado está recogido en el artículo 111.2 de la Constitución -el cual establece que “toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición”-, y regulado por el artículo 184 del Reglamento del Congreso.

Su eficacia es meramente política, que no jurídica, ya que la potestad para destituir a un ministro solo la tiene el presidente del Gobierno. No obstante, aunque la reprobación tampoco obliga a dimitir a los altos cargos, este tirón de orejas (se requiere mayoría absoluta para que salga adelante) supone una quiebra de confianza por parte de los representantes de la soberanía popular que deja en la cuerda floja al dirigente de turno.

En el caso de Marlaska, esta ruptura se dio desde hace tiempo. Pese a las duras críticas y las voces constantes que han pedido su dimisión a lo largo de estos casi siete años, la primera reprimenda parlamentaria no llegó hasta febrero de 2023. El Congreso, a iniciativa del PP, le reprobó por su gestión de la tragedia ante la valla de Melilla en junio de 2022, cuando murieron al menos 23 inmigrantes al intentar entrar en España.

La iniciativa, impulsada por el PP, recibió el respaldo de Vox, Ciudadanos, ERC, Junts y el BNG, aunque PNV y EH Bildu decidieron abstenerse. El texto aprobado contra el ministro, juez de profesión, mencionó “su falta de sensibilidad, la ocultación de información, los datos falsos facilitados y sus mentiras vertidas en sede parlamentaria”. Mientras que la derecha puso el foco en “la falta de recursos humanos y materiales a la que se enfrentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, los partidos soberanistas afearon su “falta de explicaciones” e, incluso, sus “mentiras” después de la tragedia.

Las otras dos reprobaciones han ocurrido en esta legislatura, primero en el Senado y después en el Congreso, aunque a raíz del mismo suceso: la muerte de dos guardias civiles tras la embestida de una narcolancha en Barbate (Cádiz) el pasado 9 de febrero. El 21 de febrero, la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta aprobó una moción en la que acusaba al ministro de “no dotar de los medios suficientes a la Guardia Civil para combatir el narcotráfico en la comarca del Campo de Gibraltar”. Una semana después, la Cámara Baja también le censuró y pidió su cese con el apoyo del PP, Vox y UPN, y las abstenciones claves de Junts, Podemos y Coalición Canaria.