Las empresas ganadoras de las guerras comerciales entre Estados Unidos y China y que tienen el doble de posibilidades de reducir los aranceles

Es difícil ver quiénes son los más beneficiados en una guerra comercial. Principalmente, los inversores, si saben jugar bien sus cartas, pueden ganar, como es el caso de los bajistas en las bolsas o pequeños inversores. Pero lo que está claro es que en este tipo de conflicto, como éste que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado a China, los efectos no se distribuyen de manera uniforme entre los actores económicos. Un estudio reciente del National Bureau of Economic Research (NBER) -titulado Who Benefits from Trade Wars?-, revela que las empresas vinculadas a gobiernos, bien por actuar por ser adjudicatarias en licitaciones o por tener a exmiembros del Gobierno trabajando en ellas, son las principales beneficiarias de las guerras comerciales, especialmente al momento de enfrentar barreras como aranceles o sanciones.

El documento, elaborado por Ling Cen, Lauren Cohen, Jing Wu y Fan Zhang, analiza el impacto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China iniciada en 2018, así como los efectos de las sanciones derivadas del conflicto entre Rusia y Ucrania. En ambos escenarios, mientras que la mayoría de las empresas redujeron su comercio con los países sancionados, las compañías con vínculos gubernamentales incrementaron significativamente sus importaciones desde esas mismas jurisdicciones. “Las empresas conectadas con el gobierno aumentan sus importaciones desde países sancionados durante las guerras comerciales, mientras que otras compañías las reducen”, apuntan los investigadores. El incremento medio fue del 30%, con una diferencia estadísticamente significativa respecto al resto del universo empresarial.

Este comportamiento no fue detectado en operaciones comerciales con otros países de Asia Oriental, como Japón, Corea del Sur o Taiwán, ni tampoco durante desastres naturales como el terremoto de Tohoku de 2011, lo que sugiere que la ventaja de estas empresas se activa especialmente en situaciones de tensión política y no por factores económicos o logísticos ordinarios. “Nuestros hallazgos sugieren que las conexiones gubernamentales proporcionan a las empresas una protección frente a los impactos negativos durante los conflictos geopolíticos“, afirman.

Pongamos un ejemplo. El más destacado es Honeywell una importante empresa multinacional estadounidense que produce una variedad de productos de consumo, servicios de ingeniería y sistemas aeroespaciales para una amplia variedad de clientes, desde compradores particulares hasta grandes corporaciones y gobiernos. El estudio la menciona como una de las que tiene vínculos gubernamentales cuya tasa de aprobación para exenciones arancelarias fue del 24%, frente a un promedio general del 12,9%. Esto la convierte en un caso paradigmático de cómo las relaciones con el ejecutivo pueden traducirse en ventajas comerciales durante una guerra arancelaria.

En promedio, estas compañías tienen el doble de probabilidades de ser eximidas de pagar aranceles frente a firmas similares sin relación contractual con el Estado. Además, el patrón se repite en empresas con un elevado número de exfuncionarios públicos en sus plantillas, especialmente aquellos con experiencia en adquisiciones o contrataciones gubernamentales. La contratación de este tipo de perfiles se ha convertido en un activo estratégico en entornos de incertidumbre comercial.

Los beneficios derivados de estas conexiones no son solo administrativos. Las empresas con contratos públicos y vínculos estrechos con el aparato estatal mostraron mejores indicadores de rentabilidad, participación de mercado durante y después de los episodios de tensión comercial. “Las empresas vinculadas al gobierno experimentan retornos anormales significativamente más altos tras los anuncios de guerras comerciales“, indica la investigación. En concreto, registraron incrementos y revisiones al alza de previsiones por parte de analistas, que reaccionaron con cierto retraso a las ventajas estructurales de estas compañías.

Para los productos no incluidos en las listas de bienes con aranceles, la ventaja no radica tanto en la exención, sino en el acceso temprano a información. Las empresas conectadas con el gobierno muestran una mejor capacidad para anticipar qué productos podrían ser afectados por nuevas medidas arancelarias. Esto les permite mantener sus importaciones sin reducirlas por precaución, a diferencia de las firmas desconectadas, que tienden a retraer sus operaciones por falta de certeza.

De hecho, a medida que se intensificaron las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China en 2018, las empresas proveedoras del gobierno lograron aumentar su participación de mercado y reducir sus niveles de inventario, consolidando su ventaja competitiva. Además, el estudio muestra que estas firmas aumentaron su contratación en áreas cercanas a Washington D.C., una estrategia interpretada como un esfuerzo por fortalecer aún más sus lazos institucionales.

Desde la perspectiva del gobierno, no se encontraron evidencias de que estas ventajas influyeran en la renovación de contratos, ni que generaran penalizaciones administrativas. Al contrario, el número de empresas interesadas en contratar con el gobierno creció tras el inicio de la guerra comercial, lo que sugiere que las conexiones públicas se perciben como un escudo ante la volatilidad comercial global.

El análisis del NBER apunta a una conclusión contundente: en escenarios de guerra comercial, las empresas conectadas con los gobiernos —ya sea como contratistas o mediante la incorporación de exfuncionarios públicos— se posicionan mejor para sortear barreras, obtener exenciones y beneficiarse económicamente. Estas ventajas no solo mitigan los efectos de los aranceles, sino que refuerzan su posición en los mercados y ofrecen rendimientos superiores a los inversores.

El estudio, se basa en datos de transacciones aduaneras, contratos públicos, historial laboral de empleados y comportamiento bursátil, y proporciona evidencia empírica robusta de cómo las relaciones institucionales pueden modificar sustancialmente el impacto de una política comercial restrictiva