El Gobierno impulsará antes de verano una ley para rebajar la edad del voto a los 16 años

El Ministerio de Infancia y Juventud, dirigido por Sira Rego, llevará antes de verano al Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de Juventud para aprobarlo en primera vuelta. La norma incorporará, entre otras cuestiones, una reforma de la ley electoral (LOREG) para ampliar la edad legal de sufragio a los 16 años, según confirman fuentes del departamento del ramo acerca de una demanda histórica.

Cabe recordar que la titular de Infancia y Juventud ha mostrado en varias ocasiones su compromiso de impulsar dicha prerrogativa, al mismo tiempo que el Congreso tiene previsto debatir sobre esta posibilidad, también a propuesta de Sumar, el socio minoritario del PSOE. En concreto, la Cámara Baja aprobó una proposición no de ley para instar al Gobierno a reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para reducir la edad legal y que se pueda votar a los 16 años.

Esta iniciativa, sin rango de ley, cosechó el pasado mes de junio el apoyo de los partidos del Ejecutivo, así como el voto favorable de ERC, Bildu y el Grupo Mixto. El PP y Vox se mostraron en contra, mientras que Junts y PNV optaron por no participar en la votación. Cabe recordar que el PSOE aceptó la medida tras incluirse una enmienda en la que se solicitaba al Ejecutivo el estudio de la misma “en el plazo de un año”.

Desde el ministerio de Sira Rego apuntan que la futura ley, cuyo borrador está en un estado “avanzado”, ya contempla el voto a los 16 años. Esta forma parte de “las más de 400 páginas de propuestas” realizadas en el marco del “amplio proceso participativo organizado para recoger aportaciones de jóvenes de distintos territorios y sectores, organizados o no”.

“El Ministerio de Juventud e Infancia ha incorporado esta medida al borrador que está ultimando de la Ley de Juventud, dando voz a una demanda histórica que ha sido reiterada por los y las jóvenes”, explican voces de este departamento. En este sentido, el Consejo de Juventud de España ha celebrado que “por fin se esté legislando sobre este asunto”. “Reducir la edad de voto a los 16 es una cuestión de justicia democrática. Si la juventud tiene edad para asumir responsabilidades, también la debe tener para ejercer derechos”, tal como señala esta entidad en X.

Este consejo, creado en 1983 y que asegura representar a más de siete millones de jóvenes en España, ha destacado también que “una juventud que ya participa, que se organiza, que trabaja, que cuida, que estudia y se moviliza… es una juventud que también debe poder votar. Bajar la edad de voto a los 16 es reconocer los derechos de cientos de miles de ciudadanas y, así, reforzar la democracia”, ha apostillado la organización tras conocer los planes del ministerio de Sira Rego.

Fuentes cercanas a la ministra aseguran que no habrá problema para tramitar esta norma en el seno del Gobierno, ya que el PSOE ha mostrado en los últimos años su respaldo a esta propuesta. Preguntada por esta ley, la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha dicho este martes que el asunto no ha sido tratado por ningún órgano colegiado del Consejo de Ministros. En efecto, la norma todavía no se ha remitido a los distintos ministerios implicados –como confirman estas voces–, un paso que llegará cuando se remate el borrador de la ley.

A la espera de que este debate se plasme en una propuesta legislativa, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un anteproyecto de reforma de la LOREG para que sea obligatorio celebrar al menos un debate en los medios de comunicación públicos durante cada campaña electoral y que las encuestas publicadas durante este periodo den acceso a los ficheros de microdatos. Ambas promesas están enmarcadas en el Plan de acción por la democracia del Ejecutivo y suponen “un ejercicio de transparencia” por parte del mismo, tal como ha recordado Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En primer lugar, el anteproyecto impulsado por el Ministerio del Interior incorpora a la legislación electoral la obligación de celebrar, al menos, un debate durante cada campaña electoral en los medios de comunicación de titularidad pública, “al que estarán obligados a concurrir las fuerzas políticas que compiten en esos comicios, salvo causa justificada que sea aceptada por la Junta Electoral competente”, señala un comunicado del ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska.

La reforma abre la posibilidad de que intervengan también representantes de los que la Junta Electoral Central denomina “grupos políticos significativos”. Se trata de aquellas formaciones políticas que concurren a las elecciones y que, pese a no haberse presentado a las anteriores equivalentes o no haber obtenido representación en ellas, hayan obtenido un número de votos igual o superior al 5% de los votos válidos emitidos en posteriores comicios en el ámbito territorial del medio de difusión público de que se trate.

Aunque la obligatoriedad de celebrar debates no regirá para los medios de titularidad privada, la reforma precisa que, si estos deciden organizar debates electorales, deberán respetar los mismos principios que los medios públicos y que fija la LOREG: “Pluralismo político, neutralidad informativa, igualdad y proporcionalidad”.

Respecto a la publicación de los microdatos de las encuestas, la reforma aprobada este martes añade al artículo 69 de la LOREG “la obligación de dar publicidad también a los ficheros de microdatos, que son los datos individuales de una estadística y que deberán difundirse anonimizados con el fin de preservar la confidencialidad de la información”. “Acceder en abierto a los datos individuales, anonimizados, permite garantizar la fiabilidad de una encuesta y facilita a la ciudadanía y a las entidades, públicas o privadas, comprobar los resultados del sondeo y extraer sus propias estimaciones”, defiende el ministerio.

Una vez aprobado el anteproyecto, el Ministerio del Interior va a recabar los preceptivos informes de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa del Ministerio de la Presidencia, Justicia y relaciones con las Cortes, así como de la Junta Electoral Central, para incorporar sus apreciaciones antes de remitir de nuevo el texto al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva como proyecto de ley.