El fin de los privilegios carcelarios de los narcos pone en alerta máxima las cárceles francesas: ataques coordinados, amenazas y violencia

La Oficina Nacional de Lucha contra el Terrorismo de Francia ha iniciado una investigación tras una serie de ataques aparentemente coordinados contra varias prisiones del país. Los incidentes, que han generado gran preocupación entre las autoridades, parecen estar relacionados con una reciente ofensiva del gobierno contra las redes de narcotráfico.

Uno de los episodios más alarmantes ocurrió en la madrugada del martes, cuando individuos armados con fusiles automáticos abrieron fuego frente a la prisión de Toulon, ubicada en el sur del país. Este no fue un hecho aislado: en los días anteriores, se incendiaron vehículos en las inmediaciones de otras cuatro cárceles y también fue atacado un edificio residencial en Marsella que alojaba a guardias penitenciarios.

Estos eventos coinciden con el debate parlamentario sobre una nueva ley que busca endurecer el combate contra el narcotráfico. El proyecto legislativo propone ampliar los poderes de la policía para investigar a traficantes, agravar las condiciones penitenciarias para los condenados por delitos de droga y crear una fiscalía especializada en crimen organizado.

Asimismo, busca reforzar el control dentro de los centros penitenciarios. Propone medidas como el aislamiento sistemático de narcotraficantes condenados, la eliminación de paseos colectivos y visitas familiares extendidas, así como la intervención de llamadas telefónicas y la limitación del uso del teléfono. Darmanin ha propuesto también que el Ministerio de Justicia tenga la facultad de extender las órdenes de aislamiento hasta cuatro años, incluyendo a detenidos aún en espera de juicio.

El incremento del tráfico de cocaína procedente de Sudamérica hacia Europa ha impulsado una escalada de violencia en Francia. Según datos policiales, las incautaciones de esta droga han alcanzado niveles récord, lo que refleja tanto la magnitud del problema como la capacidad de penetración de estas organizaciones. Ciudades como Marsella, tradicionalmente vinculadas al narcotráfico, han visto cómo estas redes se extienden hacia localidades más pequeñas que hasta ahora no estaban habituadas a este tipo de violencia.

En respuesta a la gravedad de los hechos, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, anunció una visita a la prisión de Toulon como gesto de apoyo al personal afectado. En una declaración pública, Darmanin reiteró su determinación de cortar la capacidad de operación de los narcotraficantes desde el interior de los centros penitenciarios. Como parte de esta estrategia, se ha ordenado la construcción de dos nuevas prisiones de máxima seguridad, con una capacidad combinada para más de 700 internos.

En redes sociales, el ministro señaló que el Estado está enfrentando el narcotráfico con determinación, pese a los intentos de intimidación dirigidos contra el personal penitenciario, que han incluido desde quema de automóviles hasta ataques con armas de fuego. Subrayó que el país se mantendrá firme ante este desafío, comprometiéndose a desmantelar profundamente las redes criminales que amenazan la seguridad nacional.

Las cárceles afectadas por estos actos incluyen las de Marsella, Aix-en-Provence, Valence, Nimes, Luynes, Villepinte y Nanterre. Además, se notificaron vehículos incendiados frente a la Escuela Nacional de Administración Penitenciaria. Los sindicatos del sector han denunciado que estos ataques forman parte de una ofensiva coordinada, con señales claras de planificación previa.

Un elemento que ha elevado la tensión es que la investigación no está siendo llevada por la unidad especializada en crimen organizado, sino por la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT). Esta decisión sugiere que las autoridades consideran la posibilidad de que los ataques hayan sido cometidos por un grupo con motivaciones militantes. La PNAT ha informado que trabajará de forma coordinada con la agencia de inteligencia del país para esclarecer los hechos.

Por su parte, el ministro del Interior, Bruno Retailleau, calificó los ataques como “inaceptables” y anunció el refuerzo de la seguridad en los centros penitenciarios y para el personal que trabaja en ellos. Esta medida busca prevenir nuevos actos de violencia mientras avanza la investigación.

En febrero, Retailleau ya había advertido sobre la gravedad del problema al revelar que Francia había incautado 47 toneladas de cocaína en los primeros 11 meses del año anterior. Esta cifra, más del doble que en 2023, fue descrita por el ministro como un “tsunami blanco” que ha transformado radicalmente el panorama del crimen organizado en el país.