El euro digital, la alternativa que Sumar pide implantar en plena guerra comercial frente al duopolio de Visa y Mastercard

El desafío global lanzado por Donald Trump tiene muchas aristas. Más allá de la relacionada con el aumento del gasto en defensa, a la guerra comercial iniciada por el mandatario estadounidense tras la imposición de aranceles se suma otra variante: la “elevada” dependencia europea de los pagos con tarjeta, dominados por Visa y Mastercard, con una cuota de mercado combinada de casi el 90%.

“Es legítimo preguntarse cuán dependientes somos en España de dos corporaciones norteamericanas que pueden condicionar nuestra relación con los pagos digitales más cotidianos realizados con tarjeta”, sostiene una proposición no de ley registrada este miércoles por Sumar relativa a la soberanía del sistema de pagos digitales europeo. La iniciativa del socio minoritario de la coalición del Gobierno, que no tiene rango de ley, recoge el guante del Banco Central Europeo (BCE), que se encuentra en una fase de preparación para la eventual emisión del euro digital.

Para Sumar, la actual situación geopolítica es una “oportunidad” para acelerar el proceso de toma de decisiones respecto al proyecto del euro digital, un proyecto que lleva gestándose desde hace más de cinco años. Por ello, los de Yolanda Díaz buscan que el Congreso inste al Gobierno a impulsar la fase de decisión y la adopción del marco legislativo que permita la emisión del euro digital, “reforzando el papel internacional de la moneda comunitaria y apoyando una autonomía estratégica de la Unión Europea”. Asimismo, “se deberá velar porque su diseño garantice el acceso universal, la privacidad de las transacciones y la interoperabilidad con los sistemas de pago existentes”, añade el texto.

Sumar sustenta la necesidad de desarrollar el euro digital en el duopolio de Visa y Mastercard, que a pesar de no emitir tarjetas directamente ni establecer límites de crédito, tienen una influencia en el mercado “abrumadora”. “Proveen sus marcas, infraestructuras, reglas y estándares bajo licencia a bancos y otros emisores, además de establecer las reglas de intermediación para el procesamiento de pagos”. Este modelo ha consolidado los pagos en Europa, limitando la “competencia” y la “soberanía” de pagos en Europa.

Según los datos aportados, el Banco de España recoge que las tarjetas de pago constituyen “uno de los instrumentos de pago que han adquirido mayor relevancia en los últimos años”: más de 800 millones de unidades circulación toda Europa y un volumen anual de transacciones superior a los 60.000 millones de euros.

“De esos 800 millones de tarjetas en circulación, 94 millones circulaban en España a finales de 2024 (51 millones de débito y 43 millones de crédito). Con ellas se realizaron en 2024 más de 9.200 millones de pagos en los más de 2.6 millones de datáfonos instalados en España, por un valor de 271.000 millones de euros”. Las tarjetas concentran el 66% de todos los pagos realizados en España por medios digitales, esto es, dos de cada tres pagos digitales realizados, según los datos de Iberpay, administradora del Sistema Nacional de Compensación Electrónica.

Esta dependencia de los pagos con tarjeta y el nuevo contexto geopolítico, con Trump poniendo en jaque la soberanía de la UE, lleva a Sumar a plantearse nuevas soluciones de pago: “El futuro es hoy más incierto que ayer, la soberanía y autonomía europea debe hoy escalar posiciones en las agendas”, ahonda la propuesta.

En este sentido, la iniciativa destaca que parlamentos de Estados miembros, como el holandés, ha expresado su inquietud por la dependencia del gobierno de las compañías tecnológicas estadounidenses, emitiendo varias mociones para tratar de reducir dicha dependencia. A ello se le añade la advertencia del Banco Central sobre los riesgos de seguridad de los pagos con tarjeta motivados por “la dependencia casi exclusiva de Europa en las corporaciones norteamericanas Visa y Mastercard”.

De este modo, Sumar llama a “interesarse” sobre el estado de situación y las perspectivas de cumplimiento del euro digital, cuya fase de decisión sigue sin fecha concreta de culminación, pero condicionada a la aprobación del marco legislativo correspondiente. Más allá de promover el paraguas normativo, los de Yolanda Díaz instan a desarrollar la educación financiera y digital como “política pública transversal”, y en particular, para la divulgación de la eventual adopción del euro digital, asegurando que su adopción sea “comprendida por la ciudadanía y evitando brechas digitales o exclusión financiera”.

Por último, Sumar pone sobre la mesa el Reglamento eIDAS2 sobre identificación electrónica, un requisito de seguridad “imprescindible” para avanzar en la seguridad de los servicios de pago en línea. “Conviene acelerar su adopción en el actual contexto de dependencia de sistemas privados de identificación en línea propiedad de las grandes plataformas tecnológicas norteamericanas”, remacha la PNL.