España debate ahora las anti ‘golden visa’: una autorización para la compra de vivienda solo a quien tenga residencia permanente o acredite un mínimo de cinco años

España dejó de otorgar la semana pasada permisos de residencia a cambio de la adquisición de inmuebles con una inversión de valor o superior a 500.000 euros, lo que se conoce como golden visa. Esta medida forma parte de los planes de Pedro Sánchez para garantizar que la vivienda sea un derecho y “no un mero negocio especulativo”, aunque el sector prevé que tenga un impacto “irrelevante”.

Siguiendo esta estela, el presidente del Gobierno anunció en enero su intención de limitar la compra de vivienda por parte de extracomunitarios no residentes. Según el dirigente socialista, se incrementará hasta el 100% el gravamen fiscal que deben pagar los no europeos que no residan en España cuando compran una casa en España, priorizando que las viviendas disponibles sean para los residentes.

Pero esta iniciativa, además de la supresión de las golden visa, han sido cuestionadas por los partidos progresistas a la izquierda del PSOE. Sumar, EH Bildu, Podemos y ERC coinciden en pedir directamente la prohibición de cualquier compra especulativa que no sea para vivienda destinada a uso residencial. En este sentido, la Comisión de Vivienda del Congreso decide este jueves sobre una proposición no de ley (PNL) de ERC para garantizar “el acceso a la ciudadanía a la compra de propiedad inmobiliaria”.

En concreto, la iniciativa sin rango de ley de los republicanos plantea ir más allá de la propuesta del presidente del Gobierno, que todavía no ha sido implementada. “Representa un reconocimiento tardío del problema, pero resulta claramente insuficiente. No limita el acceso a la compra ni establece ninguna condición previa de residencia o arraigo, sino que se limita a una penalización fiscal, sin garantizar que tenga un efecto real sobre la contención de los precios o sobre la orientación especulativa del mercado”, reza la PNL.

En esencia, la propuesta busca que el Congreso inste al Gobierno a limitar la compra de propiedad inmobiliaria por parte de ciudadanos extranjeros no residentes en el Estado a “aquellos que tengan una residencia permanente o que puedan acreditar que han vivido en el territorio un mínimo de cinco años de manera consecutiva”.

Asimismo, el texto habla de establecer un sistema de autorización previa, de forma que los ciudadanos que cumplan uno de los requisitos mencionados “deban acreditar su elegibilidad para adquirir una vivienda mediante la solicitud de un permiso ante el departamento competente de la comunidad autónoma correspondiente, con carácter previo a la compraventa del inmueble”.

Los republicanos exigen también “un régimen diferenciado” para las empresas domiciliadas en otro Estado miembro de la Unión Europea, que, “bajo ciertas circunstancias”, quedarán exentas de tener que solicitar el permiso anteriormente mencionado para adquirir un inmueble de uso comercial, “garantizando así la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios en el mercado interior”.

Por último, la propuesta pide incluir estas medidas en el marco legislativo vigente en materia de vivienda o tramitar una normativa específica, incidiendo en la competencia de las comunidades autónomas para “evaluar los expedientes” de las personas interesadas en adquirir una propiedad. Asimismo, “las comunidades autónomas deberán tener la capacidad de ampliar los requisitos y limitar la compra de vivienda en función de las necesidades y la realidad de su territorio”, zanja la PNL.

Para plantear esta iniciativa, el partido capitaneado por Gabriel Rufián en el Congreso se inspira en las políticas que “ya funcionan” en países como Dinamarca, Nueva Zelanda, Canadá, Australia o Malta. En Dinamarca, por ejemplo, cualquier ciudadano de fuera de la UE que no haya residido en el país durante los cinco años previos necesita un permiso gubernamental para poder adquirir una propiedad. Incluso, tal como recuerda ERC, los ciudadanos de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo solo pueden comprar una vivienda si la destinan a residencia habitual o a lugar de trabajo como autónomos.

En la exposición de motivos, ERC se centra en Cataluña, donde el crecimiento de la demanda de vivienda por parte de extranjeros no residentes se ha convertido “en uno de los factores clave del encarecimiento del mercado y en causa de expulsión de vecinos y vecinas de barrios enteros, tanto en grandes ciudades como en zonas costeras y rurales”.

Esta comunidad es la tercera comunidad autónoma con más operaciones de compra de viviendas por parte de extranjeros, solo por detrás de la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares. En 2023, el 15% de las compras de vivienda en este territorio fueron realizadas por personas extranjeras, según los datos del Consejo General del Notariado. “En Barcelona, Girona y Tarragona, este porcentaje es aún mayor, superando el 25% en determinadas zonas”, agrega el texto.

Estas operaciones, relacionadas con inversiones especulativas, demuestran que el perfil del comprador ha variado con respecto a hace unos años: “Ya no hablamos solo del jubilado europeo que quiere establecerse en la costa, sino de nómadas digitales con alto poder adquisitivo, fondos de capital riesgo, familias de alto nivel económico procedentes de países extracomunitarios o inversores que utilizan la vivienda como valor refugio”.

ERC alarma sobre esta tendencia al tener en cuenta que el 60% de las compras realizadas por extranjeros se hacen al contado. Además, según el Instituto Nacional de Estadística, el precio por metro cuadrado que pagan los compradores extranjeros es, de media, un 40% superior al de los compradores nacionales, una diferencia que “alimenta una burbuja especulativa que no se detiene y que convierte el derecho a la vivienda en una mercancía de lujo”.

Por ello, este socio indispensable para el PSOE, tanto en el Congreso como en Cataluña, insta al Gobierno central a “abandonar los anuncios simbólicos y a implementar una regulación clara y efectiva que limite realmente el acceso a la compra de vivienda por parte de no residentes, especialmente en zonas de máxima tensión residencial”. Esta medida debe formar parte, además, de una “estrategia más amplia para recuperar soberanía sobre el mercado residencial y garantizar el derecho de la ciudadanía a vivir con dignidad en su propio país”, relatan los republicanos.