La Fiscalía General del Estado, que dirige actualmente Álvaro García Ortiz (investigado en el Supremo por revelación de secretos tras una denuncia del novio de Isabel Díaz Ayuso), tendrá en breve una nueva sede, un palacio del siglo XIX totalmente rehabilitado en pleno Paseo de la Castellana número 19 y que ha costado a las arcas públicas un total de 83,1 millones de euros. Actualmente, está en “fase de equipamiento”, señalan fuentes de la Fiscalía, y está previsto que esté operativa durante este año.
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El inmueble pertenece al Consorcio de Compensación de Seguros, que en junio de 2022 adjudicó unas obras de rehabilitación integral del edificio por 13.164.000 euros, un contrato que tuvo dos modificaciones y que amplió el coste hasta los 15.162.000 euros. Unos trabajos que se llevó la empresa Ortiz Construcciones y Proyectos. Obras que estuvieron dirigidas por el estudio de arquitectura Ruiz-Larrea, que ha cobrado otros 595.000 euros. Hace años que la Fiscalía General del Estado había puestos sus ojos en este palacio, porque su sede actual (Castellana 17-Fortuny 4) está al lado y el ministerio público veía interesante unir en Castellana las Unidades Especializadas, que están en el número 57 de la calle José Ortega y Gasset.
Las negociaciones no han sido fáciles. El Consorcio de Seguros tiene un perfil inversor: compra y alquila edificios para generar capital. La intención de la entidad era arrendar a un tercero el edificio una vez renovado, incluso llegó a mantener conversaciones informales con potenciales inquilinos, hasta que la Fiscalía se cruzó por medio. En enero de 2024, el Consorcio, que depende del Ministerio de Economía “suscribió una promesa de venta en favor de la Dirección General de Patrimonio del Estado”, que depende del ministerio de Hacienda. Este ha pagado 67.440.000 de euros que, sumando los costes de rehabilitación técnica y dirección de proyecto, ha elevado la factura final hasta los 83,1 millones de euros.
El plan es que los departamentos que hay en Castellana 17-Fortuny 4 sigan ahí y se trasladen a Castellana 19 las conocidas como ‘Unidades Especializadas’. Estas son violencia sobre la mujer, criminalidad informática, trata de personas y extranjería, medioambiente y urbanismo, seguridad y salud en el trabajo, seguridad vial, menores, protección y tutela de las víctimas en el proceso penal, cooperación internacional, vigilancia penitenciaria, delitos económicos, delitos de odio y discriminación y derechos humanos y memoria democrática. Todas estas se ubican hoy en un edificio de oficinas alquilado en el número 57 de la calle José Ortega y Gasset, salvo protección y tutela de las víctimas en el proceso penal y delitos económicos, que aún permanecen en el número 4 de la calle Fortuny.
Más de 6.000 metros cuadrados
Castellana 19 es un antiguo palacete de 6.180 metros cuadrados ubicado en pleno centro de Madrid. Tras una innovadora y minuciosa intervención, este edificio, que data del siglo XIX, se ha convertido en la primera rehabilitación ‘Passivhaus’ de oficinas en la capital. El sistema ‘Passivhaus’ permite que el inmueble sea eficiente energéticamente por sí mismo, gracias a las nuevas “envolventes” de las cubiertas, el uso de energías limpias como geotermia, aerotermia y fotovoltaica; y patios acristalados, lucernarios y nuevo jardín en la zona posterior. El edificio reduce así su demanda energética en un 80%.
Conocido como Casa-Palacio de Don Pablo del Puerto, fue construido en 1903. Su diseño es obra del arquitecto vizcaíno Miguel de Olabarría Zuaznábar (que junto al Marqués de Cubas hizo la cripta de la Almudena) y Benito González del Valle, autor de la Casa de los Lagartos. Una desafortunada intervención de 1987, firmada por un arquitecto indio, sustituyó el paso de carruajes por una rampa hacia un aparcamiento subterráneo. En 1987, los propietarios cambiaron el uso del edificio de residencial a oficinas. El inmueble conserva elementos arquitectónicos de gran interés, como la fachada principal y la galería posterior, motivo por el que está incluido dentro del catálogo de edificios protegidos del Ayuntamiento de Madrid. Hasta 2018 fue la sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el regulador de la bolsa española.
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