El cierre inminente de las centrales nucleares en España enciende el debate político: el PP propone alargar su vida útil

En pleno proceso de transición energética, España continúa dependiendo de la energía nuclear como una parte clave de su mix energético. A día de hoy mantiene en funcionamiento siete reactores nucleares distribuidos en cinco centrales, que generan en conjunto aproximadamente el 20% de la electricidad consumida en el territorio nacional.

Las centrales nucleares españolas están distribuidas a lo largo de la geografía nacional. En la provincia de Cáceres, la central de Almaraz opera con dos unidades: Almaraz I y Almaraz II. En Tarragona, se encuentran Ascó I y II, así como Vandellós II, que sigue en funcionamiento tras el cierre de su primer reactor en los años noventa. La central de Cofrentes, en la Comunidad Valenciana, es la única de su tipo en la región y uno de los pilares del suministro en el este peninsular. Finalmente, en la provincia de Guadalajara se sitúa Trillo, el reactor más moderno de la red española, inaugurado en 1988.

Cada una de estas instalaciones está sometida a estrictas medidas de seguridad, supervisadas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que se encarga de garantizar que las operaciones se desarrollen bajo los estándares más exigentes de protección radiológica y prevención de accidentes.

Pese a su importancia histórica, la energía nuclear en España tiene los días contados. En el marco del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y del acuerdo alcanzado en 2019 entre el Gobierno y las principales eléctricas (Iberdrola, Endesa y Naturgy), se estableció un calendario de cierre escalonado que contempla la desconexión definitiva de todas las centrales antes de 2035.

Según este plan, Almaraz I será el primer reactor en cesar su actividad, con un cierre previsto para 2027, seguido por Almaraz II en 2028. Posteriormente, Ascó I y Cofrentes dejarán de operar en 2030, mientras que Ascó II lo hará en 2032. Finalmente, los reactores de Vandellós II y Trillo, los últimos en incorporarse al sistema, pondrán fin a su ciclo operativo en el año 2035.

Este plan tiene como objetivo permitir una retirada ordenada de la energía nuclear del sistema eléctrico, sustituyéndola por fuentes renovables y garantizando en todo momento la estabilidad de la red y la seguridad de suministro.

El desmantelamiento de las centrales nucleares no termina con su desconexión. Este proceso, que puede durar décadas, implica complejas tareas técnicas y una planificación meticulosa. La empresa pública ENRESA (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos) es la responsable de llevar a cabo estas operaciones y de gestionar los residuos generados por las instalaciones.

Uno de los mayores desafíos es la gestión del almacenamiento de residuos radiactivos de alta actividad, que todavía no cuenta con una solución definitiva a largo plazo en España. El proyecto de construir un Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca) ha estado paralizado durante años debido a la falta de consenso político y la oposición de grupos locales y ecologistas.

Mientras tanto, los residuos de alta actividad se almacenan en depósitos temporales en las propias centrales, lo que ha sido objeto de preocupación para distintos colectivos ciudadanos.

En 2024, más del 50% de la generación eléctrica en España provino de fuentes renovables, principalmente eólica y solar, una cifra récord que marca el rumbo hacia un modelo energético más sostenible. No obstante, expertos advierten que una retirada acelerada de la energía nuclear sin una adecuada planificación podría comprometer la estabilidad del sistema eléctrico, especialmente en picos de demanda o en situaciones de baja producción renovable.

Uno de los puntos más conflictivos ha sido la reciente demanda interpuesta por Iberdrola contra ENRESA, la empresa pública responsable de la gestión de residuos radiactivos. La eléctrica reclama una compensación de 324 millones de euros por el incremento del 30% en la tasa de gestión de residuos aprobado en junio de 2024. Según la compañía, esta subida vulnera el acuerdo firmado en 2019, que fijaba un marco económico estable para acompañar el cierre ordenado de las centrales. Esta acción judicial ha tensado aún más la ya delicada relación entre el Gobierno y las eléctricas en un momento clave para la transición energética.

Al mismo tiempo, el Partido Popular ha entrado de lleno en el debate con la presentación de una proposición de ley que busca ampliar la vida útil de las centrales nucleares más allá de las fechas previstas para su cierre. Desde la formación conservadora argumentan que, ante un contexto geopolítico incierto —marcado por conflictos como la guerra en Ucrania y tensiones en los mercados energéticos—, España no puede permitirse prescindir de una fuente energética estable y libre de emisiones. La propuesta, que aún no cuenta con apoyos suficientes para prosperar, ha sido presentada como una “medida de sentido común” para reforzar la autonomía energética del país.

Por su parte, el sector empresarial también ha elevado el tono. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha advertido públicamente que un cierre prematuro de las centrales nucleares podría tener consecuencias económicas notables, llegando a estimar que el precio de la electricidad para los consumidores podría aumentar entre un 25% y un 30%. Estas declaraciones se apoyan en un informe de la consultora PwC que estima que la sustitución de la energía nuclear por otras fuentes, como el gas natural, implicaría un encarecimiento del mercado mayorista de unos 37 euros por megavatio hora.

A estas tensiones se suma la reciente exclusión de la energía nuclear del nuevo sistema de ayudas al mercado de capacidad impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica. Este mecanismo, diseñado para garantizar el suministro eléctrico en momentos de alta demanda o baja producción renovable, premia la flexibilidad operativa de las tecnologías participantes. Las nucleares, al no poder adaptarse con rapidez a la demanda en tiempo real, han quedado fuera del esquema de incentivos, una decisión que desde el sector consideran una “penalización indirecta” a su operatividad.