El Ministerio de Consumo abre expediente sancionador a la inmobiliaria Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra los inquilinos

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a “una gran agencia inmobiliaria” que opera en todo el territorio nacional por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler. Aunque desde el organismo no han especificado el nombre de la empresa por tratarse de un proceso abierto, las organizaciones denunciantes, como FACUA y el Sindicato de Inquilinas, han confirmado que se trata de la agencia Alquiler Seguro.

La propia compañía ha comunicado horas más tarde en una nota de prensa que “cumple escrupulosamente con la Ley desde hace más de 17 años” y que todos los procesos que lleva a cabo están auditados de manera voluntaria. Por ello, afirman que colaborarán con el Ministerio y que analizarán “con detalle la propuesta del Ministerio” para decidir si deben introducir alguna modificación.

Este procedimiento viene motivado por las denuncias del Sindicato de Inquilinas-CECU, FACUA Consumidores en Acción y la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), que han revelado infracciones como el pago de comisiones por la gestión del arrendamiento, imponer la contratación de un seguro o la obligación de contratación de servicios no solicitados por el inquilino. Unas acciones que son ilegales desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda de 2023, que prohíbe expresamente trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato.

“Las malas prácticas de de Alquiler Seguro incluyen el cobro de hasta 200 euros por visitar un piso, nula atención de las incidencias y averías durante la vigencia del contrato, la exigencia de datos bancarios excesivos para “estudios de solvencia”, negativa a negociar las cláusulas del contrato o la falta de transparencia respecto al mismo", ha comunicado el Sindicato de Inquilinas en una nota de prensa en la que ha afirmado que “Se acabó la impunidad” para estos agentes.

De esta manera, este proceso disciplinario del ministerio de Pablo Bustinduy se une al expediente que abrió hace tres meses a la plataforma de alquiler de viviendas turísticas Airbnb por mantener “miles de anuncios de alojamientos catalogados como publicidad ilícita”. O a los expedientes que abrió el pasado mes de febrero a empresas que administran viviendas turísticas en distintas comunidades autónomas, tras detectarse que estas gestoras estarían ofreciendo “información falsa o información que, aun siendo veraz, puede inducir a error a los destinatarios, por su contenido o presentación”, lo que supondría una práctica engañosa susceptible de alterar el comportamiento económico. Esto es, por ejemplo, indicar en el anuncio que quien gestiona un alojamiento turístico es una persona particular, o varias, cuando en realidad se trataría de una empresa.

Además, este lunes el organismo instó al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a que procediese a eliminar los anuncios de todas aquellas viviendas turísticas ilegales publicitadas en las plataformas de alquiler que, según sus datos alcanzaban los 15.204 alojamientos.

El Ministerio de Consumo defiende que la vivienda es un derecho y un bien de primera necesidad amparado por la ley. Por ello, todas estas iniciativas, según destaca destaca el organismo, se enmarcan en el objetivo fijado como acción prioritaria del Ministerio de proteger los derechos de los consumidores en el acceso a la vivienda.

Según ha indicado el ministerio en un comunicado, estas cláusulas abusivas podrían constituir infracciones que podrían calificarse como:

• Graves, y ser sancionadas con multas de hasta 100.000 euros pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.
• Muy graves, y ser sancionadas con multas de hasta un millón de euros, pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido.

Sin embargo, la Dirección General de Consumo precisa que la iniciación de este expediente sancionador no prejuzga el resultado final de la investigación.