Qué significa que no se hayan aprobado los presupuestos generales del Estado

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del 2025 tendrían que haber entrado en vigor este pasado 1 de enero. Pero no fue así por segundo año consecutivo. El Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez arrastra los presupuestos desde el 2023 y parece que será así otro año más. Incluso, antes podrían salir lo del año que viene, como ha confirmado este miércoles el presidente del Gobierno. “Nosotros somos los primeros que queremos actualizarlos, por eso estamos trabajando y negociando y, si nos da tiempo, lo haremos, si no nos pondremos a negociar los de 2026″, ha afirmado en el debate sobre el rearme celebrado en el Congreso. Por el momento, el Gobierno considera que presentar los presupuestos del 2025 sin apoyos ES “si no se puede “hacer perder el tiempo al Congreso de los Diputados y, por lo tanto, a los ciudadanos”.

El artículo 134 de la Constitución Española, en su punto número 3 dicta que “el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”, por lo que, de proponer los del 2026 deberá hacerse antes del 1 de octubre.

El procedimiento tiene como objetivo proporcionar un marco legal y financiero claro para el funcionamiento del Estado durante el año siguiente. La aprobación de los PGE es obligatoria, como dicta la Carta Magna, ya que establece cómo se distribuirán los recursos públicos en sectores como sanidad, educación, infraestructuras y defensa, entre otros.

Si los PGE no se aprueban antes del 1 de enero del nuevo ejercicio, las cuentas del año anterior se prorrogan automáticamente, como detalla el punto 4 de dicho artículo de la Constitución. Esto significa que, en ausencia de una nueva ley de presupuestos, el Gobierno continúa gestionando los fondos con las directrices del ejercicio anterior, pese a que se pueden hacer modificaciones de las partidas como los decretos-leyes. La prórroga, aunque proporciona una solución temporal, es solo una medida de emergencia.

Las nuevas cuentas públicas deben ser presentadas al menos tres meses antes del inicio del ejercicio correspondiente, según establece el artículo 134 de la Constitución. En el caso de los presupuestos de 2025, deberían haber sido presentados antes del 1 de octubre de 2024.

Es importante señalar que la Ley de Presupuestos no puede crear nuevos tributos, aunque puede modificarlos en función de las necesidades del gobierno. De este modo, si los presupuestos no se aprueban, no habrá margen para introducir nuevas reformas fiscales que puedan aliviar o incrementar la carga impositiva sobre los ciudadanos. Esto podría tener efectos negativos sobre la economía, especialmente si el gobierno necesita adaptar el sistema tributario a cambios imprevistos, como una crisis económica o un aumento de la deuda pública.

Aún así, aún es posible presentar los presupuestos de este año. Sin embargo, el calendario apremia al Gobierno, ya que la tramitación parlamentaria puede tardar alrededor de tres meses entre el Congreso y el Senado. Además, el Ejecutivo debe presentar y el Congreso debe aprobar los objetivos de estabilidad, algo que no se ha logrado en los ejercicios anteriores. Por ejemplo, los de 2018 se aprobaron en junio de ese mismo año.

* Con información de EFE