El Defensor del Pueblo pide más vivienda pública para destinar al alquiler y más intervención de las administraciones

El contexto actual de la vivienda en España se ha convertido en un problema cada vez más preocupante, y los ciudadanos son plenamente conscientes de ello. De hecho, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de marzo, la vivienda ha vuelto a ser la principal preocupación para los españoles. Un desafío que también ha llegado al Defensor del Pueblo.

El órgano que ocupa actualmente Ángel Gabilondo ha publicado este martes su informe anual y uno de los temas que más quejas ha originado es el que tiene que ver con el acceso a la vivienda, especialmente al alquiler: “Refieren el esfuerzo que supone enfrentar el pago de la renta arrendaticia y los gastos ordinarios de la vivienda, así como las demoras que se producen en la recepción de las ayudas existentes con esta finalidad”, ha explicado.

“Otras quejas denuncian las largas esperas existentes, que se prologan durante años, en los procedimientos de adjudicación de vivienda de protección pública, en muchas ocasiones con miles de inscritos que reúnen los requisitos, lo que pone de manifiesto la escasez de viviendas de esta naturaleza”, añadió. Por ello, el Defensor del Pueblo ha reiterado la necesidad de tomar medidas urgentes para paliar la crisis de vivienda.

Mejorar las ayudas al alquiler y más intervención de las administraciones

En respuesta a las numerosas quejas recibidas, la institución ha subrayado la importancia de mantener y mejorar los programas de ayudas al pago del alquiler, especialmente dirigidos a aquellos hogares que enfrentan un sobresfuerzo económico. El Defensor del Pueblo ha insistido en que las administraciones deben gestionar estos programas de manera transparente, ágil y eficaz, con los recursos suficientes para garantizar una respuesta rápida y adecuada, ya que en muchos casos, hay una excesiva lentitud administrativa.

El informe también señala que, dado el incremento sostenido de los precios del alquiler en los últimos años, es crucial que las administraciones públicas utilicen las herramientas contenidas en la vigente Ley de Vivienda para intentar frenar la escalada de precios y mejorar el acceso a la vivienda para los sectores más vulnerables.

Aumentar el parque público de vivienda y que se destine al alquiler

Sin embargo, el principal desafío sigue siendo la escasez de vivienda pública. España destaca negativamente en el contexto europeo debido a su bajo porcentaje de viviendas protegidas, que representan solo el 2,5% del total de viviendas en el país, muy por debajo de la media europea, que se sitúa en torno al 10%. Este déficit impide que el Estado pueda ofrecer una respuesta adecuada a las necesidades de vivienda social, especialmente en un contexto de creciente desigualdad. El Defensor del Pueblo ha señalado que la construcción de viviendas de protección pública se ha reducido drásticamente desde 2012, cuando se frenó la inversión en este tipo de viviendas, lo que ha dado lugar a una situación insostenible.

Una de las principales propuestas del Defensor es que las viviendas de protección pública se destinen al alquiler en lugar de a la venta, y que se mantengan bajo un régimen de protección permanente. Este modelo permitiría que más viviendas protegidas permanezcan en el mercado de alquiler social y asequible, y evitaría la descalificación de inmuebles que, tras pasar un tiempo bajo precios tasados, acaban en el mercado privado, como ha ocurrido con más de la mitad de las viviendas construidas entre 2005 y 2018.

El informe también destaca la necesidad de una ampliación del parque público de vivienda a través de la construcción de nuevas viviendas y la compra pública de inmuebles, como medida clave para asegurar que más ciudadanos puedan acceder a alquileres asequibles. De esta manera, se contribuiría a reducir la demanda en el mercado libre, lo que a su vez podría frenar el aumento de los precios de los alquileres no regulados.

El Defensor del Pueblo resalta que la implementación de estas medidas es competencia de los legisladores y de los gobiernos autonómicos, pero subraya que un aumento significativo de viviendas públicas destinadas al alquiler, alineado con la media europea, debe ser el punto de partida fundamental para una política eficaz de vivienda social. Además, esta medida contribuiría a garantizar el derecho a la vivienda, tal y como establece la Constitución Española, y sería una herramienta económica útil para contener los precios de los alquileres y reducir la presión sobre las familias más vulnerables.