El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley de alcohol y menores. Anunciado por el Ministerio de Sanidad el pasado mes de julio, la normativa pretende reducir el consumo de esta sustancia entre los jóvenes limitando los espacios en los que se podrá beber, así como la publicidad, el patrocinio y la venta.
El proyecto aúna un amplio abanico de normativas dispersas y homogeneiza las que ya aplican las comunidades y otras ordenanzas municipales. El objetivo del ministerio es alcanzar un consumo cero entre los jóvenes, que actualmente tienen su primera experiencia con el alcohol a los 14,5 años.
Esta “legislación pionera”, al ser la primera a nivel estatal, surge de una “preocupación al nivel del gobierno”, ha expresado la ministra de Sanidad, Mónica García que ha recordado los datos de la encuesta ESTUDES sobre consumo de alcohol y drogas: el 56% de los jóvenes entre 14 y 18 años ha consumido alcohol en el último mes, un tercio lo ha consumido en lo que se llama el ‘modelo de atracón’ (más de 5 copas), uno de cada 5 reconoce haberse emborrachado en los últimos treinta días y casi un 93% de ellos afirma que tiene un acceso casi libre pese a las restricciones que hay.
“El consumo de alcohol afecta al desarrollo cerebral de los jóvenes, a su desempeño en el ámbito educativo y a la mayor probabilidad de conductas de riesgo”, ha insistido la ministra, que ve en este proyecto un “compromiso” con las familias, docentes, sanitarios y los jóvenes “que ya están dando los primeros pasos”, para reducir el consumo de alcohol.
Sin alcohol en centros educativos
La nueva norma, que deberá conseguir ahora el aprobado en el Congreso, propone prohibir el consumo de alcohol en los espacios frecuentados por menores de edad. Los centros educativos, excepto universidades, dejarán de vender bebidas alcohólicas y no se permitirá su consumo en el interior. Tampoco en los centros de protección de menores y residencias de estudiantes, siempre que estas admitan a personas menores de 18 años.
El alcohol también estará vetado en centros deportivos cuando estos organicen actividades expresamente para menores de edad, como espectáculos o competiciones infantiles. Para comprobar el cumplimiento de la prohibición, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrán realizar pruebas de alcoholemia a los jóvenes, siempre que se utilicen métodos no invasivos, como el elitómetro.
Además, se obligará a dotar a las máquinas expendedoras de mecanismos de verificación de edad para impedir que los menores de 18 años compren bebidas alcohólicas. En los establecimientos de autoservicio, la exposición y acceso a las bebidas alcohólicas deberá limitarse a un espacio separado de los productos destinados específicamente a los jóvenes.
Nada de publicidad en un radio de 150 metros
La futura ley del alcohol también ataca la publicidad de bebidas alcohólicas. Se prohíbe toda publicidad de alcohol dirigida a menores, “así como aquella que use imágenes, mensajes o términos que minimicen sus riesgos para la salud y los asocie con la infancia y la juventud”, ha explicado García.
El proyecto de ley fija un perímetro de 150 metros de zonas frecuentadas por menores, como centros educativos, sanitarios, parques y otros lugares de ocio infantil, en la que no podrá entrar la publicidad de bebidas alcohólicas ni de sus versiones 0,0, que se consideran una promoción de la misma marca. La prohibición no solo incluye anuncios explícitos en cartelería, también mostrar logos de marcas de bebidas alcohólicas, lo que afectaría al mobiliario de bares y restaurantes que se encuentren dentro del perímetro delimitado.
La publicidad tampoco podrá aparecer en programas audiovisuales o entornos digitales que estén dirigidos principalmente o mayoritariamente a menores de edad. Los anuncios deberán evitar usar la coletilla de “consumo moderado” o “consumo responsable”, al considerarse confusos y entender que “no hay ninguna evidencia” de que el consumo moderado de alcohol tenga “ningún beneficio a la salud”, ha explicado García en una rueda de prensa.
De 60 a 600.000 euros de multa
La norma presentada por el ministerio prevé sanciones económicas, entre otras, que podrán alcanzar los 600.000 euros en los casos más graves, que podrían derivar en el cierre parcial o total de establecimientos, por un periodo de hasta cinco años. Entre las faltas graves se incluyen la compra de alcohol a menores por parte de adultos o la inducción a beber a personas menores de edad.
Las faltas leves, como el consumo de alcohol por parte de los menores o por adultos en los lugares vetados, tendrán multas de 60 hasta 600 euros, que podrán ser suspendidas a cambio de la participación en programas preventivos de sensibilización y concienciación o rehabilitación, dependiendo del caso.
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