Bruselas avala la implantación de centros de deportación de migrantes: expulsiones al estilo Meloni

"A aquellos que sean retornados por la fuerza se les prohibirá la entrada. Y seremos más estrictos con aquellos que representen un riesgo para la seguridad", ha declarado Úrsula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en el anuncio de un plan que expulse a los “migrantes irregulares” fuera de los límites de la Unión Europea para enviarlos a campos de deportación.

El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, presentó este martes en Estrasburgo la nueva propuesta del Ejecutivo comunitario para la directiva de retornos de la Unión Europea (UE), que contempla la posibilidad de que los países europeos envíen migrantes a centros de deportación en terceros países.

“El sistema europeo necesita dejar claro que, cuando se emite una decisión de retorno, se le está diciendo a alguien que debe irse, no solo del país, sino de toda la Unión Europea”, afirmó Brunner, quien calificó de inaceptable que solo el 20% de las personas con una orden de retorno son expulsadas efectivamente del territorio de la UE.

Organizaciones de derechos humanos y partidos de centro e izquierda han criticado la medida, que forma parte de la nueva normativa sobre deportaciones. Esta regulación busca incrementar las expulsiones y establece nuevas medidas, como sanciones más estrictas para aquellos que intenten eludir la orden de salida de migrantes del territorio europeo.

La mandataria europea dijo ayer que esta reforma es un “elemento clave” aún pendiente para que funcione el Pacto de Migración y Asilo (PEMA), aprobado desde hace un año. Ha destacado la importancia de contar con un “verdadero sistema europeo para los retornos” y ha afirmado que Bruselas defenderá una reforma legal que establezca “reglas simples y claras”, diseñadas para “evitar las fugas y facilitar el regreso de nacionales de terceros países que no tienen derecho a permanecer”.

La normativa, que sigue la senda de la que ha lanzado la primera ministra italiana en Albania, busca aumentar el número de deportaciones de quienes han visto denegada su solicitud de asilo en la UE. Además, establece la posibilidad de que quienes tengan ya una orden de retorno puedan ser enviados no solo a su país de origen sino a un tercer país con el que el Estado miembro que le expulsa tenga un acuerdo de repatriación, según ha adelantado El País.

En este contexto, Von der Leyen se mostró abierta a “explorar soluciones innovadoras”, un eufemismo para referirse a la creación de centros de detención de migrantes en “terceros países seguros”, lo que demuestra un endurecimiento de la política migratoria.

A diferencia de la iniciativa de Meloni, en el caso europeo solo se podrá enviar a esos campos a quienes ya hayan visto rechazada su petición de asilo, según las informaciones que han adelantado hasta ahora.

La nueva regulación establece que los acuerdos con países fuera de la UE para la creación de campos de migrantes “deben definir las modalidades de traslado, así como las condiciones para el período en que un nacional de un tercer Estado permanecerá en el país, que podrá ser a corto o largo plazo”. El texto legal, preparado por el Ejecutivo comunitario, ahora debe ser aprobado por el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo. Según fuentes de Bruselas, la Comisión revisará estos acuerdos con terceros países.

La normativa especifica que las familias y los menores no acompañados no podrán ser enviados a estos campos. No obstante, aún quedan aspectos por definir, como si el plazo máximo de detención de 24 meses, que se aplicará dentro del territorio comunitario con la ampliación de la normativa, también se extenderá a estos centros.

La nueva regulación sobre deportaciones, ampliamente solicitada por todos los Estados miembros y que reemplazará una directiva de principios de la década de 2000, es, según la Comisión Europea, el componente clave que falta para completar el pacto migratorio. Este pacto, aprobado a principios de 2024 tras años de negociaciones, entrará en vigor a mediados de 2026.

La propuesta preocupa a la izquierda, pues tiene papeletas para prosperar fácilmente si se apoya en la mayoría que puede formar el Partido Popular Europeo (PPE) con los partidos ultras, lo que demuestra una Eurocámara que parece estar escorada a la derecha.

“Los centros de retorno en la UE hasta dos años o en países terceros que no son ni origen ni tránsito, no es ninguna ‘solución imaginativa’ de la que habló Ursula von der Leyen, y camina en contra del estándar de derechos humanos de la UE”, ha advertido el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar.

“Si el PPE está dispuesto a tener un debate basado en hechos sobre los retornos podemos hablar, si siguen diciendo que solo quieren sacarlos [a los migrantes] y llevarlos a centros donde no tienen derechos y fuera de la UE, un acuerdo con nosotros será complicado”, ha remarcado Bas Eickhout, colíder de los Verdes, según ha recabado El País.