“No basta con echar del Opus Dei a un pederasta”: la lucha de la familia Cuatrecasas para que la Iglesia asuma responsabilidades por los abusos contra su hijo

La familia Cuatrecasas lleva más de una década buscando justicia para que los abusos sexuales que sufrió su hijo Juan cuando era un adolescente por parte de José María Martínez Sanz, miembro y profesor del colegio vizcaíno Gaztelueta, del Opus Dei, no queden impunes. Pero parece que esa justicia nunca llega. Y es que consideran “totalmente insuficiente” que el Vaticano ordenara el pasado 3 de marzo la expulsión del Opus Dei del antiguo profesor, condenado por sentencia firme del Supremo en 2020 a dos años de prisión por esos abusos, porque “siguen sin depurarse responsabilidades y ni siquiera se han preguntado qué necesita la víctima”, que a día de hoy sigue tratando de recomponer su vida.

Se trata de una resolución —firmada por el delegado pontificio y obispo de Teruel, José Antonio Satué, tal y como adelantó el medio Religión Digital y a la que ha tenido acceso este periódico—, donde se estima que los hechos probados constituyen una “causa grave que justifican la expulsión de la Prelatura”, teniendo además en cuenta “la relación asimétrica que se establece entre docente y estudiante, entre el preceptor, que acompaña la vida académica y personal, y el alumno acompañado”. Sin embargo, esta sentencia canónica de la Santa Sede no adopta medidas contra el Opus Dei.

“Deberían haberle expulsado hace mucho tiempo y no esperar a que el Vaticano les diga qué deben hacer, pero el Opus Dei no cree en el Estado de Derecho, está por encima del bien y del mal en esta sociedad, cuando además en este caso hay una condena en firme” contra el mencionado pederasta, dice a Infobae España Juan Cuatrecasas, padre de la víctima, que asegura que la sentencia “es una auténtica infamia”. “No basta con echarle, no se han depurado responsabilidades y, para colmo, ni tan siquiera plantea la situación de la víctima. Además, la resolución ha tardado mucho más tiempo del estimado, parece una broma de mal gusto”, critica, y lamenta que ninguna institución asuma responsabilidades.

“Siguen sin reponer el buen nombre de mi hijo, porque el Vaticano solo ha dicho que el Opus Dei expulse de sus filas a un pederasta, pero aquí nadie asume la responsabilidad, ni el colegio, ni el Opus ni la Congregación para la Doctrina de la Fe”, lamenta esta familia, que lleva más de una década buscando justicia.

La investigación canónica se llevó a cabo después de que el papa Francisco interviniera en 2022 para que el caso se reabriera tras reunirse con la víctima en Roma, de forma que designó al obispo Satué para que se encargara de juzgarlo. Cabe recordar que anteriormente, en 2017, José María Martínez Sanz fue condenado por la Audiencia de Bizkaia a 11 años de prisión por los abusos sexuales continuados a Juan Cuatrecasas durante los años 2008 y 2010, aunque el Tribunal Supremo rebajó posteriormente la pena a dos años y no entró en la cárcel.

En ese sentido, Cuatrecasas asegura que “nunca ha podido saber en base a qué argumentos” el Supremo rebajó la pena al agresor, más aún cuando su hijo “contó desde el principio todo lo ocurrido”, algo que no suele suceder en los casos de abusos sexuales, ya que a las víctimas les cuesta denunciarlo por el sentimiento de culpa, la vergüenza y el miedo a no ser creídas. Y ahora la sentencia del Vaticano, indica, solo añade más sufrimiento a la víctima.

“Mi hijo es de las pocas víctimas jóvenes, de menos de 30 años, que ha dado la cara, aunque le ha costado un triunfo, pero lo ha hecho por él y por otras muchas víctimas de abusos sexuales, no solo dentro de la Iglesia católica. Por eso ahora se siente traicionado y revictimizado”, explica Cuatrecasas, que en los próximos días decidirá junto a los abogados si recurren la decisión de la justicia eclesiástica —hay un plazo de dos meses para hacerlo—. Por todo ello, esta familia considera que la sociedad debería reaccionar “con más contundencia” frente a este tipo de casos y pide que se cumpla la Ley Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), una norma aprobada en 2021 que incluye avances para proteger a los menores de edad de situaciones de violencia y abuso.

Los abusos sexuales perpetrados por José María Martínez Sanz ocurrieron en el colegio Gaztelueta cuando Juan tenía 12 años. Con la excusa de la tutoría, el profesor le llamaba al despacho una media de tres veces por semana y cada reunión duraba casi una hora, a diferencia del resto de los alumnos, que acudía una vez por semana durante unos 15 minutos. La actitud del numerario del Opus Dei, recordaba la víctima en una entrevista con este periódico, era especialmente perversa, pues contaba detalles de algunas conversaciones a otros estudiantes de la clase, que a su vez aprovechaban para hacerle bullying. “No había ningún control por parte de sus superiores”, relató entonces el joven, que explicó que, aunque era algo que le causaba rechazo, no tenía capacidad de decidir si quería o no hacerlo: “Era una imposición”.

A día de hoy, Juan sigue sufriendo las secuelas de esos abusos sexuales, tanto a nivel físico como emocional, pues este tipo de episodios generan depresión, ansiedad, trastornos por estrés postraumático y trastornos de la conducta alimentaria, además de autolesiones y fobias, entre otros problemas, y pueden producirse tanto inmediatamente después de la agresión como años después.

De ahí la importancia, recuerda su padre, de que las víctimas de abusos puedan ser reparadas, no solo a nivel económico, sino que también puedan recibir acompañamiento técnico, psicológico y médico.

Las principales asociaciones que representan a las personas que sufrieron abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica han denunciado en varias ocasiones la escasa “voluntad de reconocer, reparar e indemnizar” a las víctimas por parte de la Conferencia Episcopal Española y siguen demandando un trato individualizado, pues “no todas las víctimas necesitan lo mismo”. Cabe recordar que la Iglesia católica española ha rechazado la idea de indemnizar a las víctimas de pederastia en un marco estatal e independiente y sigue gestionando los casos a través de procesos internos, algo que siguen criticando los denunciantes.

En octubre de 2023, un informe elaborado por el Defensor del Pueblo estimó en más de 400.000 el número de adultos que pudieron haber sufrido abusos dentro de la Iglesia española y criticó que la jerarquía eclesiástica mirase hacia otro lado durante décadas, minimizando así el problema. Las víctimas que han denunciado abusos ante esta institución no han dejado de aumentar y en octubre del año pasado ya había reunido 674 testimonios.