
La gestión de una prisión implica asegurarse no solo de que los presos cumplen sus respectivas condenas, sino también garantizar que, mientras lo hacen, gozan de todos sus derechos fundamentales, tal y como se expresa en la Constitución española. Sin embargo, no parece que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) piense que esto se esté cumpliendo del todo en la Prisión de La Ribera, en Huelva.
Y es que este sindicato, el más representativo en las Mesas de Negociación de Instituciones Penitenciarias y de Función Pública, ha denunciado desde su sección sindical del Centro Penitenciario de Huelva que en este lugar hay un grave problema con el personal laboral cocinero “para la confección de los racionados alimentarios de la población reclusa”.
Sin trabajadores especializados en un momento crítico
De las cuatro plazas con las que debería contar esta cárcel, una de jefe de cocina y otras tres de técnicos de cocina y gastronomía, no hay ninguna cubierta, pese a que la CSIF ha asegurado haber alertado en múltiples ocasiones de la necesidad de cubrir esas vacantes. El sindicato asegura que los dirigentes de la prisión onubense se comprometieron a remediarlo, pero las soluciones no han llegado.
“La labor de cocina recae en una amplia plantilla de internos que trabajan a turnos para elaborar las diferentes comidas del día”, explican desde el sindicato en un comunicado al que ha tenido acceso Infobae España. Lo que falta, no obstante, es un personal laboral que pueda coordinarlos y supervisarlos. “La ausencia de cocineros ha provocado que los funcionarios del área de alimentación y vigilancia hayan tenido que asumir funciones que no les corresponden”.
La prisión cuenta actualmente con unos 1.200 presos, a los que habría que sumar a los internos en el Centro de Inserción Social David Beltrán Catalá, ubicado en el núcleo urbano de Huelva. Así, todas estas personas presentan “una gran variedad de particularidades alimentarias debido a motivos religiosos, estados de salud y preferencias gastronómicas”. Unas circunstancias que, afirman desde el sindicado, “deben ser atendidas desde el departamento de cocina con totales garantías”.
Un ejemplo de hasta qué punto esa variedad puede complicar la gestión se ha empezado a vivir este mes, con el inicio del Ramadán -mes en el que, para conmemorar la primera revelación de Mahoma, los musulmanes deben entregarse al ayuno desde el amanecer hasta el ocaso-, “debido al aumento de la población musulmana en el centro”. “Un determinado número de internos cocineros debe dedicarse a ese cometido en exclusividad para realizar las elaboraciones propias de su credo y distribuirlo a la hora establecida para cumplir con los preceptos religiosos”, cuentan desde CSIF.
Una situación que “no se entiede”
Así, la ausencia de profesionales de la hostelería conlleva la violación de varios derechos de los prisioneros, entre ellos el de tener garantizada una comida en las condiciones de salubridad adecuadas.
Además, los funcionarios están asumiendo funciones “que no les corresponden según los preceptos establecidos legalmente”. ”Los internos carecen de los conocimientos necesarios y no forman parte de sus cometidos ciertas funciones que asumen".
El sindicato ha asegurado, por todo ello, que lo vivido en la prisión de Huelva “no se entiende”, no solo por la inacción de la dirección, sino también por parte de los “órganos encargados de la supervisión alimentaria”.
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