Qué debe pasar para que no te recorten la pensión si eres policía o bombero y accedes a la jubilación anticipada

Bomberos y policías pueden jubilarse antes debido a la peligrosidad de su trabajo, siempre que cumplan ciertos requisitos para no ver reducida su pensión

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Bomberos. (Pixabay)
Bomberos. (Pixabay)

La legislación española reconoce la posibilidad de jubilación anticipada para determinados trabajadores cuyas actividades implican un alto grado de penosidad, toxicidad o peligrosidad. Entre ellos se encuentran los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y los bomberos, profesiones sometidas a condiciones de alto riesgo.

Sin embargo, para evitar que la pensión se vea reducida al acceder de forma anticipada a la jubilación, es necesario cumplir ciertos requisitos establecidos en la normativa.

En España, existen ciertas profesiones que, por su naturaleza, tienen derecho a un régimen especial de jubilación anticipada. Según el Instituto Santalucía, esta categoría incluye a mineros, personal de vuelo, trabajadores ferroviarios, artistas, profesionales taurinos, bomberos y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. La legislación busca garantizar que quienes han desempeñado estos trabajos puedan retirarse antes de la edad ordinaria debido a las condiciones de riesgo, y al desgaste físico y mental que afrontan.

En el caso de los bomberos y agentes de policía, su trabajo conlleva turnos irregulares, exposición a situaciones de alto estrés, peligro de enfrentamientos violentos, contacto con sustancias tóxicas y una alta exigencia física. Esto ha llevado a establecer mecanismos que permiten el adelanto de la jubilación sin que ello suponga una penalización excesiva en la pensión.

Requisitos para la jubilación anticipada

Para acceder a la jubilación anticipada sin una reducción drástica en la pensión, los bomberos y policías deben cumplir ciertas condiciones. La normativa establece coeficientes reductores aplicables en función del tiempo trabajado. En el caso de los agentes de policía y de los bomberos, pueden retirarse hasta seis años antes de la edad legal de jubilación, siempre que acrediten al menos 35 años de actividad efectiva.

Un agente de la Policía
Un agente de la Policía Nacional (Eduardo Parra/Europa Press)

Los coeficientes reductores son clave en la fijación de la edad de jubilación. Para otras profesiones incluidas en este régimen, estos coeficientes oscilan entre el 0,10 y el 0,40 en función del tipo de trabajo y los años cotizados. Estos coeficientes permiten reducir la edad de jubilación sin afectar significativamente la pensión final.

Reforma del sistema y nuevas condiciones

A finales de julio de 2024, la Mesa de Diálogo Social, integrada por el Gobierno, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT, alcanzó un acuerdo para modificar las condiciones de acceso a la jubilación en actividades con elevada peligrosidad. Entre las medidas incluidas en el Real Decreto-ley 11/2024, de 23 de diciembre, se encuentra la mejora de la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo, así como la introducción de un nuevo procedimiento para reconocer coeficientes reductores en profesiones de alto riesgo, tal y como señala BBVA.

La reforma también establece nuevos criterios para aplicar estos coeficientes, considerando indicadores como la incidencia de bajas laborales, la siniestralidad y la duración media de los procesos de recuperación. Esto significa que la aplicación de los coeficientes reductores solo procederá cuando no sea posible modificar las condiciones laborales para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.

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Procedimiento para evitar recortes en la pensión

Para garantizar que la jubilación anticipada no implique una reducción drástica de la pensión, es fundamental acreditar la realización efectiva de los años requeridos en la profesión. Además, la Seguridad Social evaluará las condiciones específicas del empleo desempeñado.

Con la nueva normativa, se han introducido mecanismos adicionales para garantizar que la aplicación de coeficientes reductores se realice de forma equitativa. Esto incluye la intervención de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que analizarán informes epidemiológicos para determinar la gravedad de las condiciones laborales.