La condena del Consejo de Europa a España por dejar sin luz a la Cañada Real “abre la puerta a que los vecinos acudan a los tribunales”

Los cerca de 4.500 vecinos y vecinas que residen en los sectores 5 y 6 del barrio madrileño de la Cañada Real Galiana, un asentamiento irregular ubicado a tan solo 14 kilómetros del corazón Madrid, continúan sin suministro eléctrico cuatro después de que la empresa Naturgy cortara el servicio por las subidas de tensión provocadas por los cultivos ilegales de marihuana. Debido a esos cortes de luz, el pasado 27 de febrero España recibió un nuevo tirón de orejas del Comité Europeo de Derechos Sociales, que ha condenado al Estado por vulnerar al menos diez derechos de la Carta Social Europea, que establece unos derechos y libertades, y reclama a todas las administraciones una solución “urgente”.

El Comité Europeo de Derechos Sociales considera en la resolución que cuando los Estados optan por suministrar energía a través de empresas privadas, no pueden “subcontratar” sus obligaciones en materia de derechos humanos para con esas empresas. “Garantizar los derechos de la Carta sigue siendo una responsabilidad del Estado”, indicó el órgano que depende del Consejo de Europa, al tiempo que recordó que si una persona tiene acceso “irregular o nulo” a la energía durante un período prolongado, se encuentra en situación de “pobreza energética”.

El Comité indica que España no ha adoptado las medidas apropiadas para eliminar, en la medida de lo posible, las causas de la “mala salud” de los vecinos y vecinas creada por los cortes de energía, y recuerda que la energía es “esencial” para fines de calefacción, iluminación, lavado, cocina y refrigeración.

La resolución es la respuesta a la reclamación colectiva presentada en marzo de 2022 por cinco organizaciones, entre ellas Movimiento ATD Cuarto Mundo y el sindicato CCOO, una demanda que fue posible gracias al trabajo de la Plataforma Cívica Luz Ya para la Cañada Real, Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) y Gentium.

“Se trata de un fallo de enorme trascendencia porque ha considerado que España ha violado la Carta Social Europea”, dice a Infobae España el abogado Javier Rubio, portavoz de esa plataforma, quien explica que a partir de ahora se abre la posibilidad para los vecinos afectados por el corte del suministro de reclamar ante los tribunales nacionales “si por parte de las autoridades no se dan pasos para su restablecimiento y regularización”. “Es una decisión que da la razón a las quejas planteadas por los vecinos desde hace cuatro años”, concretamente desde que en octubre de 2020 Naturgy, la empresa distribuidora de la luz en esta zona, cortó el suministro eléctrico.

El fallo del Comité, aclara Rubio, “desmonta uno por uno los argumentos dados por España sobre la incapacidad o imposibilidad de restablecer el suministro eléctrico” en la Cañada Real, ya que las autoridades justificaron los cortes de luz por la presencia de plantaciones ilegales de marihuana que disparaban el consumo eléctrico y han propuesto medidas como un plan de realojos para llevar a cabo en los próximos diez años como posible solución al problema.

“El Comité deja claro que los cultivos de marihuana de determinadas personas no son motivo como para que los vecinos sufran un castigo colectivo, al igual que indica que la opción de los realojos no responde al problema del corte de luz y supondría mantener a muchas personas sin suministro eléctrico” durante un largo tiempo, añade el abogado y activista, que asegura que son muchos los residentes que quieren tener un contrato legal y pagar por el suministro de electricidad.

Esa falta de electricidad que ya suma más de cuatro años supone para los vecinos y vecinas “una precariedad permanente, con riesgo para su salud”, si bien también afecta al derecho de la educación de los niños, niñas y adolescentes “con una pérdida de dignidad constante”, ya cabe recordar de que los 4.500 afectados por los cortes de luz, unos 1.800 son menores de edad.

“Hay un machaque sobre las familias y sobre aquellas personas que tienen que ocuparse de realizar todas las tareas del hogar, principalmente mujeres, porque cuando no hay agua caliente ni luz tienen que dedicar mucho tiempo en su día a día a buscar fórmulas de supervivencia”. “Se les priva de libertad totalmente”, concluye Rubio.

Anteriormente el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa ya había instado al Gobierno español a que restablezca el suministro eléctrico en la Cañada Real, al igual que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, también ha tildado la situación de “emergencia humanitaria”.

Los cortes de luz en este barrio, que comenzó a construirse en 1978, también incumplen lo acordado en el Pacto Regional para la Cañada Real Galiana, que fue firmado en 2017 por todos los partidos políticos presentes en la Asamblea de Madrid y en los plenos de los ayuntamientos de la capital, Coslada y Rivas con el objetivo de “dignificar el lugar mientras se llega a un acuerdo”.

Desde la plataforma cívica también denuncian que otro de los motivos que explican que el servicio eléctrico siga sin reanudarse se debe al proyecto de desarrollo del sureste de Madrid, que incluye la construcción de cinco nuevos barrios que “alojarán a medio millón de persona y que tendrían de vecinos a la Cañada Real”. “Hay unos claros intereses urbanísticos por parte de los políticos de la Comunidad de Madrid para desalojar la Cañada Real, no porque se vaya a construir sobre ese terreno, sino porque no quieren construir cerca de un barrio tan estigmatizado”.