
El Gobierno, a través de una respuesta parlamentaria escrita publicada este lunes en el Boletín Oficial de las Cortes, evita especificar el coste total a cargo de fondos públicos del acto de Juramento de la Constitución por la Princesa de Asturias, celebrado el 31 de octubre de 2023, coincidiendo con su mayoría de edad. “No consta ningún gasto individualizable”, reza el texto.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez responde ahora al diputado del BNG, Néstor Rego, que registró varias preguntas escritas en este sentido días después del evento histórico. Más allá de los gastos del Congreso en los preparativos de la jura de la Constitución de la princesa Leonor, que ascendieron a 59.420,98 euros (IVA incluido), el parlamentario gallego se interesó por el coste total del desfile, “a cargo de qué institución pública correrán los gastos derivados de la presencia militar” y “a cuánto ascenderán”. También, si el Ministerio de Defensa costeó la instalación del podio para la revista a las tropas y cuánto costó, además de cuánto supuso el desplazamiento y desfile de dichas tropas.
La Mesa del Congreso detalló entonces que pagó casi 56.000 euros para colocar un estrado en la zona de la Presidencia del Congreso y las casi 600 sillas para que diputados y senadores pudieran presenciar dicho acontecimiento. A esta cifra se añadió los 2.852 euros para el traslado en autobuses de las autoridades presentes en la jura del Palacio de la Carrera de San Jerónimo hasta el Palacio Real, donde continuaron la ceremonia, y los 854 euros que costó la Medalla del Congreso que su presidenta, Francina Armengol, impuso a la Princesa de Asturias. En total, todos los gastos desgranados sumaron 59.420,98 euros.
Resto de costes
Al margen de este gasto, asumido por la Cámara Baja, el Gobierno se escuda en que, “en el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, no consta ningún gasto individualizable correspondiente al acto de referencia con cargo a su presupuesto”, apunta su respuesta, fechada el 29 de enero de este año (más de dos años después de que Rego la registrara en el Congreso).
No obstante, reconoce que “la Oficialía Mayor del mismo presta servicio, con medios personales y materiales, en las celebraciones de actos de Casa Real, Congreso de los Diputados, Senado, Consejo de Estado, Consejo de Ministros y actos de Protocolo del Estado en los que interviene el Presidente del Gobierno y, cuando lo soliciten, otros ministerios, organismos y entidades públicas”.
El Ministerio de Defensa, por su parte, señala que “la participación de las unidades militares en el acto se encuadró dentro de la actividad normal de las mismas, siendo asumida por el presupuesto ordinario”. Asimismo, el Ministerio del Interior adoptó “las medidas y el despliegue policial necesario y preciso, con los medios existentes, no pudiéndose conocer el coste del dispositivo, toda vez que no existió partida presupuestaria específica”, añade la respuesta gubernamental.
Por último, sobre el coste del Collar de la Orden de Carlos III que el Gobierno concedió a la princesa Leonor por su 18 cumpleaños, el Ejecutivo emplaza a Rego a “encontrar información” en su normativa reguladora. En concreto, el Real Decreto 1051/2002, de 11 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III. El reglamento recoge que “no supondrá incremento alguno del gasto público”.
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