Una mujer ‘okupa’ una casa, dice encontrar un cadáver en su interior y lo entierra en la bodega: la Policía investiga la causa de la muerte

Las personas que deciden ‘okupar’ una vivienda pueden hacer un uso de esta muy diferente según el caso. En la mayoría de los casos, suelen tratar bien el espacio dado que es donde viven, y es también muy habitual que la casa pertenezca a algún gran propietario, dado que por ley resulta mucho más difícil un desahucio que en el caso de que se trate una primera o una segunda vivienda.

En cualquier caso, lo que nadie espera es encontrar restos humanos en el interior del piso ocupado, que es lo que ha ocurrido en la ciudad francesa de Francia, ubicada al noreste del país. Tal y como se ha sabido este fin de semana tras el anuncio de la fiscalía del departamento, la división contra el crimen organizado y especializado (DCOS) se encuentra investigando este macabro descubrimiento.

Según los medios franceses, que han contado con fuentes directas de la policía, la mujer fue arrestada y puesta en custodia por ‘okupar’ ilegalmente la vivienda de un hombre. En esa detención, los investigadores acabaron descubriendo los restos de un cadáver. Más en concreto, localizaron una serie de huesos humanos rotos.

Interrogada por un psiquiatra, la mujer aseguró que se había encontrado a un hombre muerto y que lo había transportado en una maleta para enterrar los restos en la bodega de la casa. Los investigadores ya buscan conocer el origen de los huesos, así como la causa y las circunstancias de la muerte del varón, así como la verdad acerca de cómo la ‘okupa’ acabó dando con los restos.

Este caso ha tenido un importante mediático en el país galo debido a lo prolíficos que son allí los casos de okupación. En España, se trata también de un tema abordado con frecuencia tanto por los políticos como por los medios de comunicación. Sin embargo, si en España se contabilizaron en 2024 más de 79.000 viviendas ocupadas, Francia registra unos 288.000 casos, si se contabilizan aquellos casos en los que los inquilinos no pagan el alquiler.

Tan es así, que a finales de 2023 se aprobó un proyecto de ley para endurecer la normativa, introduciendo penas de prisión de uno a tres años y multas de hasta 45.000 euros, una medida aplaudida por los sectores más conservadores, pero criticada por la izquierda, pues situaba al país como uno de los territorios más restrictivos con la ocupación de viviendas.

El debate sobre este tipo de medidas llega también hasta Europa. En noviembre de 2924, se anunció una audiencia pública sobre la ocupación ilegal tras la petición realizada por el grupo del Partido Popular Europeo (PPE). “La ausencia de seguridad jurídica para los arrendadores está provocando la salida del mercado de miles de viviendas por miedo a su ocupación, con la consiguiente disminución de la oferta y el aumento de los precios, imposibilitando el acceso a una vivienda de alquiler a las personas más vulnerables y a los jóvenes”, aseguraba entonces la coordinadora de Peticiones del grupo, Alma Ezcurra.