Igualdad abre una investigación tras la denuncia contra las terapias de conversión para personas LGTBI+ realizadas en iglesias

El Ministerio de Igualdad ha decidido abrir un expediente para investigar la denuncia que la Asociación Española contra las Terapias de Conversión presentó el pasado 30 de diciembre a raíz de los diferentes talleres para cambiar la orientación sexual de personas LGTBI+.

Esta institución denunció ante el Ministerio a varias diócesis del territorio nacional -Madrid, Barcelona, Málaga, Getafe, Alcalá de Henares y Sigüenza-, además de a una empresa y a varias personas más, por acoger y promover eventos en los que se realizaban terapias de conversión “basadas en la castidad y la práctica religiosa”.

A raíz de la denuncia, este martes la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se ha reunido con el presidente de la entidad, Saul Castro, para que este le trasladara los detalles de los talleres que se han estado llevando a cabo en dichos puntos, señalados en un documento presentado ante la Dirección General para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBI+.

El director de este órgano, Julio del Valle, ha señalado al finalizar la reunión la necesidad de “abrir un debate sobre lo que significan las terapias de conversión, que niegan la identidad de las personas y/o su orientación sexual”. Por su parte, desde el Ministerio han asegurado en un comunicado que van a “analizar el contenido de la denuncia para estudiar las acciones a impulsar en el marco de sus competencias”.

En la denuncia presentada por la Asociación Española contra las Terapias de Conversión se especificaba cómo algunas diócesis habían estado promoviendo estos talleres del proyecto Transformados, publicando testimonios de personas que aseguraban haber dejado de ser homosexuales. En declaraciones para Infobae España, Saúl Castro añadía que las terapias se ofrecían como un cambio hacia la “castidad absoluta”. “Dicen que la homosexualidad no es una orientación sexual natural y normal, sino que viene producida por traumas a lo largo de la infancia”.

Desde el Ministerio de Igualdad han recordado que la ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI prohíbe “la práctica de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento, en cualquier forma, destinados a modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género de las personas, incluso si cuentan con el consentimiento de la persona interesada o de su representante legal”.

Más en concreto, la celebración de estos talleres podría incurrir en una infracción “muy grave”, sancionada “con multa de 10.001 a 150.000 euros”. Habrá que esperar para ver si el Ministerio finalmente decide incoar la denuncia. En caso de no hacerlo, la Asociación Española contra las Terapias de Conversión ya advirtió de que interpondrían un recurso contencioso-administrativo. “No nos vale que después el Gobierno se llene la boca diciendo ‘hemos aprobado una de las leyes más progresistas de Europa en temas LGTBI’ si luego no se aplica”.

Por su parte, Del Valle ha insistido en la gravedad de los daños que este tipo de terapias pueden ocasionar a las personas LGTBI+: “Pueden acarrear consecuencias psicológicas a lo largo de toda la vida, afectando a su vida afectivo-sexual”. También órganos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), se han pronunciado sobre el asunto. Este último ha animado a los Gobiernos a invertir esfuerzos en “terminar con este tipo de terapias y con otros procedimientos médicos coercitivos impuestos a las personas trans y de género diverso”, debido a los problemas de salud mental que pueden provocar.