El anuncio de la propuesta de reforma legislativa anunciada este viernes por el PSOE ha provocado un terremoto en la carrera judicial, que no ve con buenos ojos varios de los puntos de la Proposición de Ley orgánica. Los juristas consultados por Infobae España coinciden al opinar que la reforma aparenta haber sido concebida para su aplicación en los casos que afectan al entorno de Pedro Sánchez, algunos de los cuales, de salir adelante su tramitación parlamentaria, estarían abocados al archivo.
La magistrada y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Chus del Barco, considera que la propuesta restringe el ejercicio constitucional de la acción popular “hasta el imposible” en un momento que “no es el más idóneo” para “dejar el ejercicio de la acción penal en manos del Ministerio Fiscal”. Y va más allá. Afirma que más que limitar el ejercicio de la acusación popular, “parece que lo que se pretende es buscar la impunidad” de unos “ciudadanos concretos”, lo que “casa muy mal con la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley”.
Sobre la tramitación elegida por el PSOE, la portavoz de la APM subraya que al ser por la vía de la Proposición de Ley permite que “se omitan” los informes preceptivos que deberían emitir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado. Esta “forma de actuar”, recuerda, ya fue utilizada en la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía.
Desde la asociación de jueces Francisco de Vitoria también cargan contra la propuesta socialista. Su portavoz, el magistrado Sergio Olivia, rechaza que el PSOE vuelva a acudir a “la peor de las técnicas legislativas imaginables” para aprobar una reforma que “no tiene vocación de generalidad sino que presenta la apariencia de haber sido concebida para su específica aplicación a casos concretos”, como los que afectan al entorno del presidente del Gobierno.
También califica como un “profundo error” la limitación del ejercicio de la acción popular para las asociaciones de jueces y fiscales porque “impediría” su actuación “en defensa de intereses legítimos de jueces y magistrados, limitación que podría conculcar la garantía constitucional del artículo 127 de la Constitución Española”.
Críticas de los progresistas
Otros juristas, incluso de corte progresista, han salido a criticar la medida anunciada este viernes por el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López. Uno de ellos es portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez, quien considera “desacertado” excluir a los partidos políticos de la acusación popular o impedir que esta figura acusatoria participe en la fase de instrucción de los procedimientos penales.
Además, entiende que la reforma de la acción popular no debe abordarse en este Proyecto de Ley, sino en el ya anunciado proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), “dando un tratamiento coherente y ponderado al cambio de la responsabilidad de instruir”.
Por el contrario, la asociación JJpD sí valora positivamente la propuesta derogación del delito de ofensa a sentimientos religiosos porque, a su juicio, se garantiza así la “plena libertad de expresión”. Por último, recuerda que exigir rigor al admitir denuncias o querellas sin que puedan basarse en simples informaciones periodísticas “ya lo exige la jurisprudencia, de modo que se convertiría en ley lo que dice el Tribunal Supremo”.
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