El PSOE propone una ley para limitar la acusación popular, suprimir el delito de ofensas religiosas e invalidar denuncias basadas en recortes de prensa

El PSOE ha registrado en el Congreso de los Diputados una ley para limitar la acusación popular y suprimir el delito de ofensas religiosas. Así lo ha anunciado el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, que ha avanzado que la ‘Proposición de Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas’ busca “impedir los mecanismos de acoso” por parte de grupos “ultras” que usan la acusación popular para fines propios.

Son recursos que, insisten los socialistas en el escrito, pretenden únicamente que los señalados participen en procesos judiciales costosos, a sabiendas de que están “abocados al archivo de la causa” al estar amparados por la ley, “pero que cumplen sobre todo una función disuasoria y también de amenaza a otros creadores, con la expectativa de que se autocensuren, privando así a la sociedad de puntos de vista y expresiones artísticas plurales”.

En este contexto, los socialistas plantean poner coto al recurso de acusación popular, limitándolo a los delitos que afecten exclusivamente “a los intereses generales”, entre los que se incluyen delitos contra el mercado y los consumidores, financiación ilegal de los partidos, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, rebelión, protección del patrimonio histórico y el medio ambiente, enaltecimiento del terrorismo o delitos de lesa humanidad.

En cualquier caso, la acusación popular se limita a la fase de juicio oral y a la formulación inicial de la querella. Además deberá “acreditar ante el juez” que la acusación tiene suficientes vínculos para justificar su intervención.

Respecto al delito de ofensas contra los sentimientos religiosos, López ha defendido la supresión del artículo 525 del Código Penal argumentando que es “un delito donde no se detectan apenas condenas” y se trata de un mecanismo utilizado “permanentemente por organizaciones ultras y fundamentalistas para perseguir a artistas y periodistas”.

López, en declaraciones a los medios, ha añadido que esta iniciativa parlamentaria también recoge que se inadmitan las querellas que se basen en recortes de prensa ―lo dice así “la doctrina del Tribunal Supremo”― “sin
el menor indicio de irregularidades".

Por último, plantean una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que contemple una nueva causa de recusación para que los magistrados que hayan realizado manifestaciones a favor o en contra de determinados partidos no puedan participar en procesos en los que los mismos formen parte.

El PP ha criticado esta medida argumentando que la reforma judicial pretende únicamente blindar al PSOE ante las causas que salpican a la esposa del presidente, Begoña Gómez, y al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, cuyas querellas fueron interpuestas por el sindicato de extrema derecha Manos Limpias, a raíz de los recortes de prensa de diarios conservadores.

Hay que recordar que el delito por el que está imputado el fiscal general Álvaro García Ortiz, de revelación de secretos, tuvo origen en una acusación popular que sería suprimida por haber sido ejercida por “asociaciones profesionales de jueces y fiscales”. En este caso, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez.

Asimismo, los populares afirman que se trata de una medida más que busca “conseguir la impunidad” también a sus socios de gobierno. En todo caso, el PSOE deberá ahora negociar la medida con el resto de grupos parlamentarios para recabar los apoyos de la mayoría absoluta de la Cámara.