
El Ministerio de Transportes ha elaborado dos informes en los que ha analizado diferentes contratos que mencionó Aldama en sus declaraciones al Tribunal Supremo, relacionados con las entidades de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y de la Dirección General de Carreteras.
En ambos casos, los técnicos no han encontrado ningún indicio que lleve a pensar en el pago de comisiones ilegales, por lo que las acusaciones del empresario no serían ciertas.
Aldama entregó la semana pasada al Supremo una serie de documentos que, según él, demostraban cómo al menos 10 empresas de construcción obtuvieron 96 contratos de obras públicas a cambio del pago de comisiones a José Luis Ábalos, ministro de Transportes entre 2018 y 2021.
Todos los posibles contratos quedan descartados
Tal y como ha informado Agencia EFE, el documento sobre Adif y Adif AV señala que, tras analizar la totalidad -373- de los expedientes de contratación de obras y servicios de la propia entidad entre junio de 2018 y julio de 2021. De todos ellos, solo se encontraron un total de 13 que encajaban con los criterios de selección -basados en las empresas que Aldama indicó- para encontrar señales de irregularidades.
No obstante, los seis pertenecientes a Adif se descartaron al incluirse en un acuerdo marco de otro contrato de mantenimiento, además de que su tramitación se realizó fuera de dicho periodo. En el caso de los otros siete de Adif AV, señalan que “ha quedado acreditado, de manera motivada, que ninguna tramitación/gestión de dichos expedientes de contratación ha devenido ni en la constatación ni incluso en la sospecha de algún trato de favor o actuación irregular”.
Algunas empresas ni siquiera ganaron el concurso por el que habrían pagado comisiones
Por su parte, el informe de la Dirección General de Carreteras se ha elaborado con el análisis de con 21 expedientes de contratación que mencionó el empresario, sin que constatara en ninguno de ellos una “actuación irregular”. Cabe decir que solo tres de estas compañías ganaron concursos de obras, mientras que el resto perdieron los concursos a los que se presentaron pese a las supuestas mordidas.
Del mismo modo, el periódico El País señala que en los informes han corroborado como, en la mayoría de concursos, ganaron las empresas con una mejor oferta económica, en detrimento de la puntuación técnica que pudieran lograr. Respecto a la tramitación de modificaciones de los contratos, tampoco se pudo apreciar ningún indicio de pagos de comisiones.
Por último, han destacado que “la propia naturaleza del sistema de control y garantías establecido en la legislación y por el propio ministerio para este tipo de modificaciones prácticamente anula la posibilidad de comisión, de algún tipo de fraude o irregularidad en su tramitación”.
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