CEOE y Cepyme rechazan oficialmente la propuesta del Ministerio de Trabajo para reducir la jornada laboral por ley

El Comité Ejecutivo extraordinario de CEOE, reunido este martes 5 de noviembre, ha rechazado por unanimidad la propuesta del Ministerio de Trabajo de reducción legal de la jornada laboral a 37,5 horas en 2025. La decisión, enviada a través de un comunicado a los medios, ya había sido avanzada por fuentes empresariales en privado y se intuía por las declaraciones en abierto. Se trata del primer rechazo oficial tras 11 meses de negociación en la mesa tripartita y abre la puerta a que la misma continúe solo con los sindicatos UGT y CCOO a partir del 11 de noviembre, próxima fecha puesta por el Ministerio de Trabajo para tratar las posturas de cada organización ante la última propuesta.

Según detallan en un breve documento CEOE y Cepyme, su conclusión es que “desde la responsabilidad”, no pueden apoyar una modificación por ley de cuestiones que, consideran, “son materia propia de los convenios colectivos”. En esta línea reiteran que “ya se están pactando de forma bilateral en los convenios” reducciones de jornada, por lo que modificar la ley “supone una intromisión en la autonomía de la negociación colectiva, consagrada en el artículo 37.1 de la Constitución”. Los empresarios consideran que reducir la jornada laboral por ley en todos los sectores y empresas “debilita” el marco de la negociación colectiva “que ha sido fundamental para mantener la paz social durante los últimos 40 años” y “aboca a muchas empresas, especialmente a pymes y autónomos, a una reorganización forzada que pondrá al límite su capacidad de organización interna y su supervivencia”.

A nivel técnico, CEOE y Cepyme creen que, de llevarse a cabo la reducción de jornada por ley, “difícilmente” aumentará la productividad, como defiende el Ministerio de Trabajo, porque el tejido productivo está compuesto en alrededor de un 98% por pymes y autónomos, muchos de ellos vinculados a los servicios turísticos. “Adoptar medidas como esta, con carácter general, tiene poco sentido si se tienen en cuenta las enormes diferencias existentes entre los distintos sectores económicos y entre comunidades autónomas”, señalan.

En la última propuesta, la cartera de Yolanda Díaz había planteado diversas medidas para tratar de convencer a las patronales, entre las que se encuentran ayudas económicas directas de 6.000 euros a determinadas microempresas y bonificaciones a las contrataciones de los negocios de menos de 10 trabajadores. También mayor flexibilidad para la distribución irregular de la jornada y un plan de acompañamiento a las pymes para adaptarse a la nueva normativa.

En el fondo, según admiten fuentes empresariales, CEOE confía en que el Gobierno no obtenga los apoyos necesarios en el Congreso. Aunque el PNV ha adelantado que votaría a favor de la reducción de la jornada junto con otros socios de la investidura (Bildu y ERC), los siete votos de Junts son los que faltan. Si finalmente el Ministerio de Trabajo saca adelante un acuerdo solo con CCOO y UGT, estos exigirán que las propuestas de ayudas para las empresas y de mayor flexibilidad no se materialicen en el proyecto de ley.

De manera adicional a la reducción de la jornada laboral, el Ministerio ha propuesto una modificación del sistema de registro horario, que arrancó en 2019, y un mayor blindaje del derecho a la desconexión digital de los trabajadores. Fuentes empresariales asumen que el Gobierno terminará endureciendo el registro horario porque hacer que sea telemático e interoperable para la Inspección de Trabajo solo requiere de la emisión de un real decreto, un rango normativo que no necesita la convalidación en el Congreso. Sin embargo, el Gobierno sí necesita del apoyo parlamentario para modificar el régimen sancionador, ya que el ministerio pretende elevar las multas para que sean por trabajador y no por empresa, como hasta ahora.