La Fiscalía ha pedido a la Audiencia Nacional que aplique la ley de amnistía y decrete el archivo de la causa contra los 12 integrantes de los CDR acusados de delitos de terrorismo que fueron enviados a juicio. El ministerio público ha apoyado la postura de las defensas, que han solicitado la aplicación “inmediata” de la norma que dejaría sin consecuencias penales a los procesados por la planificación de acciones violentas en Cataluña de cara al aniversario del 1-O y contra la sentencia del juicio del procés.
En una vista celebrada este jueves, la teniente fiscal de la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha defendido que la “interpretación” de la ley “no ofrece género de dudas” y ha pedido que “se declare extinguida la responsabilidad penal” de los acusados.
Sobre el encaje de los delitos de terrorismo que se atribuyen a los CDR, ha subrayado que no violaron gravemente los derechos humanos porque “los acusados no llegaron a materializar” sus planes. Los doce miembros de los CDR están procesados por delitos de pertenencia a grupo terrorista, tenencia de explosivos y estragos terroristas en grado de tentativa. “No podemos partir del potencial daño que se hubiera podido dar”, ha subrayado la representante del ministerio público.
Ha añadido que a juicio de la Fiscalía “no se produjo ninguna lesión de los derechos invocados: no hubo lesión a la vida, ni a la integridad física, ni daños psíquicos o morales”. En su escrito de acusación y conclusiones provisionales, el ministerio público pedía penas de hasta 27 años de cárcel para los procesados.
Por su parte, el abogado de la acusación popular, ejercida por la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), ha rechazado la posible aplicación de la ley de amnistía a los acusados y ha confiado en que la resolución de los magistrados esté “perfectamente motivada” y “respete los derechos de las asociaciones de víctimas”.
“El único atentado fue el de Las Ramblas y Cambrills”
En su turno de intervención, las defensas han pedido la aplicación “inmediata” de la ley de amnistía para sus representados y han sostenido que los hechos atribuidos a los CDR no pueden enmarcarse en delitos de terrorismo. “El único atentado terrorista que ha habido en Cataluña en la última década es el de Las Ramblas y Cambrills”, ha señalado uno de los abogados de las defensas.
Este procedimiento surgió a raíz de la operación Judas, que en septiembre de 2019 desarticuló el denominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una célula integrada por individuos de diferentes CDR “notablemente radicalizados y que pretendían, mediante el uso de la violencia, conseguir la independencia de Cataluña”.
El juez instructor de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón describió a esta cúpula como “una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados”. Lo harían utilizando explosivos y otras sustancias incendiarias fabricadas en laboratorios clandestinos.
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