La Policía Nacional ha informado este viernes de la detención de 22 activistas del colectivo ecologista Futuro Vegetal, a quienes acusan, entre otros delitos, de pertenencia a organización criminal. Además, les atribuyen daños al patrimonio valorados en más de medio millón de euros por sus protestas, entre ellas el lanzamiento de pintura en la fachada del Congreso de los Diputados, el corte de la M-30 y otras carreteras de circunvalación de la capital, así como el cierre temporal de pistas de los aeropuertos de Ibiza y Madrid-Barajas.
La Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía de Madrid ha investigado y tomado declaración en los últimos meses a numerosos integrantes de Futuro Vegetal. Finalmente, la operación se ha saldado con el arresto de 22 activistas en Madrid, Barcelona, Cádiz, Murcia, Elda (Alicante), Zaragoza, Granada, Valencia, Soria, Santander y San Sebastián.
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La investigación, explica la Policía, se inició en enero de 2022, tras el lanzamiento de pintura en la fachada de la sede del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Esa fue una de las primeras acciones cometidas por Futuro Vegetal, que continuó con protestas en edificios gubernamentales, museos, carreteras y otras infraestructuras de interés.
Según la investigación policial, Futuro Vegetal se estructuraba como una “organización” con un “claro reparto de tareas” y coordinada por líderes, conocidos como “dinamizadores” que ostentaban “roles directivos y recibían remuneraciones por sus responsabilidades”. Los agentes señalan, en concreto, a tres personas como dirigentes de una organización con una “estructura criminal”. Asimismo, destacan que habían conseguido “establecer relaciones, a nivel internacional, con otros colectivos similares que ya fueron asociados en sus países de origen con organizaciones criminales”.
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Infobae España informó que la Brigada Provincial de Información estaba indagando en la financiación del colectivo ecologista. La Policía ha determinado que Futuro Vegetal recibió más de 140.000 euros en donativos, “parte de los cuales fueron, presuntamente, recibidos por sus líderes por coordinar la actividad delictiva”.
“Criminalización de la protesta”
Desde el colectivo denunciaron que “es absurdo reprimir a activistas climáticas no violentas” y que “la criminalización de la protesta que está haciendo la Policía Nacional es irracional y desproporcionada”. Además, remarcaron, en declaraciones a Infobae España que ninguno de los activistas ha sido condenado por acciones vinculadas a Futuro Vegetal.
La Policía Nacional atribuye a los ecologistas un total de 65 hechos cometidos por toda la geografía nacional, entre ellos el lanzamiento de pintura en la fachada principal del Congreso, el corte de carreteras de circunvalación en Madrid, daños a obras artísticas en el Museo del Prado y el cierre temporal de pistas en los aeropuertos de Ibiza y Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Así, los agentes valoran los daños causados en más de 500.000 euros “sin cuantificar los desperfectos causados al patrimonio histórico”.
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