
El pasado jueves, 14 de diciembre, fue un día histórico, por más que la actualidad presente tantos temas sobre la mesa informativa que a veces incluso las cuestiones más decisivas tengan dificultades para hacerse hueco. Fue histórico porque la Unión Europea (UE), tras mucho tiempo de negociaciones entre Parlamento y Consejo, dio por fin un paso clave en el fomento y la protección de los Derechos Humanos y el medio ambiente al obligar a las empresas a integrar ambos aspectos capitales en sus sistemas de gestión.
Desde Fairtrade, donde tanto y tanto esfuerzo hemos hecho en ambas materias, no podemos hacer otra cosa que alegrarnos profundamente por este principio de acuerdo para la aprobación definitiva de la directiva de debida diligencia que situará los Derechos Humanos y el medio ambiente como prioridad de las compañías y que, por tanto, nos ayudará no sólo en la transición hacia un mundo más verde, sino también hacia una sociedad más humana; en definitiva, una sociedad mejor.
Más allá de la lógica alegría por el presente, ahora es momento de seguir perseverando en la labor para asegurarnos de que esta oportunidad histórica que impulsa la UE tiene desarrollo y presencia en el futuro a medio y largo plazo. Para ello, es necesario dotar a las empresas de medidas de acompañamiento que garanticen el respeto a los derechos de los pequeños agricultores y apoyarlos para conseguir la obtención de ingresos justos. Esperamos, por tanto, que más allá del esfuerzo legislativo, esta medida impulse un nuevo modelo económico que permita desarrollar códigos de conducta y refleje el principio de colaboración y responsabilidad compartida en el proceso de debida diligencia.
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Para conseguir un resultado óptimo será necesaria la cooperación y la asociación global entre todos los actores que intervienen en las distintas cadenas mundiales de valor. Ahí es donde Fairtrade, dada su experiencia en comercio justo, trabajará para seguir siendo un actor clave y un socio estratégico para el desarrollo de la sostenibilidad en las cadenas de suministro.
La certificación de comercio justo se antoja esencial si tenemos en cuenta que es una herramienta al servicio de la directiva de debida diligencia, una herramienta para asegurar que los productos que cualquiera de nosotros puede encontrar en los supermercados están elaborados con respeto absoluto a los Derechos Humanos y al propio medio ambiente. Así, las normas y estándares que establece garantiza las prácticas justas, ya que trabaja por el interés y la justa remuneración de todas las partes.
De hecho, para que esto se cumpla con plenas garantías, desde el comercio justo trabajamos en un mapa de riesgo global que respalda el análisis de riesgos de inclusión y verificación por parte de los titulares de derechos. Del mismo modo, también implementamos medidas, proyectos y programas para mitigar los riesgos ambientales y los requisitos climáticos; por ejemplo, la deforestación.

Sabemos de la importancia que va a tener esta nueva legislación para los productores de todo el mundo y en especial para los de Latinoamérica, con los que trabajamos muy de cerca para consolidar sus derechos. Las cooperativas de agricultores necesitan fortalecer su trabajo en debida diligencia en todo lo que concierne a Derechos Humanos y medio ambiente (HREDD por sus siglas en inglés) y por eso procuramos que todas las partes interesadas apoyen a los agricultores para hacer realidad un desarrollo completo de ambas cuestiones. De ahí que también desarrollemos materiales y programas de capacitación que ayudarán a las organizaciones de pequeños agricultores en la complejidad de la debida diligencia.
Por todo ello, desde el comercio justo celebramos este paso importante que ha dado la Unión Europea, pero, al mismo tiempo, sabemos que es un nuevo punto de partida para seguir trabajando con esfuerzo denodado por el desarrollo de los Derechos Humanos y el fomento del diálogo entre los actores que intervienen en la cadena de suministros para abordar riesgos y daños de malas prácticas.
Así seguiremos, vigilantes y trabajando sobre el terreno, felices por la implicación de las instituciones, pero conscientes de que hay que perseverar en la construcción de un mundo más sostenible, un mundo mejor que dé como resultado una sociedad más justa para todos sus integrantes.
*Álvaro Goicoechea es director general de Fairtrade España.
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