El acuerdo entre el PSOE y Junts per Catalunya para conseguir la investidura de Pedro Sánchez también incluye algunos aspectos económicos, siendo el más claro el compromiso por parte de ambas formaciones de abordar una estrategia para la vuelta de sedes sociales de empresas a Cataluña. Según el documento, se negociarán los “elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Catalunya de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años”.
Según el Colegio de Registradores, que publica de manera trimestral los traslados confirmados de sede social entre comunidades autónomas, Cataluña ha perdido 2.981 sedes sociales de empresas entre 2018 y el tercer trimestre de 2023. Este saldo negativo se deriva de la diferencia entre las 3.417 entradas registradas en dicho periodo y las 6.398 salidas y no tiene en cuenta lo sucedido en 2017 porque la institución comenzó a publicar periódicamente esta información en el último trimestre de dicho año.
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En 2018, Cataluña perdió 1.892 sedes sociales y Madrid ganó 1.267, la mayoría procedentes de Cataluña. En este año se vivió un verdadero éxodo de empresas que tenían su sede social en Cataluña hacia otras regiones del país, también hacia la Comunidad Valenciana y Aragón, a raíz del referéndum del 1 de octubre de 2017 y de la declaración unilateral de independencia de ese mismo mes. Algunas de las más sonadas fueron CaixaBank y Sabadell, que trasladaron sus sedes sociales a Valencia y Alicante, respectivamente. También se trasladaron a Madrid empresas como Cellnex y Naturgy, aunque esta última ya fue en 2021.
Según se ha ido calmando el clima político, Cataluña ha ido reduciendo la salida de sedes empresariales, pero continúa en cifras negativas. En 2022 perdió 181 sedes sociales y en lo que va de 2023 acumula un saldo negativo de 108, el mínimo de los últimos seis años. Pese a estas fugas, cabe destacar que Cataluña sigue siendo la región con mayor número de empresas según el Directorio Central de Empresas que publica el INE anualmente, ya que acumuló el 18,5% de empresas activas en 2022 frente al 16,3% de la Comunidad de Madrid y el 15,9% de Andalucía. Además, el número total de empresas activas ha crecido en comparación con 2017 y 2018, lo que evidencia que las salidas son más simbólicas (de sede social) que operativas.
Cabe destacar que no sorprende este acuerdo entre el PSOE y Junts porque en abril de 2023 la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, nacida en Cataluña, ya sugirió que CaixaBank y Sabadell podrían volver a la región. En concreto, señaló que las “circunstancias” que motivaron sus traslados de sede social en el año 2017 ya “no existen” y, por tanto, son circunstancias que estas compañías “podrían valorar”.
Pactan discrepancias en fiscalidad
El resto del acuerdo en materia económica es más difuso, ya que prácticamente se han limitado a acordar que habrá notables discrepancias en los planteamientos durante la legislatura. Junts propondrá “de entrada” una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas para que se reconozca la “singularidad” de Cataluña.
En concreto, Junts pide incluir una cláusula de excepción que “facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya”, como ya sucede en País Vasco y Navarra, que tienen sus propios regímenes forales. Dicho partido entiende que no gestionar toda la recaudación de impuestos como el IRPF supone una “limitación del autogobierno”.
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El PSOE, por su parte, solo se compromete a apostar por “medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Catalunya, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación” sobre la región. Esto hace referencia a lo acordado con ERC la semana pasada para perdonar parte de la deuda que Cataluña tiene con el estado, de manera que se “facilite” su vuelta a financiarse en los mercados, y a la reforma del modelo de financiación autonómica.
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