Blackstone, con al menos 13.125 inmuebles arrendados, es el segundo casero de la Comunidad de Madrid, solo por detrás de la propia Agencia de Vivienda Social de la región. Según muestran sus cuentas anuales, entre sus filiales Testa y Fidere en 2022 ingresó 100 millones de euros en alquileres, según la investigación de Civio y El Salto sobre la situación de la vivienda de alquiler en la Comunidad de Madrid. A través de las fianzas depositadas en la Agencia de Vivienda Social han podido recabar los datos de las personas jurídicas con 50 o más inmuebles alquilados residenciales y de otros usos.
En 2022, había 512.412 contratos de alquiler de inmuebles con fianza depositada en la Agencia de Vivienda Social en la Comunidad de Madrid. 118.859 inmuebles del total, es decir, el 23,2%, son propiedad de empresas con 50 o más inmuebles alquilados. Se trata de un total de 374 sociedades que controlan casi una cuarta parte del mercado de vivienda de alquiler a través de 463 filiales. Más de la mitad estas compañías son Inmobiliarias (239), seguidas de lejos por entidades financieras (33) y comunidad de bienes, de propietarios y herencias yacentes (20).
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La investigación clasifica a estos “megatenedores” en empresas privadas (317), empresas públicas (21) y otro tipo de sociedades (36). Además, la sede de 32 sociedades se ubica en el extranjero. La mayoría de ellas son de Estados unidos, como Blackstone, que es la empresa privada con más inmuebles en alquiler en la Comunidad.
La Comunidad de Madrid es el principal arrendatario con 21.549 inmuebles alquilados, seguido por Blackstone (13.125), el Ayuntamiento de Madrid (7.000), CBRE (4.848), CaixaBank (4.772), Renta Corporación (2.916), Cerberus (2.448), Banco Santander (1.529), Ares Management Corporation (1.330) y el Ayuntamiento de Rivas (1.322).
El nacimiento de los “megapropietarios”
En el repotaje también se incluyen las declaraciones de Manuel Gabarre, investigador del Observatorio CODE especializado en políticas de viviendas y fondos de inversión. El experto explica que fue en 2013 cuando diversas compañías empezaron a adquirir propiedades de los entes de vivienda pública regional —la actual Agencia de Vivienda Social— y municipal madrileño.
Goldman Sachs compró 2.935 viviendas públicas a la Comunidad de Madrid por 210 millones de euros. Sin embargo, la transacción fue anulada por la Audiencia Provincial en 2018. El caso más sonado de compraventa de vivienda pública es el de Blackstone, que adquirió 1.860 viviendas al Ayuntamiento de Madrid por 128,5 millones de euros. Se abrió una causa judicial, pero fue archivada en 2022. Blackstone ha seguido comprando viviendas de alquiler social en la Comunidad de Madrid hasta multiplicar por siete los inmuebles que tiene alquilados en la región.
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