
El 2022 fue un año donde el Poder Legislativo se caracterizó por tener una muy pobre productividad, con solo 37 leyes sancionadas de las cuales casi la mitad correspondieron a declaraciones de días nacionales, donaciones, expropiaciones y acuerdos. En este contexto, los proyectos vinculados al campo y la agroindustria volvieron a tener una pequeña participación en los temas tratados en el Congreso, no llegando a acaparar el 10% de las iniciativas presentadas.
No obstante, esto no significa que no haya sido un año movido para el sector en lo legislativo. Según un informe de la Fundación Barbechando, alcanzaron el status de Ley tres proyectos relacionados con la agroindustria, mientras que el sector logró frenar o modificar proyectos con impacto negativo.
En diálogo con Infobae, la directora legislativa de Barbechando, Florencia Ricchiuti, indicó que “si se tiene que resumir en una palabra, fue un año legislativo neutral para el sector, pero por buenas acciones de lobby en general”. Esto es así porque se “abordaron dos proyectos que podrían haber sido de un alto impacto negativo para el campo como el de la Ley de Humedales, que todavía está en espera y que puede llegar a salir, pero que los cambios que lograron introducir lo hicieron más federal y aplicable y el de las Facultades Delegadas con el posible aumento de retenciones, que se frenó en la Ley de Presupuesto”, explicó Ricchiuti.

Por otro lado, las leyes sancionadas fueron las de Promoción del Cáñamo y Cannabis Medicinal, la modificación de la Ley de Bio y Nanotecnología y la de Control de Resistencia Antimicrobiana, las cuales, según Ricchiuti, “hay que celebrar pero no lograron tener la capacidad de impacto necesario para lograr la previsibilidad que pide el sector”.
“Son leyes que a una buena parte de la producción la impacta favorablemente, pero se tendrían que buscar discusiones a más largo plazo, como las referidas a las retenciones, como así también hay hay que ver también si se puede discutir en algún momento un proyecto referido a los seguros multirriesgo”, puntualizó la especialista.
Asimismo, legisladores presentaron proyectos importantes para el sector que no lograron prosperar, como la modificación de la Ley de Emergencia Agropecuaria y la Crédito Agropecuario. Si bien las iniciativas se instalaron para discutirlas en las comisiones correspondientes, con reuniones informativas y de debate, no lograron mayor avance y perdieron estado parlamentario. “Son expresiones de buenos deseos, pero que en este momento, con las diferencias que existen entre el oficialismo y la oposición, sumado a que son proyectos de impacto fiscal, normalmente tienen el pulgar hacia abajo”, sostuvo Ricchiuti.
Hacia un difícil 2023
Si se considera que el 2022 la productividad parlamentaria fue baja, para 2023 se prevé que la misma sea nula, no solamente porque se ingresa en un año electoral donde generalmente la actividad del Congreso cae, sino también por la decisión del oficialismo de impulsar el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, lo cual hace imposible alcanzar cualquier consenso con Juntos por el Cambio (JxC).

“Hay una agenda política versus la productiva. Está muy radicalizada (por el pedido de juicio político) donde JxC no está dispuesto a ceder o va a buscar hacer frente a esta agenda y esto va a paralizar o hacer desaparecer la agenda productiva”, sostuvo la directora legislativa de la fundación.
¿Cuáles son las leyes que interesan a la agroindustria que podrían tratarse este año? La principal es la de Fomento Agroindustrial, que sería incluida por el Gobierno en el temario a tratarse en las Sesiones Extraordinarias y que corre el riesgo de perder estado parlamentario si no es discutida. No obstante, el pedido de Juicio Político hace que la normativa sea de muy difícil tratamiento. La otra es la de maquinaria agrícola, la cual estaba por dictaminarse en plenario de comisiones, pero el asueto del 20 de diciembre truncó las chances, mientras que durante 2023 puede complicarse las posibilidad de encontrar quórum en comisiones, mientras que la Ley de Humedales es otra tratativa proclive de discutirse.
Por eso, Ricchiuti entiende que, más allá de lo complicado que será que las dos fuerzas mayoritarias puedan alcanzar consensos, este “va a ser un año con una campaña por delante y va a complicar el trabajo en el congreso ideológicamente, porque van a estar discutiendo dos modelos de país y por otro lado se va a encontrar parado por la ausencia de los legisladores en por la campaña política. Se viene un 2023 difícil en lo legislativo para sortear obstáculos”.
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