La Sociedad Rural Argentina (SRA) se sumó a las críticas por la Ley Fiscal enviada a la legislatura bonaerense y aseguró que los cambios vinculados al Impuesto Inmobiliario Rural afectan la planificación del sector y generan incertidumbre. Otras entidades ya había cuestionado distintos puntos del proyecto.
“Manifestamos nuestra preocupación frente al proyecto de Ley Fiscal enviado por el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires y reclamamos que sean los legisladores provinciales quienes definan con precisión todas las condiciones vinculadas al Impuesto Inmobiliario Rural”, dijo la entidad en un comunicado.
“Advertimos que el proyecto presentado traslada facultades centrales al Ejecutivo, generando un marco de incertidumbre que afecta directamente la previsibilidad que necesitamos quienes producimos en la provincia. En particular, señalamos que el Artículo 133 habilita al Ejecutivo a intervenir en las valuaciones sin criterios consensuados ni una hoja de ruta acordada para el revalúo, que incluya espacios de consulta con las instituciones locales y con la comunidad productiva”, explicaron.
Por otro lado, aseguraron que el artículo 167 permite modificar las cuotas no vencidas durante el propio ejercicio fiscal, “afectando nuestra capacidad de planificación”, aseguraron.
A su vez, el esquema de bonificaciones mantiene definiciones abiertas, sin porcentajes establecidos por ley. “La ausencia de parámetros claros por parte del gobierno provincial genera un escenario de inseguridad normativa. Por ello, instamos a la Legislatura provincial a asumir plenamente su responsabilidad constitucional, definiendo en la ley los criterios, límites y alcances del tributo y evitando delegar facultades esenciales al Poder Ejecutivo”, consideraron.
Cabe mencionar que el reclamo de la SRA se da en un contexto donde miles de hectáreas están bajo agua, declaradas en emergencia y desastre agropecuario. “El gobierno provincial debería estar proyectando la realización de las obras de infraestructura que permitan prevenir fenómenos climáticos adversos y la baja de impuestos para aliviar la situación”, enfatizaron.
Por otra parte, señalaron que “los productores venimos haciendo frente a un alto tributo provocado por la Ley Fiscal aprobada en diciembre de 2023 y prorrogada en diciembre del año pasado con adicionales extraordinarios (5ta cuota). Todo esto nos obliga una vez más reclamar un sistema tributario transparente y plenamente definido por Ley, sin sorpresas ni turbulencias, para poder seguir produciendo e invirtiendo en la provincia de Buenos Aires”.
En la misma línea, desde CARBAP apuntaron que “en medio de una crisis productiva con millones de hectáreas bajo el agua, caminos rurales intransitables y miles de familias rurales que resisten pese a todo, el gobierno decide agregar más peso a un sector que ya está al límite”.
Manifestaron “su enérgico rechazo a la decisión del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de aplicar, mediante el artículo 139 de la Ley Fiscal, un incremento adicional del 25% en el Impuesto Inmobiliario Rural, conocido como la ‘quinta cuota’, mediante la duplicación del valor de la cuarta cuota. Esta medida es ilegal e improcedente, al adoptarse sin la aprobación del Presupuesto 2025 ni de una nueva Ley Impositiva”.
No son las primeras entidades que presenta críticas sobre la ley impulsada por el gobierno de Axel Kicillof. Por caso, días atrás las cámaras empresariales de la provincia de Buenos Aires reclamaron la actualización de la base no imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Explicaron que, en los últimos dos años, la ausencia de aprobación de la Ley impidió modificar el monto de facturación, lo que llevó a que muchas pequeñas y medianas empresas bonaerenses, antes exentas, comenzaran a tributar aunque sus ingresos no hayan crecido o incluso hayan caído en términos reales.
Así lo expresaron la Asociación de Industriales de la provincia de Buenos Aires (ADIBA), la Confederación Económica (CEPBA), la Federación Económica (FEBA) y la Unión Industrial Bonaerense (UIPBA) en un comunicado conjunto.
Las entidades calcularon que, teniendo en cuenta la inflación acumulada, la base no imponible debería ajustarse a un mínimo de $4.600 millones para restablecer las condiciones vigentes en la última aprobación de 2023 y evitar que la falta de actualización siga impactando en la competitividad y sostenibilidad del entramado productivo local. Advirtieron también que cualquier actualización menor a ese valor implicaría un aumento del impuesto para las Pymes.
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