“Gana el que evade, no el que invierte”: la visión de cuatro CEOs de IDEA sobre la presión impositiva y la reforma pendiente

Mar del Plata. La estructura impositiva y la proliferación de la informalidad en la Argentina ocuparon el centro del debate en este segundo día del 61° Coloquio de IDEA cuyo lema es “Juega Argentina”. En distintos paneles que abordaron la temática, referentes de distintas áreas analizaron cómo la presión fiscal y los tributos distorsivos limitan la competitividad y el crecimiento económico y qué reforma se requiere hacia adelante para revertir este escenario.

En tres paneles consecutivos que moderó la periodista Florencia Donovan, ejecutivos de empresas líderes, referentes del tercer sector y especialistas desglosaron de manera detallada cómo la carga tributaria y la expansión impositiva impactan en los sectores productivos. Los principales oradores coincidieron en los efectos de la informalidad, las distorsiones tributarias y la proliferación de tasas municipales.

Matías Surt, economista, socio-director de Invecq y profesor universitario, abrió el espacio con una radiografía del sistema fiscal en el panel “Nivelando la cancha, el desafío impositivo”. Para Surt, la presencia de impuestos distorsivos, como ingresos brutos, derechos de exportación, aranceles de importación y el impuesto al cheque supone un freno concreto a la inversión y al desarrollo de exportaciones. Según expuso, Argentina recauda cerca de ocho puntos del PBI por estos conceptos, más 1,5% extra mediante tasas municipales. Esto lleva el total a más del 9% del producto, una cifra que el sector privado soporta y que considera un impedimento para su rentabilidad.

Surt señaló que, aun con cierta reducción en aranceles y derechos de exportación que ocurrieron durante la actual gestión de Javier Milei, las distorsiones por ingresos brutos impactan especialmente sobre cadenas de valor extensas por el clásico efecto cascada. Los supermercados, de acuerdo a su exposición, enfrentan tasas promedio en torno al 1%, pero en ciertos municipios el cargo llega al 6%.

Además, manifestó que entre el 20 y el 35% del precio de algunos productos terminados es absorbido por cargas fiscales distorsivas. “Si se alineara el sistema tributario argentino con los parámetros habituales de otros países, la carga podría descender hasta un tercio”, remarcó.

El economista también vinculó la presión fiscal con el elevado gasto público argentino. Aclaró que, si bien es esperable una estructura tributaria más alta en este contexto, advirtió contra la permanencia de impuestos distorsivos y altos niveles de evasión, que terminan desalentando la inversión y encareciendo productos para el consumidor.

Desde el sector supermercadista, Nicolás Braun, Director de IDEA y gerente general de Supermercados La Anónima, focalizó en la brecha que existe entre empresas formales y la expansión del canal informal. Según explicó, el nivel de evasión en el comercio llega al 55% y la informalidad laboral se sitúa cerca del 60%. “Con una utilidad promedio apenas superior al 2%, los supermercados pueden ver cómo el monto de impuestos sextuplica márgenes considerados razonables”, dijo.

Según Braun, la suba tanto de impuestos como de niveles de evasión detuvo la expansión de los supermercados de grandes cadenas y promovió el avance de canales informales, en especial los autoservicios. “Hoy hay cerca de 13.000 autoservicios en el país”, ejemplificó, y mencionó casos como la salida de empresas internacionales del sector—entre ellas Walmart—como resultado de las trabas a la inversión y el crecimiento formal.

El impacto de la informalidad no se restringe a los supermercados. Braun también planteó la situación en los frigoríficos, sector en el que en 2018 tres de cada cuatro kilos comercializados tenían algún componente informal. Bajo este escenario, reclamó que el Estado garantice que todos los actores compitan bajo las mismas reglas, y defendió que la ventaja competitiva debe surgir de la innovación y la inversión, no de la evasión impositiva.

Andrés Cavallari, CEO de Raízen Argentina, relató la carga fiscal específica que enfrenta la industria de los combustibles. Detalló que “de cada 100 pesos que se pagan por un litro de nafta, 45 pesos corresponden a impuestos”, que tildó de distorsivos. Si bien remarcó que el sector refina y produce con alta eficiencia y destina toda su producción al mercado local, esos tributos afectan principalmente al consumidor final.

Cavallari subrayó el aumento de la cantidad, el monto y la variedad de tasas municipales, con algunos casos donde una refinería enfrenta hasta ocho tipos diferentes según la jurisdicción. Expuso que la eliminación de impuestos distorsivos no tiene por objetivo incrementar las ganancias empresariales, sino reducir los precios que paga el cliente y mejorar la competitividad. Solicitó, además, un sistema más simplificado, con aplicación razonable de tasas y visión integral de la problemática.

Desde el rubro industrial, Claudio Rodríguez, socio director de Sinteplast y director en IDEA, comparó la situación tributaria de Argentina con la de Uruguay, Paraguay y Chile. Para Rodríguez, si no existieran diferencias fiscales, el precio de los productos sería casi igual en esos mercados. La divergencia aparece por la carga de impuestos, que repercute en el consumo, el empleo y la recaudación potencial. Consideró fundamental una reducción del gasto público y mayor eficiencia estatal, además de combatir la evasión, para recomponer el equilibrio.

Martín Ticinese, presidente de Cervecería y Maltería Quilmes, consideró que la Argentina “está en un momento de transición” donde la presión fiscal ronda los 28 puntos sobre el PBI. Observó que la obligación recae esencialmente sobre el sector formal y advirtió que los consumidores suelen priorizar precios, incluso cuando eso los lleva a elegir productos informales. “¿Quién no cambia una marca de auto por 10 o 12 puntos de diferencia?”, planteó. La falta de competitividad influye tanto en la oferta local como en la exportadora, con impactos directos sobre la generación de divisas. Ticinese propuso que la industria forme parte de la estrategia de desarrollo nacional.

La mirada del sector social llegó de la mano de Matías Olivera Vila, presidente de la ONG Lógica, quien presentó los avances y retos del Proyecto de Régimen de Transparencia Fiscal. Bajo la consigna “Juego limpio”, Olivera Vila describió tres causas principales del problema: la voracidad fiscal del sector político, la tolerancia del poder judicial y la desconexión fiscal de la ciudadanía. “Tenemos un régimen que nos oculta sistemáticamente los impuestos”, expresó.

Explicó que, aunque la ley de Transparencia Fiscal ya rige, la adhesión de las provincias es todavía limitada. Mendoza y Chubut la aplican, mientras que tres jurisdicciones están en proceso (entre ellas, CABA) y diecinueve, en desacuerdo. Olivera Vila remarcó el papel de la sociedad civil para llevar el debate fiscal fuera del ámbito estrictamente político y convertirlo en una “cuestión ciudadana”. Señaló que el compromiso del tercer sector puede ser clave para impulsar mayor transparencia y control social sobre la recaudación y el gasto.

A lo largo del panel, ejecutivos y especialistas remarcaron la urgencia de revisar el esquema fiscal, promover la simplificación y redoblar los esfuerzos dirigidos a la formalización del mercado de trabajo y de bienes. Con experiencias y cifras, cada uno recordó que la transformación del régimen impositivo es central tanto para la recuperación de la competitividad como para el crecimiento a largo plazo.