La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) presentó un escrito como amicus curiae ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, con motivo del litigio por el 51% del control estatal de YPF S.A. El documento subrayó el “respaldo irrestricto a la República Argentina” y advirtió sobre los riesgos que, según consideró, podría acarrear el cumplimiento de la decisión judicial que ordena transferir a acreedores privados la mayoría accionaria de la petrolera.
En su presentación, AmCham basó su intervención en tres ejes principales: la defensa de la soberanía y el Estado de derecho, el impacto sobre la estabilidad macroeconómica y el efecto en las relaciones comerciales bilaterales entre Argentina y Estados Unidos. El texto indicó que el fallo en cuestión fuerza a la República Argentina a violar su propia legislación interna, especialmente la Ley 26.741 que prohíbe ceder el control de YPF sin la aprobación de dos tercios del Congreso de la Nación.
El argumento central refirió a la vulneración de la soberanía nacional, ya que la sentencia exige modificar o quebrantar una disposición aprobada por el Congreso. La presentación remarcó que las consecuencias alcanzan a los funcionarios públicos, quienes podrían enfrentar sanciones penales en territorio argentino si cumplen una orden extranjera que contraría las leyes locales.
El documento enfatizó que la medida castiga las bases del Estado de derecho y las condiciones de previsibilidad que exigen los inversores internacionales. Mencionó que el golpe a la seguridad jurídica podría producir desequilibrios macroeconómicos e inhibir nuevas inversiones, en línea con el daño que apreciaron los referentes de AmCham para empresas de capital estadounidense, y que también podría extenderse a compañías argentinas que operan en ambos países.
En el plano económico, el escrito de AmCham recordó que YPF genera más del 1,5% del Producto Bruto Interno, lidera la exportación de petróleo y produce seis de cada diez litros de combustible consumidos en el mercado nacional. De acuerdo al texto, una transferencia forzada del control accionario pondría en riesgo el cumplimiento de contratos, habilitaría eventuales procesos de default y comprometería el proceso de recuperación de la economía argentina. El escrito advirtió que la sentencia desatendió los esfuerzos desarrollados por la propia administración de Estados Unidos, que durante 2024 y 2025 envió señales públicas en favor de la estabilización financiera de la Argentina.
El fallo también generó preocupación en torno al marco de comercio bilateral, por sentar un precedente insólito con la reinterpretación de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA), al permitir la ejecución de activos estatales ubicados fuera del territorio estadounidense. El texto indicó que esta perspectiva abre incertidumbres jurídico-legales para firmas argentinas que tienen operaciones en Estados Unidos y también para capitales estadounidenses con inversiones en Argentina. Según la argumentación incluida en el escrito de AmCham, la sentencia podría debilitar el marco de confianza mutua que por más de un siglo sostuvo la cámara y desalentar la inversión y el comercio bilateral.
Decena de apoyos internacionales
Por otra parte, la Procuración del Tesoro de la Nación difundió un comunicado en el que detalló el apoyo de una docena de gobiernos y entidades internacionales en esta causa, como parte de la estrategia de defensa argentina en la etapa de apelación, tal como anticipó Infobae. Según el parte de prensa, el subprocurador Juan Ignacio Stampalijá valoró el “apoyo internacional sumamente contundente en favor de la posición del país”, conseguido mediante la labor conjunta de la Procuración, la Cancillería y áreas técnicas del gobierno nacional.
Entre las presentaciones de amicus curiae y cartas diplomáticas se encuentran los gobiernos de Estados Unidos, Israel, Italia, Francia, Ecuador, Uruguay, Chile, Ucrania y Rumania. A estas expresiones se sumaron pronunciamientos de la American Bankers Association, el Bank Policy Institute y la propia Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, tanto en términos jurídicos como diplomáticos.
El comunicado oficial indicó que el gobierno de Estados Unidos repitió por tercera vez en el año su apoyo a la República Argentina. La administración presentó un amicus curiae firmado por el Departamento de Justicia, donde alertó que la doctrina esbozada por la jueza Loretta Preska, que niega la inmunidad de ejecución sobre activos soberanos extraterritoriales, va contra el derecho estadounidense y las prácticas del derecho internacional consuetudinario.
Israel presentó por primera vez un amicus curiae en un litigio de estas características. La Procuración del Tesoro puntualizó que el conjunto de apoyos internacionales apunta a destacar la importancia estratégica de la causa y la institucionalidad para la comunidad global. Francia formalizó su acompañamiento a través de una carta diplomática remitida por su representación en la capital argentina.
La audiencia de apelación en la que se definirá la validez de la sentencia de fondo quedó fijada para el 29 de octubre. El fallo actualmente obliga a la República Argentina a cubrir una suma de US$ 16.000 millones más intereses, como resultado de la controversia en torno a la expropiación de acciones de YPF. De acuerdo a la Procuración, el gobierno confía en la solidez de sus argumentos y anticipó que continuará ejerciendo su derecho de defensa por vías procesales, diplomáticas y políticas, con el objetivo de proteger sus derechos patrimoniales y los intereses estratégicos.
La causa sobre YPF, que inició su capítulo judicial con la sentencia dictada en los tribunales del Distrito Sur de Nueva York, escaló a la instancia de apelación ante el Segundo Circuito a partir del planteo oficial del Estado argentino. El fallo apelado ordena, además del traspaso de acciones, el pago de una suma multimillonaria que representa uno de los desafíos jurídicos y económicos de mayor impacto para el país en la última década.
El documento de la Procuración del Tesoro remarcó que la administración argentina continuará desplegando todos los recursos disponibles para resguardar tanto los activos estratégicos como las potestades internas de decisión política.
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