
La Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación declaró en situación de crisis a la Obra Social del Personal de la Actividad Azucarera Tucumana y a la Obra Social de los Conductores de Taxis de Córdoba. Esta decisión se difundió a través de las resoluciones Nº 1755/2025 y Nº 1767/2025, respectivamente, y se integra a un proceso de reordenamiento del sistema sanitario impulsado por el Ministerio de Salud. Ambas entidades incumplieron requisitos contables, exhibieron falencias administrativas y superaron los factores de criticidad que fija la normativa vigente.
Según se estableció oficialmente, los agentes del seguro presentaron irregularidades en balances y estados contables, deficiencias en gestión institucional y limitaciones en la capacidad económico-financiera. Esta situación determinó que la Superintendencia considerara la aplicación de medidas excepcionales.
Las resoluciones ordenaron que, en un plazo máximo de 15 días, cada obra social presente un plan de contingencia. Este plan debe contener medidas correctivas y metas trimestrales para revertir la situación de crisis. El monitoreo estará a cargo del Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis y Liquidación de Agentes del Seguro, encargado de fiscalizar el cumplimiento de los objetivos.

Con estas dos incorporaciones, ya suman 14 las obras sociales declaradas en crisis en la actualidad, informó la Superintendencia mediante un comunicado. Además, la entidad inició siete procedimientos de baja y mantiene a otras ocho entidades bajo intervención. La medida tiene un fundamento estructural: garantizar que los agentes en funcionamiento puedan sostener prestaciones de calidad y promover gestión transparente, dijo el parte de prensa.
Este proceso de supervisión y saneamiento no se limita sólo a Tucumán y Córdoba. El Gobierno extendió las intervenciones a entidades de diferentes ramas y localizaciones. Por ejemplo, recientemente declaró en situación de crisis a la Obra Social del Personal de los Hipódromos de Buenos Aires y San Isidro y a la Obra Social del Personal Mensualizado del Jockey Club de Buenos Aires y los Hipódromos de Palermo y San Isidro, de acuerdo a las resoluciones 1643/2025 y 1644/2025. Ambas entidades “superaron los factores de criticidad” fijados para el funcionamiento de agentes con responsabilidad en la seguridad social y la salud, principalmente en aspectos prestacionales, institucionales y económicos.
El Comité de Evaluación y Seguimiento de Crisis y Liquidación, organismo designado desde la Superintendencia de Servicios de Salud, será responsable de controlar la evolución de estos planes de contingencia, con el objetivo de lograr que las organizaciones recuperen su capacidad operativa y sostenibilidad financiera. El seguimiento de la situación no sólo se centra en la presentación formal de documentos, sino también en indicadores económico-financieros, capacidad de repago y el grado de dependencia de subsidios estatales.
Durante las últimas semanas, la autoridad sanitaria sumó otras determinaciones orientadas al control y la depuración del sector. Por ejemplo, la Obra Social Asociación Mutual Metalúrgica Villa Constitución también ingresó en procedimiento de crisis, con la obligación de presentar un plan con metas trimestrales para su recuperación.
Desde la Superintendencia, bajo la dirección de lineamientos ministeriales, se reiteró que la política general es robustecer los mecanismos de fiscalización y supervisión, y garantizar el acceso efectivo de la población a prestaciones sanitarias. “La gestión de la S.S. Salud tiene como principal objetivo fortalecer el rol fiscalizador del organismo para así garantizar un sistema de salud sustentable que permita el acceso a prestaciones de salud de calidad para la población”, habia planteado la entidad recientemente.
El marco de intervenciones y sanciones no se agota en la declaración de crisis. Durante la actual administración se dispuso el cierre y la disolución de la Obra Social del Personal de la Industria Botonera (OSPIB), una de las entidades afectadas por una crisis estructural y financiera que apenas contaba con 50 afiliados. Según trascendió, no pudo superar los factores de criticidad requeridos para funcionar. Además, se eliminó del Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud (RNAS) a la Obra Social del Personal Aduanero (OSPAD) por la detección de irregularidades administrativas, medida que alcanzó a una entidad sin afiliados ni prestaciones activas.
Hasta el momento, otras entidades bajo proceso de crisis incluyen a:
- Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo, Encendido y Afines (OFPIF)
- Obra Social del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas
- Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de Entre Ríos (Osapm Entre Ríos)
- Obra Social de Técnicos de Fútbol (Ostecf)
- Obra Social de Volkswagen Argentina
- Obra Social de Fedecámaras (Osf)
- Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba
- Obra Social de Peones de Taxis de Rosario
- Obra Social de Seguridad Comercial, Industrial e Investigaciones Privadas
- Obra Social del Personal de Prensa de Mendoza
- Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio Ledesma.
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